Agrede personal de municipio de Tuxtla a visitadora de la CEDH
La semana pasada en la Ciudad de México nos reunimos un grupo de periodistas de diferentes partes del país con el relator especial de la ONU sobre la libertad de expresión, David Kaye, y el relator especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quienes han estado en México para conocer la situación de la libertad de expresión.
De manera recurrente – en cada foro, congreso, encuentro, conversatorio- que me invitan a participar señalo que son en los municipios –lamentablemente por parte de las autoridades locales- donde existen mayores violaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En ese tema insistí ante los relatores.
Los gobiernos municipales ejercen el poder como que si estuvieran dirigiendo una especie de latifundio, se creen “virreyes” intocables, en donde, lamentablemente, pareciera que no existe otra autoridad que los detenga, que les haga saber y entender que están para servir a la ciudadanía y ser garantes de sus derechos.
Hace poco más de un mes la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició por oficio una queja en contra del presidente municipal de Tuxtla, Fernando Castellanos Cal y Mayor por ataques a la libertad de expresión en mi contra por una serie de cartas, boletines y comentarios en sus redes sociales que hizo sobre mi trabajo.
El pasado viernes 01 de diciembre acudí a la CEDH para conocer la situación del expediente. La visitadora adjunta de la visitaduria de la mujer, Selene Zepeda me puso a la vista el expediente y pude consultarlo a detalle.
En los documentos se detalla que personal de la CEDH acudió a la dirección jurídica del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para entregar las medidas cautelares que debía de ejecutar el gobierno municipal para garantizar mi derecho a la libertad de expresión, sin embargo personal de esa dependencia se negó a recibirlo.
De acuerdo a la queja CEDH/798/2017 la propia visitadora adjunta de la CEDH se presentó en la dirección jurídica para presentar las medidas cautelares y en su caso dar fe de la negativa de la autoridad de recibir el documento. Una vez más el personal de esa dependencia se negó a recibir el documento.
Según se menciona en el expediente, una persona de sexo masculino a gritos le dijo que no le recibiría nada a pesar que ella se identificó como visitadora adjunta de la CEDH y señaló los motivos por los que se encontraba en ese lugar. Las personas que la atendieron, además, se negaron a identificarse.
“Ante tal negativa con mi teléfono personal intenté tomar una fotografía para integrarla al presente expediente de queja y poder identificar al personal que me estaba atendiendo, sin embargo, la persona de sexo masculino que se encontraba gritándome, con violencia me arrebató el teléfono y se quedó con el ademán en su mano como con intención de golpearme –una cachetada- ante la impotencia, le cuestioné textualmente “¿Me va a pegar?” y le arrebaté de nuevo mi teléfono” relata la visitadora adjunta en los documentos que se agregaron al expediente como parte de las diligencias.
Conforme leía el informe mi sorpresa incrementaba y varias interrogantes me venían a la cabeza: ¿En qué lugar se agrede de tal forma a una visitadora de los derechos humanos?¿Cómo se puede agredir así a una mujer en un edificio oficial? ¿Si eso son capaces de hacer los servidores públicos a una defensora de los derechos humanos qué nos pueden hacer a las y los demás?¿Sabe el alcalde de la ciudad lo que sucedió? ¿Quién es este sujeto que agredió a la visitadora y por qué sigue cobrando con nuestros impuestos?
La visitadora adjunta no solo no pudo entregar las medidas cautelares, sino que salió, prácticamente, huyendo del edificio del Ayuntamiento de Tuxtla porque el sujeto que la agredió intentó detenerla cuando se dirigía a la salida.
El sujeto, que es funcionario público del Ayuntamiento de Tuxtla, nunca se identificó, pero la visitadora alcanzó a tomarle una fotografía que está en el expediente. La CEDH giró un oficio de petición al presidente municipal de Tuxtla, Fernando Castellanos ante lo sucedido que no ha respondido como tampoco ha contestado la solicitud de medidas cautelares para garantizar mi derecho a la libertad de expresión.
Me sorprende que la CEDH solo haya decidido emitir un oficio de petición al alcalde ante la agresión de su funcionaria y no iniciar una queja o inclusive una recomendación. “En casa del herrero cuchillo de palo”.
Las mujeres hemos luchado durante años –siglos- por nuestro derecho a estar en el espacio público, de ejercer nuestro derecho a la palabra, estos actos no solo van en contra de una, sino de todas las mujeres que queremos participar en el espacio público de diferentes formas.
Desde que publiqué la nota de que el gobierno municipal estaba gastando 6.5 millones de pesos en publicidad en un mes he recibido diferentes ataques –no todos he hecho públicos, pero sí todos he documentado y estoy interponiendo las medidas correspondientes-. Lamento, profundamente, que el ataque se haya extendido a otras mujeres. Toda mi sororidad con ellas.
Me encantaría cerrar todo este asunto, pero sería una incongruencia de mi parte dejar que las agresiones en mi contra – y ahora el de otras mujeres- queden en la impunidad. Para mí es importante dar seguimiento a las denuncias, no dejar que las archiven, asegurarnos que no volverá a suceder, que no habrá otros casos iguales. Al final del día esto es hasta un acto pedagógico para las autoridades, para que aprendan la lección, que sepan que el único camino posible de la construcción de un buen lugar es el respeto a los derechos de las mujeres y el reconocimiento de participar en los espacios públicos sin ser agredidas. La lucha es nuestra.
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