Empresarios y funcionarios, principales discriminadores de vendedores tradicionales

Vista de Catedral de San Cristóbal Mártir      Cortesía: Ivanna Valdivieso

En 2011, en la ciudad de San Cristóbal fueron desalojados más de 2800 vendedores ambulantes por el gobierno municipal con la finalidad de dar una “buena imagen de la ciudad” a promotores turísticos, en el marco de la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura.

Reynaldo Chi Aguilar, Jorge E. Horbath Corredor, Ma. Amalia Gracia y Birgit Schmook integrantes de El Colegio de San Luis A.C. (Colsan) publicaron en 2019, un estudio en el que documentan la percepción de actos discriminatorios en contra de jóvenes indígenas que se desempeñan como vendedores ambulantes en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Dado que, la venta ambulante es ilegal, el gobierno designó al área de Servicios Públicos la tarea de colocar supervisores en los espacios públicos a fin de evitar la venta ambulante.

Los investigadores contextualizan que los esfuerzos del gobierno municipal por atraer inversión y convertir a San Cristóbal en un centro turístico llevaron a que en 2003 se asumieran los lineamientos propuestos por el Programa Pueblos Mágicos; a partir de ello hubo un reordenamiento social y espacial en las principales áreas del centro histórico y se reubicaron a los vendedores ambulantes de los lugares de alta concentración de visitantes.

Por ello, afirman que se pueden observar prácticas que reproducen la discriminación, mismas que afectan en particular a jóvenes indígenas vendedores ambulantes, quienes señalan a empresarios y funcionarios del gobierno municipal como los principales agentes que influyen en la discriminación que sufren.

De igual forma, señalan que los espacios públicos urbanos son lugares donde se desarrollan las historias individuales y colectivas en las que los migrantes indígenas reescriben su historia en condiciones de desigualdad y diferenciación social, política, económica y cultural.

Vendedoras de verduras en mercado de San Cristóbal de las Casas    Cortesía: Los Polos Viajeros

Desde un análisis sociológico, los investigadores retoman a Marshall, quién define la discriminación como patrones de sometimiento y abuso, vinculados a una lucha por el poder y privilegio.

Por otra parte,  manifiestan que el “joven indígena” es alguien que desde pequeño tiene cargos y responsabilidades que lo integran a una comunidad, lo cual hace que, desde temprana edad, el menor se sienta involucrado e incluido en la práctica laboral.

Los jóvenes indígenas vendedores ambulantes según la percepción del responsable de Servicios Públicos

El responsable de Servicios Públicos en San Cristóbal expresó que los jóvenes ambulantes son individuos que se autoexcluyen, que no se integran a la sociedad, ya que sienten que esta los “rechaza” y “agrede” e incluso es una cuestión que parte de la cultura, desde la etapa de la conquista, la cual, no ha sido superada y por eso, ellos “no quieren formar parte de la población”.

Agregó además que, sólo se conceden permisos a los vendedores ambulantes que sean de una organización de muchos años, como, por ejemplo, el caso de mujeres artesanas que están organizadas; sin embargo, estos permisos son otorgados sólo en las semanas altas de turismo en la ciudad y después de eso se retiran.

Vendedores ambulantes de frituras                             Cortesía: Karina A Secas

Los jóvenes indígenas vendedores ambulantes según la percepción de las ONG

Por otro lado, el estudio revela que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) documentaron que los jóvenes indígenas experimentan en su vida cotidiana “discriminación étnica” y “violencia explícita”, pues constatan que el área de Servicios Públicos contribuye a la discriminación y violencia material (al decomisarles productos) y simbólica (cuando se desarrolla la represión), que se sintetiza en la categoría central de “discriminación institucional”.

De igual manera manifestaron que existe un ambiente de desconfianza hacia las autoridades por parte de la población indígena; por ejemplo, cuando las y los jóvenes indígenas vendedores ambulantes solicitan una demanda, las autoridades no suelen escucharlos.

Además, al no tener acceso a los derechos laborales, las ONG expresaron que los jóvenes perciben las áreas turísticas del centro histórico como ajenas a ellos lo que representa un indicador de “discriminación de acceso a los espacios”.

Los jóvenes indígenas vendedores ambulantes según la percepción de los empresarios

Aguilar, Horbath Corredor, Gracia y Schmook señalan que la justificación de los desalojos contra vendedores ambulantes por los empresarios, parte de la ocurrencia de algunos robos en los establecimientos, robos que también han sido un argumento para exigir al gobierno municipal que los indígenas sean desalojados del área turística de la ciudad.

Los empresarios citaron un caso en el que jóvenes vendedores; en específico, niños boleros, le arrebataron el celular a un comensal o pidieron entrar a sus baños  para robarles el papel y el jabón.

Sin embargo, los investigadores manifiestan que la(s) denuncia(s) por parte de los empresarios y el desalojo por parte del gobierno municipal son una muestra clara de la existencia y la generalización de “estereotipos discriminatorios” aplicados a los vendedores ambulantes porque ubican a todos como potenciales asaltantes, lo que ha llevado a mantener una desconfianza constante e “intolerancia social” hacia ellos.

Vendedoras de blusas tradicionales                                Cortesía: Max Rivas

Percepción de los jóvenes indígenas vendedores ambulantes sobre la discriminación

Las entrevistas aplicadas a los jóvenes indígenas en San Cristóbal de las Casas revelaron que en los lugares donde venden sus productos se presenta la discriminación ya sea por su apariencia, el acceso a los espacios, por la actividad laboral, la discriminación violenta y/o el lenguaje despectivo para referirse a ellos; actos ejercidos no sólo por supervisores, empresarios y funcionarios públicos sino por los mismos clientes.

Asimismo, un vendedor ambulante de 16 años expresó tener problemas con la policía porque en tres ocasiones sufrió faltas hacia su persona: fue molestado, le quitaron su dinero, lo insultaron y se burlaron de él.

Debido a las constantes prácticas discriminatorias como el “acoso por servicios públicos”, “decomiso de mercancía”, “extorsión policial”, “bloqueo al acceso de espacios”, constante violencia y tensión; los vendedores expresaron que se ven obligados a  buscar estrategias —como entrar a vender en tiendas, bares y restaurantes—, mismas que crean nuevas situaciones negativas (pues los dueños de los negocios consideran estas prácticas como intromisiones que perjudican sus ingresos).

Por otra parte, consideran que ganarse la vida de esa forma no debería implicar problema alguno, y por el contrario, el gobierno municipal y la policía deberían llegar a un acuerdo con ellos para que puedan ejercer sus labores; pues para ellos es la única forma de generar ingresos para el gasto familiar.

Conforme a lo anterior, Aguilar, Horbath Corredor, Gracia y Schmook revelan que hay un incumplimiento estatal latente al no garantizar los derechos sociales de las y los jóvenes indígenas en las ciudades, por lo que es necesario que se generen garantías efectivas de inclusión a la vida urbana, tanto a la educación y al trabajo como a los diversos espacios de reconocimiento social.