¿Tratantes en el Senado?

En lo oscurito y a todo vapor, un grupo de senadoras pretende esta misma semana enviar a la Cámara de Diputados una propuesta que desactiva la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. ¿Qué hay detrás de esta propuesta?

Durante los últimos ocho años las organizaciones civiles que trabajan contra la trata de personas se afanaron arduamente para que la Federación y los congresos de todo el país aprobaran leyes específicas, para abordar este delito desde una perspectiva integral.

A pesar de que esta ley fue aprobada apenas en 2012, los resultados han sido evidentes porque se construyó sobre un andamiaje de años de sensibilización y capacitación.

Las procuradurías de diversos estados han registrado un número mayor de víctimas rescatadas y de tratantes consignados adecuadamente.

Las agencias especializadas han recibido capacitación y sienten que por primera vez en la historia tienen herramientas jurídicas para abordar delitos tan complejos como éstos. Hasta hace poco las procuradurías y jueces seguían hablando de lenocinio, hoy son la minoría. Ya 19 estados han aprobado la ley contra la trata, faltan 13.

Las senadoras que van a sacar el dictamen esta semana son Adriana Dávila (PAN) del estado de Tlaxcala, el bastión más importante de la cultura del proxenetismo en el país.

De Tlaxcala ha salido el mayor número de adolescentes y mujeres jóvenes engañadas por tratantes, llevadas a Estados Unidos para prostituirlas. Tlaxcala tiene una larga historia de proxenetismo político, que va desde gobernadores hasta diputados y alcaldes.

Resulta alarmante que la que propuso desactivar la ley sea justamente la senadora Dávila. Por otro lado, Lucero Saldaña (PRI), de Puebla, es una respetada experta de violencia de género; ha dado grandes batallas en su estado y fuera de él contra la explotación de mujeres, niñas y niños, por eso extraña su participación silenciosa.

Luisa María Calderón (PAN) sabe muy bien que Michoacán se ha convertido en un bastión de trata de menores de 18 años por parte de los narcotraficantes, quienes les esclavizan para trabajar en sembradíos, y les utilizan como carne de cañón para la vigía y movilización de drogas.

Margarita Flores (PRI), de Nayarit, debe saber que su estado, en colindancia con Jalisco, se está convirtiendo en escondite de pedófilos y tratantes de menores de edad, y por el lado de Sinaloa opera la cooptación de menores de edad esclavizados para el narcotráfico.

También está la firma de Angélica de la Peña (PRD) reconocida feminista, experta en Derechos Humanos, género e infancia.

En síntesis, lo que proponen las senadoras y sus abogados es desarticular el poder de la ley de trata (quitarle los dientes), derogando los artículos que establecen estándares de la atención especializada a víctimas, eliminan la reparación del daño, la severidad de penas cuando el tratante es un funcionario público o pertenece a algún cártel.

Derogan también los artículos 19 y 20 que castigan a los dueños de bares y clubes que engañan a las mujeres para prostituirlas. Es grave que eliminen la explotación laboral como una forma de trata; sabemos por la OIT que 20.9 millones de personas son explotadas laboralmente al margen de la ley.

Derogan el artículo 44 que exige se decomisen los bienes de tratantes para pasar a formar parte del fondo para las víctimas. En el Presupuesto de Egresos 2014 no se aprobaron recursos para atención a víctimas de trata; las enormes ganancias que genera este crimen deberían ser puestas a beneficio de las víctimas, no de los victimarios.

Eliminan igualmente los artículos que exigen transparencia de servidores públicos y castigan penalmente a periodistas que cubran casos de trata de personas. Los tipos penales se difuminan y quedan casi en lo genérico (como estaban antes).

Está claro que los tipos penales y cualquier reforma que dote de mayores herramientas a las y los operadores y juzgadores deben evaluarse con detenimiento y homologarse los ordenamientos estatales y federales.

Las leyes deben mejorar, pero esta propuesta ignora que existe una Ley Modelo Contra la Trata de Personas de la ONU, en la que se basa la norma existente contra la trata.

Esto nos hace sospechar que justo cuando se tocan los intereses económicos de los grandes tratantes, le arrebatan poder a la ley, argumentando que en la nueva Ley General de Víctimas todas las víctimas (mezcladas y difusas) caben; sin duda algo está podrido en el Senado y debemos averiguar su origen.

Ciertamente hay un debate sobre hacer menos leyes y más efectivas, pero esta propuesta hace lo contrario. ¿Qué sucede con nuestras senadoras?

Twitter: @lydiacachosi

*Plan b es una columna publicada  en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.