Transparencia, el discurso de la simulación
La transparencia, de acuerdo con politólogos y demócratas, debe ser el límpido cristal a través del cual la sociedad debe observar el ejercicio cotidiano de los tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En los hechos, sin embargo, esa caja que se pretende diáfana a la mirada ciudadana, tiene más zonas opacas que claras. Acercándonos al máximo, pegando los ojos al vidrio ahumado, buscando la iluminación más adecuada o rascándole a la película polarizada que la recubre, podemos cerciorarnos de algunas cosas que ocurren dentro, pero no de todas a las que tenemos derecho a conocer.
En un país históricamente marcado por la corrupción de su clase gobernante, algo se ha logrado en materia de escrutinio público pero aún se está muy lejos de conseguir un estándar aceptable. Podría afirmarse con preocupación que la tendencia institucional a transparentar sus actos se ha agotado e incluso empieza a experimentar regresiones. Diríase que la tolerancia del sistema a ser fiscalizado por la ciudadanía ha llegado a un techo y se resiste a pasar a un umbral más elevado que ponga en riesgo los nuevos y complejos mecanismos establecidos para usar el poder en beneficio propio o de algún grupo.
Bajo estas circunstancias, los actores políticos y gubernamentales se rehúsan a ampliar y a profundizar los alcances de la rendición de cuentas, y a fortalecer las facultades de los organismos encargados de garantizar el acceso a la información pública, como el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), a quien se le regatea total autonomía y se le niega que sus decisiones sean definitivas e inatacables. Pero lo peor de todo es que se ha creado una cultura de simulación a tal grado que los expertos en el tema han llegado a afirmar que entre más “transparencia” existe, hay mayor opacidad. Es decir, que no obstante que hay una creciente adhesión y reglamentación sobre el tema, en la práctica no hay un avance similar, pues se sigue poniendo obstáculos para otorgar los datos solicitados, amén de los que han sido clasificados como confidenciales o bajo reserva.
Así que en esta dinámica restrictiva, el asunto de la transparencia se ha visto reducido a un elemento de ornato en los discursos de funcionarios y políticos de todos los niveles. Dicho de otra forma, el gobierno limpia los cristales de la caja con una franela sucia que sólo deja ver lo más cercano pero empaña la visión profunda. Pone a la mano información inocua pero oculta o dificulta el acceso a aquella que considera “sensible”, riesgosa para sus intereses económicos y políticos, o para su reputación.
Chiapas es un caso emblemático y sólo hay que mirar al pasado reciente para comprobar que no obstante las reiteradas alusiones a dicho concepto, a los certificados y calificaciones concedidas por organizaciones civiles independientes, y a pesar de los múltiples convenios firmados con el propósito de construir, promover y reforzar la cultura de la transparencia, la realidad es que sigue privando una gruesa opacidad en el manejo de los recursos.
Y no podría ser de otra forma cuando los diputados llaman ejercicio de transparencia rendir informe de actividades legislativas que sólo contienen cifras de gestión, de apoyo clientelar, sin explicar las razones de su voto hacia iniciativas controvertidas ni aclarar el monto usado en propaganda ni el destino de los recursos que reciben del Congreso para sus tareas cotidianas; qué podría esperarse si el Congreso avala las cuentas públicas de una administración que dejó quebrada a la entidad y pesan sobre ella enormes sospechas de corrupción, o bien aprueba la iniciativa de “creación” de las Ciudades Rurales de Jaltenango La Paz y de Ixhuatán, sin explicar por qué lo hacen después de construidas y cuando la edificación de la primera se pagó por adelantado a la constructora según investigaciones de la Secretaría de la Función Pública.
No puede hablarse de auténtica transparencia cuando el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez efectúa pésimas obras en la remodelación del centro y la administración municipal entrante evade hacer públicas las irregularidades encontradas en las auditorías; ni tampoco puede haberla cuando niega sistemáticamente la existencia del título de concesión de la empresa Proactiva, no obstante que ha hecho referencia a él durante el diferendo público con la empresa por el incumplimiento de pagos atrasados.
La rendición de cuentas es algo muy importante como para dejársela sólo a los funcionarios, políticos e instituciones que se dicen guardianas del derecho a la información pública; la sociedad debe hacer uso frecuente de ese derecho y presionar para que se cumpla cabalmente y para ir ampliando las obligaciones de las dependencias a transparentar acciones y gasto públicos. De lo contrario, persistirá la simulación que hasta hoy sigue alimentando la opacidad en muchos renglones del ejercicio del poder.
COMPENSACIÓN CATASTRÓFICA.- En la danza de los millones que los gobernantes suelen representar con bastante frecuencia en su afán de mostrar que se está trabajando, que se ejerce el presupuesto, las cifras que se manejan con rimbombancia en los hechos resultan muy engañosas. Hace días, en la zona de Mezcalapa se entregaron recursos por 2 millones de pesos correspondientes al Seguro Catastrófico que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para solventar los estragos de la sequía sufridos en el 2012. Aparentemente el monto del dinero es muy atractivo, pero en realidad resultó una bicoca, pues se dividió entre mil 587 campesinos de Ocotepec y Copainalá, tocándole a cada uno la raquítica cantidad de mil 260 pesos.
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