Presentan libro acerca de la filosofía comunicativa de pueblos en resistencia

Comunicadores indígenas presentes en el Festival Gabo. Cortesía: Sudamérica rural.

*La comunicación debe ser considerada una herramienta estratégica al servicio de los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes lo que les fortalecerá y garantizará su protagonismo en la lucha por sus derechos y por ser verdaderos sujetos políticos, declararon investigadores e investigadoras.

Por Redacción Alma Martínez

Investigadoras e investigadores de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI) y del Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur (PVIFS) presentaron el libro “La situación del derecho a la comunicación, con énfasis en las y los comunicadores indígenas y afrodescendientes de América Latina”, en el que visibilizan la situación de la comunicación indígena en el plano internacional, nacional y local.

Mariano Estrada, coordinador general de CLACPI explicó que el libro busca visibilizar como viven y llevan a cabo su quehacer las y los comunicadores indígenas y afrodescendientes de América Latina, poner al alcance conocimientos de instrumentos legales tanto nacionales como internacionales, así como estadísticas e información derivada desde las mismas comunidades, y abonar al fortalecimiento y protección del derecho a la comunicación.

Mencionó que la obra esta dividida en tres momentos, primero analiza la forma en la que los pueblos comprenden la comunicación, en especial la ancestral indígena frente a las concepciones modernas.

Posterior a ello, revisa algunos convenios relativos al derecho a la libre expresión, el derecho a la comunicación y a la información, por último, da cuenta de las violaciones a los derechos de las y los comunicadores indígenas y afrodecendientes.

Por su parte, Jesús González Pazos, integrante de la organización Mugarik Gabe, mencionó que hay un vacío respecto al estado real de la comunicación indígena y afrodescendiente en América Latina, pues los datos existentes están dispersos y los que no se debe a la gestión de diversas organizaciones indígenas.

Puntualizó que existen informes sobre la comunicación, pero son hechos por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, en escasas ocasiones toman en cuenta a comunicadores indígenas. De ahí la relevancia del libro, porque es de los pocos textos a nivel continental que se centra en dicha problemática y que da un amplio recorrido por diversas realidades en los distintos países de América Latina.

Xochitl Leyva, integrante de PVIFS-CLACPI destacó que durante la recopilación de la información observaron que las y los comunicadores indígenas no definen a la comunicación como una serie individual sino como parte de pueblos en resistencia y en movimiento, es decir, la sitúan histórica y cultural en sistemas más amplios y en luchas de más de 500 años.

Sus concepciones de comunicación privilegian la oralidad, evocan emociones, vivencias y prácticas personales y colectivas en las que la comunicación se entreteje con la resistencia y la lucha. La comunicación para ellas y ellos forma parte de su vida de una manera integradora.

En tanto, Axel Köhler, integrante de PVIFS-CLACPI explicó que las y los comunicadores indígenas forman parte de pueblos en resistencia frente a los proyectos capitalistas y neoliberales que ocupan o amenazan sus territorios. Además, están haciendo su trabajo en medio del horror de la violencia y de una guerra no reconocida.

Afirmó que, de acuerdo con la investigación, existe una relación resistente entre el derecho a la comunicación propia, el derecho al territorio y el derecho a la libre determinación de los pueblos.

Narró como los Acuerdos de San Andrés firmados por el Gobierno de México y Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 16 de febrero de 1996, son los primeros sobre derechos indígenas en México, sin embargo, quedaron incumplidos, en particular el derecho a poseer medios propios de comunicación para difundir y fortalecer sus culturas.

Köhler expuso que las reformas constitucionales en materia indígena de 2001, redujeron a las comunidades indígenas a entidades de interés público en vez de reconocerlas como sujetos de derecho.

Así en el 2006, se aprobaron modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, que se concentraron a favor de Televisa y Tv Azteca, ambas empresas poseían en aquel entonces el 95% de las concesiones televisivas del país.

Agregó que es hasta el 2014, con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al fin se reconoció a las radios comunitarias e indígenas y les reservó en teoría el 10% de la banda de radiodifusión sonora.

Las mujeres en las radios comunitarias

Sin embargo, el artículo 89 puso candados a una posible competencia a los medios comerciales por lo que restringe la sobrevivencia digna del medio comunitario.

Mientras que el artículo 90, condiciona el otorgamiento de las concesiones y no facilita el acceso a ellas, entonces demuestra cierta apertura institucional, siguen los ataques y hostigamientos a estas radios y la criminalización de las consideradas piratas.

En el libro, las y los autores detallaron que la filosofía comunicativa de prensa comunitaria radica en que las y los protagonistas de los procesos sociales y políticos participen también en primera fila en los medios y la comunicación.

En cuanto a los ataques que sufre la prensa comunitaria desde sus inicios, informaron que siguen un patrón que tiende a repetirse. Los ataques comienzan, con rumores y la difamación de las personas comunicadoras en las propias comunidades; le siguen señalamientos que difunden grupos afines a las empresas extractivas, incluso grupos paramilitares, los cuales cuentan con sus propios medios de comunicación.

En la siguiente fase pasan a acusaciones más graves de robo, secuestro o formar parte de una organización delictiva, estas pueden conllevar a la apertura de procesos judiciales acompañados de órdenes de captura y encarcelamientos preventivos.

El último nivel, el más grave, corresponde al asesinato de comunicadores, que en la mayoría de los casos se esconde tras aparentes actos de delincuencia común.

Añadieron que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en México las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos indígenas ocurren en dos áreas en especial: en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales, autorizados sin debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado, y en el marco de la reivindicación de sus tierras y faltas al debido proceso penal.

La situación de violencia en el país es generalizada, pero implica directamente a las y los comunicadores comunitarios, activistas, defensores del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas, pues son quienes difunden denuncias e informaciones sobre su lucha, pero además ponen sus cuerpos y arriesgan su vida e integridad física, mental y espiritual, señalaron las y los autores.

Asimismo, Bashe Charole, participante de la Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación (CIC) declaró que en Argentina los medios de comunicación indígenas están en peligro son perseguidos por el solo hecho de decir lo que piensan, difundir lo que sucede en sus comunidades y hablar de temas que incomoda a las elites.

Mujeres indígenas y afrodescendientes crean agencia informativa. Cortesía: Alianza De Mujeres Indígenas

Además, son las comunicadoras las que se encuentran en mayor peligro, por ser mujeres, hacer comunicación y ser blancos de agresiones sexuales, amenazas de muerte y demás.

David Hernández, colaborador de la Muestra Internacional de Cine Indígena de Venezuela (MICIV) dijo que las y los indígenas y afrodescendientes no quieren dar declaraciones a medios de comunicación que usan la realidad indígena para perjudicar la posibilidad de seguir criticando o entablando diálogos, pues la comunicación para ellas y ellos es una herramienta para ser visibles, para decir que están vivas y vivos, y que están presentes.

A través de la cámara y el teléfono dicen miren lo que estoy diciendo, escuchen la verdad, no solo son quejas también tenemos propuestas. Y todos los seres vivos tienen el derecho de que su historia sea contada, indicó Hernández.

Concluyeron en que la violación al derecho a la comunicación tiene que ver con la persecución, criminalización y represión a cargo de las elites políticas y económicas, que solo defienden sus propios intereses y beneficios en el marco de un sistema dominante injusto, así como la condición histórica a la que han sido relegados los pueblos indígenas y afrodescendientes.

La obra fue realizada por PVIFS en coordinación con integrantes de CLACPI localizados en Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, del 15 de diciembre de 2017 al 15 de abril de 2020.