Nuevo préstamo gubernamental, acto legal pero no legítimo
Los legisladores aprobaron el viernes 13, en el inicio del segundo periodo extraordinario de sesiones, la iniciativa de decreto en la que el Ejecutivo solicita la contratación de un nuevo préstamo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
No es una buena noticia porque el crédito abultará aún más la de por sí obesa deuda pública y porque vuelve a poner como tema de debate el descalabro financiero estatal por el irresuelto problema del sobreendeudamiento en que incurrió la administración de Juan Sabines Guerrero, cuyo monto total se calcula en unos 40 mil millones de pesos.
La iniciativa puntualiza que para saldar el compromiso financiero se afectará como fuente de pago un porcentaje de los derechos e ingresos que corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Estado (FAISE) y se utilizará “un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago constituido por el propio gobierno estatal, en los términos que lo establecerá el acuerdo entre ambas entidades involucradas a través de la Secretaría de Hacienda”. Lo que en otras palabras significa que para saldar parte de la deuda se utilizarán los recursos de las aportaciones federales del Ramo 33 cuyo objetivo fundamental es la realización de obras y acciones de alcance regional o intermunicipal que beneficien directamente a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema. El resto lo pagaremos nosotros, de los impuestos que recaude el gobierno estatal.
Sin embargo, el punto de discusión rebasa el plano de lo administrativo y financiero y se ubica en el ámbito de lo político y lo ético. La aprobación del préstamo, cuya cantidad no ha sido revelada, sin duda acarreará una nueva ola de críticas a la administración de Velasco y no porque se crea innecesaria su contratación en las actuales condiciones de crisis, sino porque aún no se ha resuelto el problema del descomunal endeudamiento que dejó en la quiebra a la hacienda estatal sin que hasta ahora haya intención inequívoca de llamar a cuentas a los exfuncionarios responsables.
Bajo estas consideraciones, el nuevo empréstito puede consi derarse legal, pero no legítimo, en virtud de que está pendiente una explicación puntual a la sociedad sobre el uso que hace la élite gobernante de los recursos públicos obtenidos vía endeudamiento. Y lo más preocupante es que además de que no se le quiere hacer frente a este deber político y ético, se perciban actos de encubrimiento para proteger al pasado gobierno, como es el caso del presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado, José Ángel Córdova Toledo, quien ha mantenido oculto el dictamen del Órgano de Fiscalización Superior sobre la cuenta pública del último trimestre de la administración de Sabines Guerrero.
No hay pues transparencia plena en el ejercicio de la función pública ni un sistema eficaz de rendición de cuentas y, lo peor de todo, es que a pesar de lo pernicioso que resultaron estas deficiencias institucionales en el sexenio anterior, tampoco existe la voluntad de cerrarle el paso a las prácticas depredadoras desde el poder. Si el gobierno sabinista se blindó legalmente para evadir cualquier investigación en su contra, ¿por qué los diputados no señalan cuáles son esos “candados” y se dan a la tarea de reformar las leyes que fueron torcidas para favorecer la corrupción?
Mientras no haya esa convicción genuina de sujetar a los funcionarios al imperio de la ley para que no se repitan actos ilegales e inmorales en la administración de los recursos, el endeudamiento podrá ser legal pero carecerá de legitimidad si no hay vigilancia estricta sobre su uso y sus resultados concretos.
Los propósitos principales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Estado son: “fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades estatales, con estricto respeto de la autonomía de gestión en el ejercicio del gasto, que les permita elevar la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de infraestructura que les plantea la población que habita en las regiones más marginadas; contribuir a superar la pobreza extrema y el rezago social, mediante el destino de los recursos para incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura básica de servicios e impulsar un desarrollo más equilibrado”.
Los recursos del crédito que los diputados aprobaron, deben observar estrictamente los puntos arribas señalados. No debe ser otro el propósito ni valen los despilfarros. Un engaño más ya no lo tolerarían los chiapanecos.
PABLO-JUAN, LA PUGNA SUBTERRÁNEA.- No obstante haber firmado un pacto político de no agresión, la pugna entre los exgobernadores Pablo Salazar y Juan Sabines continúa en otros escenarios. La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), uno de los enclaves sabinistas que aún sobreviven, intenta revocar la afiliación de Salazar a esas siglas anunciada a principios de agosto en el acto que marcó su regreso a la política local y nacional. Luis Raquel Cal y Mayor, el expriista que dirige al PRD en Chiapas, argumenta que el trámite hecho por quien gobernó el estado en el periodo 2000-2006, es improcedente debido a que no lo hizo ante el comité Ejecutivo Estatal y porque cometió muchos “agravios en contra de la sociedad chiapaneca”. Sin embargo, el trasfondo de la impugnación es impedir que Pablo controle, directa o indirectamente, el partido. Permitírselo significaría irle cediendo terreno a un rival que en la medida en que tenga poder buscará saldar viejos agravios; el mayor de ellos: haberlo encarcelado más de un año.
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