El Riito, en grave contaminación por la descarga de aguas residuales
*Los habitantes han vivido alrededor del arroyo durante rangos de entre 13 y 23 años de residencia. Esto, demostró que el espacio y el tiempo de residencia influyen en la percepción de los pobladores sobre la contaminación; también la falta de participación y desvinculación institucional para remediar el problema en dicha microcuenca.
A través de un estudio, los investigadores María Eugenia González Ávila, Juana Isabel Vera López y Sergio Hernández Solorzano* analizaron la percepción ambiental de la contaminación del arroyo urbano El Riito, localizado en Tonalá, Chiapas. Así como, la problemática entre dos comunidades que viven en torno a él.
La zona de estudio se ubica en dicha microcuenca, al suroeste de Chiapas: en Tonalá. Este, cuenta con 54 aprovechamientos superficiales, 53 subterráneos y cuatro permisos de descarga de aguas residuales: con un volumen promedio de descarga anual de 450 mil 934.18 metros cúbicos (m3), de las cuales desconocen su calidad, según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
Cabe indicar que desde 2007, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS) reconoció el grave problema de contaminación que sufrían los arroyos El Riito y El Borbollón, debido a la descarga de aguas residuales directas que vierte a lo largo de su trayectoria la población de Tonalá y que desembocan en la laguna del Mar Muerto.
Tal hecho llevó a la CEAS a la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la parte baja de la localidad. Sin embargo, hasta hoy, el problema de contaminación del arroyo no se ha resuelto.
En ese sentido, la investigación aporta tres cosas. En primera, es el estudio de la percepción del entorno, al ser la microcuenca un área poco estudiada. Así mismo, evidenciaron que la población de las localidades de Tonalá y Paredón, asentadas cerca del arroyo, tienden a percibir más la contaminación del cuerpo de agua y los cambios en el entorno.
Sin embargo, González Ávila, Vera López y Hernández Solorzano enfatizaron que la gente no sabe con exactitud cuáles son los entes gubernamentales encargados del saneamiento. Así pues, una segunda aportación de su investigación es la propuesta del concepto de arroyo urbano aplicado a El Riito.
Indicaron que aunque que el arroyo es competencia de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), consideran oportuno el desarrollo de dicho concepto y la regulación del afluente, puesto que son limitadas las gestiones que llevan a mejorar la calidad de sus aguas y la minimización de los impactos ambientales de las descargas de aguas residuales, sobre todo, de los efectos en la salud de la gente que habita cerca de la extensión de agua.
Además, subrayaron que la desvinculación entre la población y la autoridad, limita las acciones futuras para depurar el cuerpo de agua, evitar descargas de aguas residuales y de otros en el cauce del arroyo, así como acciones de educación ambiental en pro de una microcuenca sana.
Lo anterior, dijeron que se consigue a través de regulaciones legales de responsabilidad por daño ambiental causado por ciudadanos y el municipio, mediante la aplicación de sanciones correspondientes a nivel de manzanas, porque el Área Geoestadístico Básico (AGEB) permite identificar quiénes descargan aguas residuales en el arroyo, con lo que es posible aplicar el principio de “el que contamina paga”.
Aunado a ello, estarían las normatividades que deberían cumplir las empresas que se dicen social y ambientalmente responsables. A fin de disminuir el impacto ambiental de dichas descargas y las enfermedades de las poblaciones adyacentes a su cauce.
Esto puede verse apoyado con un monitoreo comunitario-participativo de la calidad del agua que permita que la gente tenga voz en temas de contaminación. De esta manera se facilitarían las gestiones estatales y municipales, agregaron los investigadores.
La tercera aportación, es el uso de la herramienta de las AGEB que, por ser unidades geográficas a una escala pequeña, permiten el uso de la información que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y también aumentar la calidad de vida de los pobladores que tienen hogares conectados al sistema de drenaje, según el número de personas que habita por vivienda.
En términos generales, expusieron que las AGEB auxilian a la autoridad local del agua con la detección de descargas irregulares y de aquellas casas que se ubican en torno del arroyo El Riito y que tienen problemas en su drenaje.
Esto último, agregaron que permitiría a la autoridad municipal y al organismo operador del agua, desarrollar un plan de infraestructura de alcantarillado por nivel de prioridad, al tiempo que se brindaría información a la población sobre las acciones correctivas que pudieran minimizar el problema de la contaminación en el arroyo.
Otro punto importante que se ha verificado es el nexo entre el aspecto espacial y temporal de las poblaciones que viven en las AGEB aledañas al arroyo urbano: las personas encuestadas cuyo tiempo de residencia es mayor detectan y describen el problema de la contaminación hídrica y están dispuestas a participar en acciones colectivas para solucionarlo, detallaron los especialistas.
El tiempo de vida en la zona, también las lleva a percatarse de la debilidad y la mala gestión de las autoridades locales para atender el problema y del riesgo para el ambiente y la salud humana.
*Investigadores:
González Ávila, investigadora del Colegio de la Frontera Norte.
Vera López, investigadora del Colegio de la Frontera Norte.
Hernández Solorzano, consultor independiente.
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