El fondo

Haya especificidades técnicas, que seguramente las hay, aunque algunas pudieran ser una pantallas, pretexto, para no revelar una participación extranjera concesionada, ventajosa y privilegiada en los contratos hechos en el gobierno anterior, teniendo como base la denominada “reforma energética”.  Pero lo que gravita en el fondo del asunto, la piedra angular de la política energética, es darle, regresarle mejor dicho, al Estado la rectoría de la electricidad, un recurso imprescindible para cualquier nación que presuma tener políticos con visión estratégica. Un Estado, hay que recordar, “minimizado” desde que las privatizaciones, la venta de empresas públicas, que mantenía el Estado, como petróleo, teléfonos, aviación, banca, puertos, ferrocarriles, carreteras, medios de comunicación, etc., etc. La culminación de este especie de entrega de toda esa estructura a la empresa privada, fue la coronación de la llamada reforma energética, a corporaciones principalmente norteamericanas.

La oposición que la ley en la electricidad ha suscitado, entre muchos otros, dos argumentos: el que el Estado intente monopolizar, o dejar de lado a las energías alternativas no contaminantes, como las eólicas. (La información sobre esto es que, por ejemplo en Oaxaca, no se cumplieron cabalmente los acuerdos sobre todo para beneficiar a la población cercana a los ventiladores.) El primero resulta ser engañoso porque además de haber sido el mismo argumento contra PEMEX, no es ni éste ni la CFE monopolios estatales, precisamente como resultado de…, adivinaron: a las “reformas” impulsadas por los que ahora son oposición.

Sin banca, sin petróleo, sin agua, sin gas, aereopuertos, y quizá pronto sin educación, el cuadro estaba listo para dejar al país en algo parecido a un protectorado, añeja práctica y base colonial. Cuando se trata de afectar y llevar a cabo medidas reversibles con beneficios -sobornos incluidos- para, hasta el cansancio intentar mostrar a la sociedad, que la ley eléctrica es dañina. No es que la inversión extranjera sea totalmente rechazada, pues desde finales del siglo XIX ha sido una parte medular de la política  imperial inglés primero y norteamericana después, no; más bien tiene que ver con que existan contratos justos en las inversiones, pero este no había sido el caso. Las fuertes ataduras hechas en el TLCAN, como el actual TMEC, en los flujos comerciales y en inversión de capital privado extranjera sólo están siendo desabrochadas en este gobierno para tener algo en ese ramo económico y estratégico. No sólo por las anomalías en los contratos a favor de las empresas extranjeras, como ser subsidiadas, sino porque la recuperación de una parte de los recursos energéticos -petróleo, electricidad-, sino porque la devolución a las corporaciones extranjeras, se vuelve un asunto de seguridad nacional para México, al carecer, y eventualmente quedar vulnerable en situaciones como la que ocurrió recientemente en Texas y su efecto. Lo es así porque el resguardo de la soberanía nacional -un concepto que hace mucho ruido- pasa por la Constitución Política, también reformada para dar entrada a la inversiones extranjera de gran calado en la energía mexicana, aún contiene esos pilares soberanos, que datan desde 1917 y como resultado de la Revolución. Lo que hizo en su momento el general Lázaro Cárdenas con el petróleo fue aplicarla.

Por eso, en el caso del petróleo, el Instituto Americano de Petróleo API (400 compañías de producción, refinación y distribución, entre otras aspectos, además del petróleo, de gas natural) se quejaba de “discriminación” su sus inversiones en junio 2020. Por eso es lamentable y risorio, que no extraño, que la oposición, la partidista, la de los medios masivos,  o la empresarial, argumenten cosas como desfavorecer las energías alternativas -importantes desde luego-, monopolio estatal -inexistente claro-, o una casi expropiación -no procedió así, por supuesto-; porque lo que no se desea ver, ni decir, ni oir, en varios espacios informativos es que los cipayos también juegan su desagradable juego.