La otra liberación sexual

Foto: Francisco López Velásquez/Chiapas PARALELO.

Dos días antes de que yo me mudara al Distrito Federal, mi padre entró al cuarto para pedirme que dejara lo que estuviera haciendo en ese momento y prestara mucha atención. A la luz de mi viaje, tenía bastante claro que había llegado la hora de tener esa conversación. Papá estaba convencido de que en el DF mi vida podía desbarrancarse y, de hecho, era muy probable que se desbarrancara. Quería, con la comprimida historia de sus propios excesos, advertirme que la libertad con frecuencia se convierte en libertinaje. Me habría encantado decirle que sus consejos eran, por decir lo menos, tardíos. En cambio llamó mi atención que imaginara la liberalidad propia de la capital del país como un torbellino de degradación que me absorbería en cualquier momento. Supongo que pensaba que detrás de cada parada de camión habría un hombre en gabardina que no dudaría en invitarte a una orgía u ofrecerte éxtasis, para convencerte después de ir a una orgía. Le gustaba la palabra «orgía»: la trajo a colación cuatro o cinco veces.

La escena me viene a la mente mientras hablo con Flor de Anda, una joven lesbiana que decidió mudarse de Campeche al DF el mismo año en que yo lo hice. Hoy, cuatro años después, celebra su cumpleaños pero también un año más de su mudanza. Sus amigas han traído pastel, papas y cervezas. Los vecinos podrían confirmar la teoría de mi padre: cinco mujeres y un hombre celebran a altas horas de la noche, pero, una vez que has advertido que eres el único heterosexual en la sala, es posible reconocer que esa escena de una cotidianidad casi inocente habla más de la liberalidad que cualquier orgía.

Foto: Francisco López Velásquez/ Chiapas PARALELO.

A diferencia de lo que sucedió conmigo, Flor no recibió consejos familiares cuando avisó que se iría de su casa. Se suponía que sus razones eran meramente profesionales: encontrar un empleo mejor pagado, salir de la dañina inercia que suponen los trabajos gubernamentales. Para algunos de sus compañeros, la decisión había sido incomprensible: ¡estaba a punto de obtener una plaza estatal! Lo que ellos veían como un logro a Flor le parecía un síntoma de estancamiento. «Siempre he dicho que fue como un aviso de que el cemento de los pies estaba a punto de secarse y que tenía que salir corriendo». Paradójicamente su viaje tuvo un trasfondo más sexual del que habría admitido en un principio. «En ese momento quería convencerme de que el tema profesional era lo importante, para no reconocer lo que a todas luces era cobardía.» Flor no quería enfrentar el clima represivo de Campeche, un ambiente social que si bien no toleraba las agresiones hacia homosexuales parecía recalcar que ese era el único derecho que iba a concederles.

Para comprender de qué estaba huyendo habría que decir que Campeche es una ciudad muy conservadora con respecto a las orientaciones sexuales, al grado de que todavía hasta hace unos años llamaba oficialmente a su reina del carnaval gay, «reina de eventos especiales», un título carente de sentido. Pero algo más: se trata de un bastión conservador de menos de 250 mil habitantes, lo que significa que, si vas al parque principal y reúnes a un grupo de veinte personas al azar, doce van a estar en contra del matrimonio gay y al menos trece serán o parientes o excompañeros de la escuela o alguien encantado de iniciar un rumor en el edificio donde trabajas. Así las cosas, el clima no es solo tradicionalista: es profundamente invasivo.

Foto: Francisco López Velásquez/ Chiapas PARALELO.

Se trata de un mal que comparte toda la península y que define eso que entendemos por «provincianismo». Enrique Torre Molina, consultor especializado en temas LGBT, me cuenta el tipo de conversaciones que acostumbra tener cuando alguien en el Distrito Federal descubre su lugar de origen:

—¿Eres de Mérida? Tengo un amigo en Mérida. Tal vez lo conoces.

—Tampoco nos conocemos todos.

—Se llama X.

—Mmm. Sí lo conozco.

(Aunque a veces sucede que el interlocutor se interesa menos por su ciudad natal y más por su orientación sexual.

—Oye, tengo un nuevo amigo. Es gay. Tal vez lo conoces.

—O sea, no todos los gays se conocen.

—Se llama X.

—Bueno, sí. Sí lo conozco.)

¿Habría —me pregunté cuando escuché la anécdota— una relación entre esa dinámica en la que yucatecos o campechanos parecemos conocernos y la férrea resistencia de nuestras sociedades a aceptar los derechos de la comunidad LGBT? En primer lugar no es extraño que en lugares tan pequeños y tradicionalistas, los chismes tengan que ver en su mayoría con las prácticas íntimas, las orientaciones sexuales y las dobles vidas. Una enorme carga homofóbica debe estar bajo la superficie cuando todavía se acude al rumor de la homosexualidad para cimbrar una carrera política. Y un clima, al mismo tiempo condescendiente y antigay, debe dominar cuando nuestros estados no repudian explícitamente las uniones entre homosexuales pero les ponen más trabas que si uno solicitara el permiso para destruir una reserva ecológica en aras de edificar un hotel.

Foto: Francisco López Velásquez/ Chiapas PARALELO.

«Hay muchos políticos en Yucatán de alto rango que son homosexuales, pero que no toman partido por el matrimonio gay porque no quieren asumir el costo político», afirma el abogado Carlos Escoffié, integrante de la asociación civil Indignación, que promovió una acción por omisión legislativa contra el congreso yucateco por negarse a legislar en materia de matrimonio igualitario. Escoffié considera que, a las fuerzas de la religión y el moralismo, el rechazo peninsular debe explicarse también desde el regionalismo. Se trata de sociedades que entienden la apertura sexual como una claudicación a sus propias tradiciones y que se sienten todo el tiempo amenazadas por los fuereños, incluso si se trata de vecinos (cierto periódico yucateco daba la noticia de alguien que había asistido a la redacción para «limpiar su nombre y aclarar que no es campechano»).

En esas circunstancias, luchar por el matrimonio homosexual es una labor a contracorriente. Los conservadores lloran sangre cuando escuchan de uniones entre personas del mismo sexo y no pocos de quienes se consideran a sí mismos de izquierda piensan que no es un tema prioritario. En estados lacerados por la corrupción, la desigualdad social, el desempleo o los suicidios a la alza, ¿por qué tenemos que sacrificar tiempo de indignación, movilizaciones sociales y apoyo político por gente que solo pide casarse? Yo diría que precisamente por eso: porque en teoría se trata de una petición muy fácil de cumplir y lo que levanta suspicacias es la cantidad de embrollos institucionales a los que se echa mano para evitarlo. Es lo que llamo la “navaja suiza de Occam»: la explicación simple suele ser la correcta, pero a veces es más interesante indagar por qué insistimos en hacer complicadas las cosas.

Foto: Francisco López Velásquez/ Chiapas PARALELO.

Faride Cabrera Can y María José Estrada Muñoz contrajeron matrimonio el 30 de agosto de 2014, después de una larga lucha legal que incluyó un amparo federal. Tras una primera solicitud en marzo ante el registro civil de Campeche, la institución se negó a reconocer su unión «por no encontrarse previsto en el Código Civil del Estado el acto jurídico planteado”. El mismo documento les instaba a recurrir a la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia. Faride me explicó por qué rechazaron esa posibilidad y decidieron llevar su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

«Cuando la Ley de Sociedades de Convivencia fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado fue una gran noticia para la comunidad LGBT. Sin embargo solo hasta que fue publicada nos dimos cuenta de que en lugar de un avance había sido prácticamente un retroceso, ya que para validar una unión era necesario hacer el trámite ante el Registro Público de la Propiedad y no ante el Registro Civil. Eso es totalmente discriminatorio: no somos un inmueble o un negocio. Por eso era muy importante casarnos, sentar el precedente y por ningún motivo considerar la Ley de Sociedades de Convivencia.»

Cuando uno observa la cantidad de trámites que tienen que librar los gays para contraer matrimonio, entiende aquella aguda línea de Chuck Klosterman: «En mi opinión, tendríamos que legalizar el matrimonio homosexual. Los varones homosexuales son los únicos hombres del país que todavía quieren casarse.»

Foto: Francisco López Velásquez/ Chiapas PARALELO.

Hay una realidad incuestionable: la palabra «matrimonio» no va a servir como un mantra para acabar con siglos de discriminación y prejuicios respecto a los homosexuales. Incluso para gente de la misma comunidad LGBT esta lucha es contradictoria: ¿quién en su sano juicio querría abandonar una elástica vida sexual para adaptarse a la —mis dedos ya estaban ansiosos por teclear esta palabra— heteronormatividad? Para los heterosexuales treintones como yo, que rezamos porque los parientes dejen, por una maldita vez, de preguntarnos cuándo nos vamos a casar, en ocasiones es difícil entender por qué una comunidad progresista, abierta sexualmente y en ocasiones orgullosa de cumplir cierto papel de outsider quiere ser parte de una institución retrógrada, como es el matrimonio. Las razones no son claras hasta que dejas de pensar en el matrimonio como en una suerte de capricho que tiene cierta gente. No se trata solo de los beneficios prácticos (la seguridad social, entre ellos), sino del trasfondo que hace posible que el matrimonio homosexual sea reconocido legalmente en sociedades que ven la unión de ambas palabras como un oxímoron. En términos ideales: una transformación paulatina del clima social, una renuncia al doble discurso y una mayor capacidad de negociación política, aunque en términos prácticos quizás solo se necesite la habilidad de una comunidad para ser políticamente más influyente. Y el logro no es para nada menor.

Cinco años han pasado desde que el matrimonio igualitario es una realidad en el Distrito Federal, casi el mismo tiempo que Flor tiene de vivir ahí. Y aunque según cifras del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación capitalino los gays siguen siendo un grupo fuertemente discriminado, sus años en Campeche le hacen advertir una notable diferencia.

«En mis últimos dos empleos he sido muy abierta con respecto a mi sexualidad y en ambos lugares me han tratado con tanta “normalidad” que me he sentido justo eso: normal. No sé si eso se deba a que no cumplo el estereotipo de cómo debe lucir una lesbiana, pero que no tenga que esconderme es una preocupación menos en mi vida. Creo que cualquier contexto represivo disminuye las posibilidades de realización personal y profesional y me cuesta trabajo pensar que puedas sentirte pleno en un lugar donde tienes que omitir ciertas partes de ti para ser aceptado.»

Un segundo más tarde, Flor despotrica contra los estrictos códigos de vestimenta que le prohíben llevar tenis al trabajo.

Texto retomado del blog del autor: Tediósfera