Histórica la insuficiencia presupuestaria gubernamental hacia la prevención de la violencia de las mujeres en Chiapas: investigadora

El PAIMEF, realiza diversos talleres y terapias para las mujeres violentadas, sin embargo, las actividades implementadas no tienen un impacto positivo en la prevención de la violencia, pues diversos factores hacen que las iniciativas no tengan éxito. Cortesía: Gobierno de México.

*De acuerdo a la investigación realizada por Inés Castro Apreza, señala que, en la entidad, los programas dirigidos hacia la eliminación de la Violencia contra las Mujeres no están armonizados con las leyes locales, lo cual obstaculiza sus funciones.

Chiapas cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género emitida en 2016 para 7 municipios de la entidad: Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, sin embargo, el programa Estatal de Alerta de Género está estipulado para implementarse en todo el estado, con la finalidad de prevenir todas aquellas acciones que atenten contra la integridad de las mujeres chiapanecas.

El objetivo principal de dicha Alerta, de acuerdo al Gobierno del Estado, es establecer las medidas inmediatas y urgentes para atender la problemática en estos municipios y que de manera progresiva se elaboren los protocolos de actuación, se implementen recursos y se capacite a los servidores públicos que se intervengan en su aplicación.

Para Inés Castro Apreza, investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), en Chiapas, como cualquier otro de los países centroamericanos, la atención hacia las mujeres en situación de violencia fue una labor iniciada, principalmente, por organizaciones no gubernamentales que, en el contexto local, nacieron en los años noventa, fruto de la iniciativa de mujeres coletas y tuxtlecas, además del apoyo de la sociedad civil de otros estados de la república.

“Si bien este escenario de 1989-1991 fue el contexto en el que se empezó a reflexionar sobre el cuerpo y la violencia sexual, así como trabajar con mujeres víctimas de abuso, en particular, insisto, el propio Grupo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), pasarían varios años antes de que el Estado tomara en sus manos esta labor” señala Castro Apreza, en una investigación realizada acerca del funcionamiento del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).

El PAIMEF es un Programa del Gobierno Federal operado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), cuyo objetivo es orientar sobre la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, sus hijas, e hijos y personas allegadas, trabaja con grupos específicos de población, como personas jóvenes, hombres, mujeres en condiciones de especial vulnerabilidad, a través de pláticas, talleres y diversas actividades lúdicas y capacitación al funcionariado público.

Si bien, tal como añade Castro Apreza en su investigación, en México, la política institucional de género fue impulsada a partir del año 2000, sin embargo, esta comenzó a gestarse desde 1993, con la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Con respecto a Chiapas, destaca la creación del Instituto Estatal de la Mujer (IEM) en 2001, actualmente Secretaría para el Empoderamiento de la Mujer en Chiapas (SEDEM).

Además de la promulgación de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas en el año 2007 y de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Chiapas, la cual entró en vigor en 2009 y, por último, la creación del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en 2011, así como la ejecución de acciones y programas específicos.

En Chiapas, un elemento favorable para todo lo anterior ha sido el trabajo de incidencia política de mujeres que ubico en la vertiente del feminismo institucional, es decir, aquellas que buscan incidir en las políticas públicas e instancias gubernamentales, cuyo número posiblemente haya crecido en los últimos años. Sin embargo, debido a la falta de la armonización entre estas leyes con los códigos locales supone limitaciones significativas en la defensa de las víctimas de violencia.

“En el periodo 2011-2012, los Institutos Estatales de las Mujeres en la república mexicana se dieron a la tarea de elaborar modelos locales de atención a mujeres en situación de violencia, para lo cual se retomaron los ya existentes a nivel general. En efecto, para ese momento se contaba con modelos de política pública para atender a mujeres víctimas de violencia de género -como se la ha preferido llamar en México-, y, si bien hay diferencias entre ellos, algunos son relevantes para el caso de Chiapas” añade la investigadora.

Castro Apreza destaca que el PAIMEF en Chiapas, se centraba, en aquel momento, en la atención. El trabajo con perspectiva de género que desarrollan las profesionales en la atención a mujeres víctimas de violencia intenta ofrecer, de diversas maneras y en niveles bastante diferenciados, aquella visión holística del problema, algo que depende mucho de sus propias habilidades y capacidades, tanto como de las acciones realizadas por las instituciones gubernamentales.

Más allá de las habilidades individuales y del grado en que se apropiaban de la perspectiva de género, en el PAIMEF en Chiapas se busca contar con una infraestructura adecuada y segura, así como acompañar al personal involucrado en la atención con programas terapéuticos de contención (las constelaciones familiares, en este caso). Todo lo cual indicaría la calidad en la atención a las mujeres, entendida como calidad técnica y calidad humana.

“Si una de las limitaciones más importantes del Instituto Estatal de las Mujeres de Chiapas fue, desde el inicio, su bajo presupuesto, en el caso del PAIMEF cuenta con recursos federales, con lo cual el aspecto financiero no constituye tanto problema, si bien el largo trámite administrativo por el que pasan los recursos antes de poder disponer de ellos ocasiona que el personal no pueda recibir su salario hasta mediados de cada año” destaca en su trabajo.

Además, comenta que, un insuficiente presupuesto gubernamental orientado a mujeres, sumado a dinámicas institucionales burocratizadas que alejan de continuo a mujeres con formación en género involucradas directa o indirectamente en las estructuras gubernamentales, son factores que debilitan las políticas de transversalización de género.

Las políticas públicas aplicadas a la realización de las actividades del PAIMEF y de otros programas orientados hacia las mujeres no prosperan como debería, puesto que, con cada administración que pasa, las unidades son movidas de domicilio. Cortesía: Redalyc/Inés Castro Apreza.

En el caso del PAIMEF, las limitaciones materiales se evidencian también de otra manera. La lucha por los espacios ha sido sin duda la más fuerte de las problemáticas enfrentadas en los últimos tiempos, ya que las unidades son cambiadas de un domicilio a otro por las administraciones municipales.

A la débil vinculación institucional «desde arriba», a nivel estatal, que impacta negativamente en la mayoría de las unidades del PAIMEF, en las ubicadas en territorio indígena se suman dos elementos que afectan la atención a mujeres en situación de violencia: las concepciones y prácticas en los Juzgados de Paz, pero también el desconocimiento de los idiomas originarios por parte de las profesionales.

“El otro elemento a considerar en la atención a mujeres en situación de violencia en las unidades de Altamirano, Huixtán, Oxchuc y Tenejapa es la práctica de los Juzgados de Paz y Conciliación. Dichas instancias operan desde finales de los años noventa del siglo pasado y fueron creadas por iniciativa del gobierno estatal en turno. Antes de las modificaciones legales ya funcionaban los juzgados municipales, donde se supone se practicaban mecanismos tradicionales; de particular mención está la «conciliación» que se sigue practicando en los Juzgados de Paz” indica Castro Apreza.

En las comunidades indígenas se cuenta con mayores obstáculos para la atención de las víctimas de violencia, pues la falta de personal hablante de lenguas indígenas aunado a la influencia de los usos y costumbres de las comunidades entorpecen las labores del Programa. Cortesía: Redalyc/Inés Castro Apreza.

Los Juzgados de Paz tienen atribuciones y facultades que son prácticamente las mismas que las de los juzgados municipales (se ocupan de asuntos «menores» o, como prefiere llamarlos Anna María Garza, cotidianos), con una estructura en todo caso más estrechamente imbricada con la del poder judicial y, por tanto, con menor margen de autonomía.

Otra investigadora, Anna María Garza documentó casos llevados en los juzgados municipales que revelan en su funcionamiento relaciones de poder y reproducción de las desigualdades. El llamado «consenso» refuerza de hecho las jerarquías entre hombres y mujeres, y entre jóvenes y personas adultas. Del conjunto de 199 actas del juzgado revisadas, encontró que casi la tercera parte correspondía a disputas de pareja y en las que la mujer buscaba separarse del cónyuge: problemas de violencia doméstica, de irresponsabilidad económica, abandono, poligamia, así como desavenencias entre la pareja y otros miembros de la familia extensa.

En tales casos es frecuente que los jueces den consejos a las partes involucradas sobre lo que es una «buena» mujer, un «buen» marido y las obligaciones a cumplir por cada cual. De manera que de las mujeres se espera que cumplan con todas las tareas domésticas y obedezcan a su marido y a sus suegros; mientras tanto, al hombre se le pide que trabaje, provea a su familia de lo que necesita para vivir y respete y ayude a sus mayores.

Finalmente, dado que el modelo de atención en el PAIMEF está planteado para los dos tipos de apoyo, legal y psicológico, las profesionales insisten a las usuarias sobre la necesidad de recibir las terapias, pero no siempre tienen éxito, “pues en la terapia apenas vine dos veces y he fallado porque no me da tiempo; tengo que trabajar, tengo que llevar a mis hijos a la escuela y no he seguido. Y ahora no sé si me va a dar tiempo de seguir viniendo a la terapia» señala una usuaria de Tecpatán.