El pacto de impunidad

Peña Nieto y la impunidad. Imagen: Revolución tres punto cero

Cuando los estrategas de Presidencia comenzaron a organizar el programa de publicidad sobre las reformas estructurales, y en particular para promover la reforma energética, lo hicieron con la clara intención de demostrarle a la sociedad que ha sido crítica con sus reformas que su postura es inamovible y que tiene cómplices en muchos medios para demostrarlo.
 
Las apariciones del presidente en la televisión matutina y en el especial paradójicamente bautizado “Conversaciones a fondo” son un puñetazo en la mesa, un grito del patriarca para decir las cosas son así porque yo lo digo; son una muestra de la debilidad del presidente que se siente profundamente afectado frente a la crítica y se ve en la necesidad de crear un ambiente quirúrgicamente controlado para hacer un montaje que simule el diálogo.
 
Televisa organizó esta entrevista artificiosa, y de paso humilló a Ricardo Salinas Pliego (dueño de TV Azteca) invitando a Lilly Téllez a posar como maniquí del periodismo “zombie” y adulador.
 
Criticar esta estrategia de medios no es útil sin entender el contexto en que se está construyendo el discurso de la “estabilidad nacional”.
 
Podemos comprenderlo si miramos los documentos fabricados por los gobiernos falseando las cifras de delincuencia. Todo parece indicar que la estrategia peñanietista se basa en la idea metafísica del decreto: si decretas que todo va mejorando eventualmente mejorará.
 
Miente para afectar la percepción de la realidad, dice un libraco de autoayuda que probablemente haya leído algún asesor de Los Pinos.
 
Para entender a dónde va Peña Nieto necesitamos recordar que durante la alternancia panista se desmoronó el régimen priista experto en administrar la violencia y la ilegalidad. De la impunidad administrada llegamos a la impunidad masificada.
 
Durante la época de oro del priismo se regularizó la violencia dentro del acuerdo social, se asimiló la tolerancia hacia la corrupción, se masificó la impunidad.
 
Ya no era sólo para élites empresariales y políticas, de pronto la delincuencia organizada irrumpió para insertarse en el poder formal, comenzó a controlar los mercados informales y a infiltrarse en los formales por medio del “blanqueo” de capitales e invirtieron en campañas políticas.
 
Tantas décadas de gobiernos de simulación priista reventaron con la llegada del PAN y su gobierno desarticulado y opresor, pero con una apertura que los medios no habíamos conocido. Ahora ha vuelto el PRI y logró cooptar a la CNDH para demostrarnos que la cultura de los Derechos Humanos no se solidificó.
 
Hay una estrategia política detrás del silenciamiento del disenso y de la unificación de criterios editoriales en muchos medios, y esto es importante porque cualquiera que entienda los principios de los gobiernos opresores sabe que éstos hacen todo lo que está en sus manos para ocultar el caos que genera la diversidad ideológica, esa diversidad que eventualmente crea movimientos sociales cuya meta es hacer contrapeso al poder formal en la búsqueda de justicia y equidad.
 
El mercado ilegal ha sido una válvula de escape para la exclusión social y a la vez la delincuencia organizada es una forma de vida sostenida en un pacto de Estado. Ese pacto se rompió el sexenio pasado y se debilitó la capacidad del Estado para administrar la violencia.
 
Ahora arrasan con los mecanismos de transparencia y nos dicen que los están fortaleciendo mientras los hechos demuestran lo contrario. 
 
Lo cierto es que las estadísticas de impunidad y corrupción han demostrado una y otra vez que el Estado no está capacitado para imponer la ley; por eso construyen un simulacro de estabilidad política y económica.
 
Definimos la impunidad como la ausencia de castigo de un delito, sin embargo tiene muchas caras, la impunidad se construye primero con el simulacro del Estado de Derecho. La estrategia de simulación que se está montando tendrá un costo monumental para la sociedad y para los medios.