Dinero y poder, detrás de la privatización de Smapa
“No estoy ni a favor ni en contra de la privatización, sino a favor de escuchar todos los comentarios que tenga la ciudadanía…”.
Con esta frase ambigua y digna de la más arcaica cultura demagógica, respondió el diputado local Emilio Salazar Farías a los periodistas cuando le preguntaron sobre su postura respecto a la iniciativa de concesión del Sistema Municipal de Agua y Alcantarillado (SMAPA) de Tuxtla Gutiérrez.
Sin embargo, más allá de los juegos retóricos que acostumbra, el legislador del Partido Verde Ecologista de México que hace dos semanas acudió como invitado al foro “Sistema de Agua Potable Público Democrático y Transparente”, tiene ya una postura bien definida y es a favor de que la dependencia encargada del servicio del agua en la capital chiapaneca pase a manos de una empresa.
Esa posición no sólo se infiere de sus declaraciones que sostienen que el SMAPA tiene una deuda muy alta y por lo tanto “se tiene que hacer un organismo que funcione para conseguir dinero y cambiar absolutamente su sistema administrativo”, sino porque Salazar Farías se ha convertido en uno de los principales cabilderos de una las firmas que pretenden ganar la licitación.
El diputado, coordinador de la bancada del PVEM en el Congreso, preside la Comisión de Hacienda que se encargará de elaborar el dictamen sobre la iniciativa privatizadora enviada por el Ayuntamiento tuxtleco, que luego se presentará al pleno para su aprobación o rechazo. Y desde esa posición estratégica, Salazar se ha estado reuniendo sigilosamente con los actores clave para pedirles su respaldo al proyecto de Mejora Integral de Gestión (MIG).
Los métodos usados para persuadirlos no son precisamente éticos. Mientras que públicamente se pronuncia por escuchar las diferentes propuestas e incluso señala que la administración del SMAPA no ha sido transparente, se sabe de buena fuente que el legislador ha ofrecido varios millones de pesos a los líderes sindicales de la dependencia municipal, para que acepten la privatización del servicio de agua potable y consientan las nuevas condiciones laborales que establezca la compañía operadora. El tono imperativo que usa para tratar de convencer a los opositores habla de la urgencia que tiene porque se concrete la privatización. Contrario a lo que él dice, sí hay prisa porque se apruebe el MIG; y si el dictamen permanece en suspenso no es porque se esté analizando la iniciativa y se busquen otras alternativas, sino porque todavía no se tienen los amarres suficientes que garanticen la estabilidad necesaria para la transacción con los inversionistas privados.
Si Emilio Salazar Farías logra operar eficazmente la aprobación del concesionamiento del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, que incluye recolección, distribución y cobro del líquido, se anotará un gran mérito… pero ante los grupos de poder y las empresas que buscan el negocio (¿Suez, Veolia, Thames Water/RWE, Aguas de Barcelona, Anglian Water, Biwater?), no ante los ciudadanos tuxtlecos que exigen un servicio eficiente, de calidad y a precios accesibles. Si el diputado del PVEM logra su cometido también habrá dado un paso importante en su carrera a la alcaldía capitalina, porque debido a sus “buenos oficios” tendrá asegurado quien le financie su campaña electoral.
Para Salazar el fin justifica los medios, y en ese sentido hará hasta lo indecible por conseguir sus objetivos políticos. Por supuesto, no le interesa pensar el agua como un derecho humano, la apropiación de ella por empresas transnacionales, ni lo que venga después en la calidad del servicio y los costos altos que exigirá obtener la plusvalía. Sus discursos y declaraciones sobre democracia, honestidad y transparencia, sólo son demagogia.
DESGRACIA Y LUCRO.- Los desastres naturales son una triste coyuntura para poner a prueba la solidaridad de la sociedad con los damnificados, pero –desafortunadamente— también para el lucimiento personal y el lucro político con la desgracia. Lo que debiera ser un acto espontáneo, sincero y fraterno hacia el prójimo caído en el infortunio, se convierte en una acción premeditada para obtener notoriedad, lucimiento y renta publicitaria. Son usos y costumbres de la política que debieran desaparecer porque desvirtúan la grandeza de un acto humanitario convirtiéndolo en una práctica degradante. MÁXIMA PLEITESÍA.- Otra actitud muy extendida en la clase política es la exacerbada pleitesía que se le rinde a los gobernantes, sobre todo entre aquellos que quieren congraciarse con el poder para recibir sus favores. Suelen ofrecer, además de halagos y adulaciones, “trascendencia histórica” agrandando el culto a la personalidad y poniendo en un pedestal ilustres nombres y apellidos. En el pasado fue la “estirpe” Sabines, hoy es Velasco Suárez. Es entendible, sabemos de las aspiraciones personales, pero es lamentable que quienes dirigen la llamada máxima casa de estudios caigan en esas costumbres poco edificantes y comprometedoras de la autonomía universitaria. CASTELLANOS, A ESCENA.- En el reality show preelectoral, toca el turno este sábado a Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, presidente de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional y vicepresidente de las comisiones de Justicia, Gobernación y Puntos Constitucionales, y Hacienda. Promociona su informe de actividades legislativas como un candidato en cierne, derrochando en publicidad. Veremos si va más allá de la enumeración de sus “logros” como diputado plurinominal.
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