Negociación o uso de la fuerza, dilema en conflicto magisterial
El ultimátum llegó. O levantan el plantón y regresan a las aulas o “se aplicará estrictamente el Estado de derecho”. En esos términos se dirigió a los maestros el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, luego de cumplirse 26 días del paro magisterial que exige revertir la denominada reforma educativa aprobada por diputados y senadores, y cuya ley fue promulgada por el Ejecutivo federal hace dos semanas.
La amenaza del gobierno estatal que sugiere uso de la fuerza pública para desalojar a los docentes, sanciones administrativas más severas e incluso detención de líderes, se veía venir pues los descuentos a salarios a más de 30 mil profesores de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no han funcionado como mecanismo para amedrentar al movimiento. Al contrario, las acciones de protesta se han vuelto más frecuentes y radicales, como el bloqueo a las instalaciones de Petróleos Mexicanos en Tuxtla que, además de desabasto de combustible, provocó sicosis social y mayor descontento entre empresarios y comerciantes que se han visto afectados por el trastorno de la actividad económica.
Al replegar la protesta central del magisterio en la ciudad de México, el gobierno federal ha delegado la responsabilidad de resolver el conflicto a las autoridades estatales y en ese sentido actúa el gobierno de Chiapas para contribuir a desactivar el movimiento local que ayude a su vez a restarle fuerzas a la protesta nacional encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La estrategia de disuasión gubernamental se lleva a cabo, por una parte, en el plano mediático intentando persuadir a los profesores de que la reforma no conculcará sus derechos, que éstos están garantizados y que con la nueva normatividad la educación mejorará significativamente; y por otro lado, en el ámbito político, el gobierno propone a los disidentes una mesa de diálogo para negociar y construir acuerdos en los que se plasme de manera consensuada los lineamientos que marca la nueva ley.
Sin embargo los maestros de la Sección 7 del SNTE, cuya dirigencia está dominada por miembros de la CNTE, no han emitido alguna posición oficial sobre la postura del gobierno, lo que hace pensar que seguirán en la misma línea de protesta o bien que en los encuentros informales entre líderes magisteriales y autoridades aún no se han llegado a definir otros aspectos de la negociación que van más allá del impacto de la Ley General del Servicio Profesional Docente recién promulgada.
Bajo estas circunstancias en las que el movimiento magisterial tiene que definir su rumbo, las posiciones dentro del sindicato oscilan entre las opciones señaladas; hay quienes apuestan a seguir con los bloqueos y tomas de edificios públicos en espera de que la protesta se fortalezca con la convergencia de un movimiento nacional que condense el descontento contra todas las reformas que ha emprendido el gobierno de Enrique Peña Nieto; mientras que el sector más moderado se inclina por pactar con el Ejecutivo estatal ciertos compromisos económicos, políticos y administrativos que les garanticen seguridad laboral, canonjías y respaldo institucional hacia el sindicato.
Mientras las facciones sindicales discuten el futuro de su accionar, hoy supuestamente la Secretaría de Educación del estado enviará 200 maestros a ocupar las aulas de las escuelas en donde consideran que hay condiciones para reiniciar clases. Sin embargo, la medida podría generar un nuevo foco de fricción que agrave el conflicto; depende de cómo reaccionen los maestros a este signo intimidatorio.
Las condiciones para legitimar el uso de la fuerza contra el magisterio están dadas si éste no cede en su postura de confrontación. En el ámbito político y empresarial ya hay consenso en aplicar mano dura contra los docentes, y también en un sector de la población que se ha visto afectado por la protesta. Ojalá haya una salida negociada, porque la violencia siempre es la salida menos recomendable.
Efectivamente una salida pacifica es la mejor opción, sin embargo, la intolerancia esta del lado de los maestros; ya que su protesta se ha radicalizado al grado de tomar instalaciones privadas, no publicas. Hace tiempo les dije lo mismo y lo recalco. si tu lucha es contra el gobierno, apoyo que tomes las instalaciones de canal 10, coneculta o cualquier otra oficina gubernamental, pero jamas apoyare que tomes soriana, walmart, o que bloquees la Av.. central, porque en lugar de obtener mi apoyo como ciudadano, lo vas a perder.. Eso en el peor de los casos. En el mejor de ello, siéntate a negociar y deja que la escoria del sindicato se vaya y que se queden los maestros mas comprometidos… México y Chiapas te lo van agradecer.