José Ángel Córdova, el sabinista “apestado”
Ángel Córdova Toledo, presidente de la comisión de vigilancia es el único que ha tenido total acceso al informe que entregó el OSFCE sobre la cuenta pública de Sabines. (Ángel Córdova)
El diputado local José Ángel Córdova Toledo, presidente de la Comisión de Vigilancia, juega el papel de “apestado” en la LXV Legislatura. Su recalcitrante hedor sabinista invade el recinto y repele a sus colegas que lo miran con recelo. Si alguien lo saluda en el salón de sesiones, lo hace con frialdad y pone distancia de por medio. El legislador del Partido Verde Ecologista llega solo y solitario se retira de ese espacio donde hasta hace tres años era el centro de atracción y recibía reverencias al por mayor. Regresó al Congreso por orden de su amo, del que lo encumbró en el poder y por el que ahora tiene que hacer el juego sucio para salvarlo de la rendición de cuentas y, por supuesto, para salvarse a sí mismo de un eventual acto justiciero.
Juan Sabines Guerrero no pensó para llevar a cabo esa infausta misión en sus devotas seguidoras Blanca Ruth Esponda o Magdalena Torres Abarca. No, eligió a su más fiel colaborador, a su íntimo amigo, al de menos escrúpulos, acostumbrado a caminar en las inmundicias de la política de alcantarilla. A Córdova Toledo el exgobernador lo hizo subsecretario de Gobierno; dos veces presidente de la mesa directiva, en el primer y tercer año de la LXIII Legislatura; fue presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, vicepresidente de las comisiones de Justicia y de Reglamentación y Prácticas Parlamentarias, y también encabezó la Comisión de Protección Civil. Lideró la bancada del Partido de la Revolución Democrática y fue efímero —e impugnado— dirigente estatal de esa organización partidista en el 2011. Se conocieron a principios del 2000, cuando Sabines fue diputado local y Córdova tenía ya varios años de oficial mayor; ahí trabaron fuerte amistad y cuando JSG fue alcalde de Tuxtla, lo hizo su secretario técnico.
Nadie entonces mejor que Córdova para protegerlo, para intentar limpiar los rastros de las probables corruptelas cometidas en el ejercicio de la función pública. Con un cinismo insultante y violentando de la manera más burda la normatividad parlamentaria, el diputado “secuestró” el dictamen entregado por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso sobre la última cuenta pública del gobierno de Sabines para manipular su aprobación y evitar impugnaciones. Sin que el resto de los diputados conociera su contenido, la Comisión de Vigilancia (integrada además por Noé Castañón Ramírez, Isabel Ancheita Palacios, Francisco Javier Morales Hernández, Emilio Salazar Farías, José Antonio Albores Trujillo y Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor) presentó su dictamen a la mesa directiva para que fuera votada por el pleno, pero esa instancia lo regresó a comisión para que solventara algunas observaciones que fueron hechas al documento.
José Ángel Córdova ya dio su veredicto y exonera a la anterior administración de cualquier irregularidad grave; sin embargo, el fallo final aún está por llegar y podría demorarse hasta cinco meses. La resolución definitiva de ese asunto, al parecer no será sencilla, pues el dictamen se ha convertido en un arma política que puede definir el rumbo del gobierno actual. Quizá sea la última oportunidad del Ejecutivo para sacudirse la tutela de su antecesor y emprender la conformación de un equipo de colaboradores propio, y en ese sentido podría enfocar su estrategia de sobrevivencia.
Aunque hoy le hagan “el feo” a Córdova, la mayoría de diputados trae marcado el herraje sabinista; el exgobernador los impulsó a la curul y le deben lealtad política. En estas circunstancias, en teoría, su votación por la cuenta pública debiera ser aprobatoria. No obstante, las fidelidades podrían variar de rumbo, todo depende de los cálculos que haga cada uno de los legisladores y de lo que determine hacer el gobierno con la sombra de Sabines.
Avalar el ejercicio del gasto público del último tramo de la administración anterior, podría traer a los diputados altos costos políticos pero buenos dividendos en favores o monetarios. Y rechazarlo le lavaría un poco el rostro al Poder Legislativo, amén de que podrían mostrar independencia en sus decisiones. Esperemos que llegado el momento los diputados recuerden su juramento al tomar posesión del cargo: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del estado y, si así no lo hiciera que el pueblo me lo demande”.
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