“Efecto transparencia”, triunfo de la opacidad
Consejeros del IAIP en Chiapas. Foto: Archivo
Más que asumir la transparencia en toda su dimensión institucional, política y democrática, los gobiernos de todos los niveles por diversos medios han desvirtuado esa obligación constitucional. En vez de profundizar esa práctica para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública, lo que han hecho es trucar esa responsabilidad por el “efecto de transparencia”, cuya definición en diseño gráfico se refiere a una herramienta que sirve para difuminar, sombrear, aplicar grados de opacidad o resplandor, sobreponer, rellenar, desvanecer, degradar o distorsionar una imagen original con el propósito de impregnarle un mayor atractivo o impacto visual.
En Chiapas aparentemente se cumplen las leyes de Acceso a la Información Pública y en el discurso oficial la transparencia es un tema recurrente, que viste bien al ejercicio del poder cuando quiere mostrarse como un convencido y fiel practicante de la rendición de cuentas. Sin embargo, en los hechos la realidad es otra.
En primer lugar no todas las dependencias o poderes cumplen con la información obligatoria que deben poner en sus portales de internet (directorio, salarios, normatividad, resultados de auditorías, licitaciones de obra pública, concesiones de servicios, etcétera) y cuando lo hacen suele ser parcial, o es incompleta, desactualizada o incongruente. El caso de los municipios es patético. La mayoría de los Ayuntamientos no cuentan con páginas web, muchos que la tienen están desactivadas o “descuidan” el apartado de transparencia al no incluir la información de oficio (particularmente sueldos) o si aparece el link no se pueden consultar los datos porque está bloqueado el acceso a ellos.
En segundo término, cuando el ciudadano hace solicitudes a través de Infomex de cierta información “sensible” no reservada, las instituciones procuran esconderla, demorarla o obstaculizar su consulta. Un procedimiento que debiera ser fácil, rápido y confiable, resulta un viacrucis, frustrante y decepcionante, que no abona a la credibilidad hacia los gobiernos. La situación de opacidad es diametralmente opuesta al interés del 84.3% de la población por saber qué hace el gobierno, según los datos de la primera Encuesta sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental (EDAI).
La doctora Perla Gómez Gallardo, experta universitaria en la materia asegura que “desde hace algunos años existe evidencia suficiente para afirmar que los gobiernos, desde los municipales, estatales y federal han entrado en una rutina procedimental que no conduce a la transformación de las instituciones públicas en entidades cada vez más transparentes.
La misma presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, Jaqueline Peschard, dijo en su noveno informe de labores ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso, que “transparencia y rendición de cuentas no pueden seguir siendo parte de la simulación de algunas autoridades que solamente recurren a ellas en el discurso, pero que en los hechos cultivan y promueven la opacidad”. Y entre los factores que amenazan la transparencia también se encuentra la injerencia de los gobiernos en el nombramiento de los consejeros para cooptar a las instituciones garantes del acceso a la información pública.
En su mensaje de entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, el auditor de la federación Juan M. Portal, dijo el 20 de Febrero de 2014: “La transferencia de recursos y funciones a las entidades federativas y municipios no se ha acompañado de una mejora en la calidad de la gestión y resultados de los gobiernos locales, ni se han generado alicientes que impulsen la transparencia y el asumir una responsabilidad ante los ciudadanos por parte de los ejecutores del gasto…. La rendición de cuentas en México responde a una arquitectura nacional heterogénea, fragmentada y por tanto ineficaz para combatir la corrupción… El sistema de rendición de cuentas idóneo debe interconectar, a nivel nacional, las actividades de fiscalización, con el acceso a información gubernamental, el manejo de archivos, la evaluación, el esquema de sanciones y la asignación presupuestal de recursos públicos”.
Y señaló también que: “Tampoco existen esfuerzos para modificar las percepciones públicas generalizadas sobre la corrupción, la simulación y la impunidad”.
El lamentable diagnóstico de expertos e instituciones autónomas y gubernamentales, es fácilmente verificable en diferentes niveles: Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada de diputados federales del Partido Revolucionario Institucional, fue involucrado por legisladores y funcionarios de Guanajuato en el cobro de comisiones por la gestión de fondos federales a estados y municipios, una práctica de la cual pueden dar testimonio muchos contratistas y constructores chiapanecos. Y en San Juan Chamula, representantes de 160 comunidades protestaron frente a la Presidencia Municipal para exigir al alcalde, Sebastián Collazo Díaz, informar sobre el destino que le dio a 130 millones 273 mil pesos, producto de un préstamo contratado con Banobras el año pasado. Antes de la protesta, en enero de este año, los inconformes hicieron una solicitud en la Unidad de Enlace para la Transparencia, pero no obtuvieron respuesta.
La opacidad se puede advertir a la mínima provocación. Una consulta a los portales de algunas dependencias y municipios, particularmente al rubro de sueldos, arrojó los siguientes resultados: el procurador general de Justicia del estado, Raciel López Salazar, cuyo cargo tiene el estatus de una secretaría, gana al mes un salario neto de 28 mil 016 pesos (no se mencionan compensaciones); una cantidad absurda e inverosímil cuando un secretario obtiene según el documento en exhibición, 46 mil 226 pesos.
Resulta incongruente y sospechoso también que en la Secretaría de Desarrollo y Participación Social, un analista técnico especializado gane 50 mil 423 pesos, 4 mil 200 pesos más que el titular de la dependencia, Miguel Ángel Córdova Ochoa. Dicha percepción económica llama la atención porque se compone de un sueldo base de 9 mil 627 pesos y una compensación de 67 mil 338 pesos, menos 16 mil 915 por deducciones.
Otra joya: en San Cristóbal de Las Casas, el alcalde Francisco Martínez Pedrero gana al mes 49 mil 650 pesos, menos de lo que percibe el síndico municipal Roberto Morales Ortega (54 mil 920 pesos) y el tesorero (54 mil pesos).
Y el colmo: en la página del Instituto de Acceso a la Información Pública del estado de Chiapas, en el apartado de Remuneraciones, Sueldos y Salarios por Empleo, Cargo o Comisión de los Servidores Públicos, no aparece el sueldo por puesto sino sólo por categorías; se excluye la de mando superior y se registra sólo una de mando medio superior que tiene asignada una percepción de 48 mil 897 pesos. ¿Debemos suponer que éste es el sueldo de los cinco consejeros? ¿Tenemos que inferir que todos ganan igual o que se esconde lo que gana mensualmente la consejera general Ana Elisa López Coello? Además, los datos de las percepciones por comisiones de trabajo tienen un retraso de dos años.
Bajo estas circunstancias, a la transparencia no se le podría definir como la cualidad de un gobierno de poner a la vista de todos los ciudadanos la información que genera en el ejercicio del poder y sobre el uso que le da a los recursos públicos, sino como la capacidad institucional de crear mecanismos de opacidad que hagan menos visible sus actos.
Si no hay transparencia no habrá confianza hacia las autoridades, no se avanzará en la democracia y habrá un terreno fértil para la corrupción. La sociedad debe ser más exigente con sus representantes y debe buscar mecanismos para obligarlos a la efectiva rendición de cuentas. En principio debe hacer un máximo uso del derecho al acceso de la información pública, apoyar iniciativas para su fortalecimiento y evidenciar la insuficiencia y la inviabilidad de las normas actuales para construir un estado saludable.
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