
Partidos desgastados y conflictos poselectorales en zonas indígenas
Ante el desgaste de los partidos políticos, con saldos desastrosos poselectorales, bien valdría la pena debatir nuevas formas de gobierno en las comunidades indígenas.
Ante el desgaste de los partidos políticos, con saldos desastrosos poselectorales, bien valdría la pena debatir nuevas formas de gobierno en las comunidades indígenas.
El desfalco de Juan Sabines Guerrero lo seguimos pagando los chiapanecos con intereses que al año alcanzan la cifra de mil 460 millones de pesos.
Por vez primera un movimiento magisterial se prolongará por las vacaciones de verano las cuales concluirán, para los profesores de educación primaria y secundaria, el próximo 14 de agosto.
Si Chiapas es un desastre, entre otras factores, es porque no hay obras de importancia que incentiven el desarrollo local.
Chiapas estará de nueva cuenta en el candelero de los conflictos poselectorales interminables, cuando la sala superior del Tribunal Federal Electoral (Trife), con sede en la Ciudad de México, se pronuncie a favor de restituir los derechos de Rosa Pérez Pérez, como presidenta municipal de Chenalhó.
Mañana se cumplirá el primer aniversario del fraude electoral que tuvo como epicentro Tuxtla Gutiérrez, pero que se esparció, como movimiento telúrico por todo el estado, y cuyas consecuencias vivimos todavía con la mayor ingobernabilidad que se ha registrado en Chiapas desde la Revolución.
En Chiapas todo pasa por el conflicto magisterial; todas las preocupaciones están puestas ahí porque trastoca el mundo político, el económico y el social.
Por los 50 días de manifestaciones desgastantes, el movimiento magisterial debería estar debilitado, pero, al contrario, ha tomado nuevo impulso, con la participación de entidades, tradicionalmente indiferentes, como Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Colima y Nayarit.
Pese a la evidencia de que votaron en contra de la propuesta original de la Ley 3 de 3, la cual permitiría conocer las propiedades, declaración de impuestos e intereses empresariales de los funcionarios públicos, Roberto Albores Gleason y Luis Armando Melgar se encargaron de publicitar de que sí habían emitido su voto por esta propuesta ciudadana.