Educación, subordinada a intereses políticos
Cualquiera que sea el desenlace del conflicto entre el gobierno y el sindicato magisterial que lleva 50 días de paro, plantones, marchas, bloqueos y tomas de edificios públicos, nos dejará la certeza de que la educación no mejorará en el corto y mediano plazos porque ha estado supeditada a los veleidosos intereses políticos de ambos actores.
La “reforma educativa” impulsada por Enrique Peña Nieto está muy distante de ser un proyecto modernizador que plantee la refundación del sistema educativo del país caracterizado por programas caducos, métodos de enseñanza-aprendizaje atrasados, alto rezago en infraestructura y maestros no aptos para las exigencias de conocimiento que impone una nueva realidad social. Lo que verdaderamente se pretende con la Ley General de Profesionalización Docente es retomar el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que se había convertido en un poder fáctico que desafiaba a los gobiernos que ayudó a encumbrar y a legitimarse a través de apoyos electorales. Bajo este esquema de beneficio mutuo y complicidad, el SNTE exigía cada año su pliego petitorio y el gobierno concedía prebendas y privilegios disfrazados de “conquistas laborales”. Las necesidades de la educación, han quedado siempre en un tercer plano.
La detención y encarcelamiento de la líder magisterial vitalicia, Elba Esther Gordillo, se produjo en función de esa pugna de poder entre gobierno y SNTE, no para “sanear” el sindicato sino para poner una dirigencia afín, dúctil a los requerimientos políticos del régimen priista. Ante el derrumbe del imperio de “La Maestra”, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desdeñó atacar el “charrismo sindical” que tanto ha criticado y enfocó sus baterías hacia la denominada reforma educativa con el propósito de fortalecerse como corriente y erigirse como interlocutor aventajado ante el gobierno federal.
Su estrategia de confrontación le funcionó al lograr a través de la movilización en la ciudad de México, que el gobierno se sentara a negociar con sus dirigentes, particularmente con los maestros de la Sección 22 de Oaxaca. Sin embargo, no consiguió revertir la nueva ley sino recursos por 155 millones de pesos para infraestructura educativa en cuya administración tendrá injerencia.
Y en esencia esta es la lógica de lucha que ha adoptado la CNTE en Chiapas. Por ello dirigentes de la Sección 7 se trasladaron esta semana al centro del país para negociar con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. No obstante que las movilizaciones de protesta se han dejado sentir en la capital del estado, el objetivo de esas presiones era conseguir la interlocución a nivel federal porque es en esa instancia donde pueden ser satisfechas sus demandas, que poco tienen que ver ya con la idea de revertir la promulgada Ley de Servicio Docente pese a que así se siga manejando en el discurso sindical.
Por esa razón han ignorado los insistentes exhortos para instalar aquí una mesa de diálogo con el gobierno estatal que poco tiene que ofrecerles respecto a sus elevadas pretensiones. Y ese relegamiento es uno de los costos que ha tenido que pagar el Ejecutivo chiapaneco por permitir que el ala radical del magisterio tomara el control del sindicato.
Bajo estas consideraciones, queda claro que en el fondo lo que fundamentalmente mueve a la CNTE son sus intereses sindicales y políticos, no los educativos. El gobierno, por su parte, busca mantener el control de un gremio que si bien le representa conflictos recurrentes, también le significa tener un aliado político importante en épocas electorales. Y esa relación perniciosa es la que no permite avanzar decididamente en la modernización educativa. Habrá que esperar los términos de la negociación, para ratificar que muy poco se habrá ganado en este costoso conflicto.
INVESTIGACIÓN, NO SÓLO CONDENA.- Más allá de rechazar la agresión física que sufrieron los reporteros de Televisa, Fátima Monterrosa y Víctor Olvera por parte de los maestros paristas, el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez, debió haber ofrecido una investigación exhaustiva de la Procuraduría General de Justicia para esclarecer los hechos y castigar a los responsables de lo que él mismo llamó violación a los derechos humanos de los periodistas del programa “Punto de partida”. “Estos actos no deberían ser propios de los responsables de la enseñanza y formación académica de nuestros hijos, este tipo de acciones que violan las garantías y los derechos humanos de las personas deberían ser propias y exclusivas de vándalos y delincuentes, transgresores de la ley”, afirmó el funcionario.
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