Ellos impedían que en Chiapas se aprobara el matrimonio igualitario

A todas las personas que hicieron algo porque hoy en Chiapas se haya avanzado, aunque sea un poco, en el respeto a los derechos humanos. A quienes marcharon, a quienes interpusieron los recursos legales, a quienes no se cansaron, a quienes presionaron, a todas esas personas mi reconocimiento y mi corazón.

Ilustración: Enrique Díaz/Chiapas Paralelo

Los diputados y las diputadas del Congreso del Estado, tanto de esta legislatura como la anterior, hicieron de todo para boicotear la aprobación del matrimonio igualitario en Chiapas: negociaron con el tema –según denunciaron las organizaciones civiles-; nunca le dieron trámite a una iniciativa ciudadana; mandaron a la congeladora la propuesta que presentó una legisladora; interpusieron recursos ante la SCJN para no respetar los amparos promovidos en contra del código civil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  invalidó este martes los artículos del Código Civil de Chiapas en el que se señala que el matrimonio solo es posible entre un hombre y una mujer por lo que ahora personas del mismo sexo podrán contraer nupcias en la entidad.

Las y los legisladores locales sabían que esto iba a suceder en algún momento porque ese había sido el fallo de la SCJN en Colima y Jalisco, que tenían leyes parecidas a la de Chiapas. Aun así se negaron a discutir el tema, a dejar un buen antecedente en el respeto de los derechos humanos, perdieron la oportunidad de tener algún legado.

El artículo primero de la Constitución Política de México señala desde el 2011, que no puede ser discriminada ninguna persona por diferentes motivos, uno de ellos su preferencia sexual. El Código Civil del Estado de Chiapas no permite la unión entre dos personas del mismo sexo por lo que el código resulta discriminador y violatorio a un principio Constitucional. Suficiente argumento para reformar la Ley, pero las y los legisladores, pese a entender eso –les otorgo la inteligencia de entender un principio constitucional- se negaron a entrarle a la discusión.

Para legislar se necesita personas con una clara perspectiva de los derechos humanos. Las y los congresistas no debieron decidir sobre los derechos de la ciudadanía anteponiendo sus prejuicios o intereses personales.

De acuerdo a una denuncia pública de la organización civil Unidos Diferentes –que fue la que solicitó a la CNDH que interpusiera la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN- durante el movimiento magisterial, el Congreso del Estado –por medio de su presidente, Eduardo Ramírez- comprometió con líderes religiosos no discutir el matrimonio igualitario a cambio de que ellos apoyaran las acciones de gobierno en contra de las manifestaciones del personal docente.

La legalización del matrimonio igualitario no tiene que ver con dogmas religiosos y tampoco con el amor, es un asunto de derechos humanos y las garantías individuales no se negocian, ni se consultan. Se respetan. No hay de otra, salvo que se quiera ser un declarado violador a los derechos humanos de una parte importante de la población.

La incidencia de la sociedad civil organizada fue fundamental para que en Chiapas se respetaran los derechos de toda la ciudadanía. Sin las acciones emprendidas tanto legales como de protesta el resolutivo de la Corte no hubiera sido posible.

La lección es doble para la ciudadanía, por un lado, reconocer la fuerza que se tiene en colectivo con acciones de protesta y legales, y por otro, ver con claridad que las diputadas y los diputados del Congreso de Chiapas no están haciendo su trabajo y que algo se debe de hacer al respecto.