Pasado y presente

El MNDM exhortamos al Estado a tomar acciones urgentes para encontrar a las más de 90 mil personas desaparecidas en México- Cortesía: MNDM

Como consecuencia del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el Estado y la sociedad se reencuentran nuevamente con el capítulo negro de su historia reciente. Un reencuentro porque las viejas demandas del pasado siguen siendo parte del presente, pero que no han mostrado ni voluntad política ni solvencia ética por parte de las autoridades involucradas, como lo afirmó recientemente Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Si bien es cierto, añadió, hay avances, para “enfrentar el problema de los desaparecidos en el país, pero son insuficientes si se miran por sí solos”. Las señales por reconciliar ese pasado de la guerra sucia implementada desde los sótanos del poder político han tenido algo de luz, pero “pocas autoridades involucradas en la ubicación de las personas asumen su responsabilidad y que la mayoría de los gobiernos estatales no tienen voluntad política para fortalecer las comisiones locales responsables de la localización,” finalizó.

Sin embargo, las nuevas señales desde el gobierno actual -con lo que marca una distancia con los gobiernos del viejo régimen-, parecen tener otro rumbo, principalmente porque, de acuerdo con ella, son “más de 37 mil cuerpos sin identificar que hay en México,” “y más de 91 mil desaparecidos”; y en segundo porque con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, se pretende darle un seguimiento autónomo al proceso de búsqueda e “incidir en la problemática,” sin que por ello sustituya las obligaciones del Estado, aclaró.

Si bien es cierto que ya existían mecanismos orientados para darle cause mediante la ley a estos problemas, “no se había echado a andar”. Cierto es también que estamos frente a otra oportunidad para realmente ser parte de otros ejemplos en el continente, y también por ser el gobierno de la 4T partícipe con las 32 comisiones estatales “encargadas de localizar a las personas”. (Georgina Saldierna, La Jornada, 30 de agosto de 2021, p. 5)

Lo bueno de esta iniciativa por atender a las víctimas de la “guerra sucia”, la violencia política instrumentada por policías, civiles y militares a partir de los años sesentas por los gobiernos anteriores al actual, incluyendo, la aprehensión, la tortura, o la desaparición, es el hoy aparente seguimiento mediante la creación de una Comisión. Otra instancia más, como la que intentó el gobierno de Fox con una Fiscalía, pero no procedió, y porque ya desapareció, pero que fue la base para otras instancias, como el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de Violencia Política del Pasado y de los familiares de los jóvenes estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y de otra Comisión: de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a Derechos Humanos en la Guerra Sucia.

O sea, las iniciativas están allí. Pero como dice Quintana, no hay voluntad política de las autoridades estatales pero igualmente en el Poder Judicial, aunque de la misma forma el castrense, lo que implicaría sumar responsabilidades civiles y militares, en acciones ordenadas por los primeros.