Primer año (sabático) de “gobierno verde”

Manuel de paseo en San Cristóbal, con su novia la cantante Anahi. Foto: Archivo

Entre viajes, la farándula, el deporte y el chacoteo, el primer año de administración gubernamental transcurrió. No existe acción de gobierno que resaltar y reconocer, solo administración y representación.

Suele ocurrir que cuando un nuevo gobierno arriba al poder, sus primeras acciones se dirigen a desmarcarse del predecesor, sobre todo  cuando éste último es cuestionado. Se trata de mostrarle al pueblo que votó en las urnas, que el nuevo gobierno no será igual, que no repetirá las malas prácticas políticas, que habrá un cambio.

En Chiapas el cambio de gobierno no se ha percibido en acciones de gobierno que favorezcan a la ciudadanía. Al contrario, el restablecimiento de impuestos relacionado con la tenencia de vehículos, o la terminación de los apoyos económicos a las personas mayores, más allá de las justificaciones que puedan ofrecerse, representan acciones contrarias a las obligaciones constitucionales del gobernador en función del desarrollo social y el respeto a los derechos humanos.

En este primer año el gobernador parece ejercer únicamente sus facultades constitucionales relacionadas con la remoción y nombramiento de funcionarios, y haber desistido de sus obligaciones también constitucionales. Así por ejemplo, cuidar los fondos públicos representa una obligación del gobernador; sin embargo, no se cumple con ella cuando, pese a la probada e insultante corrupción en que incurrió la administración anterior, no se activan los mecanismos administrativos y penales para su investigación y sanción.

La corrupción tiene efectos directos en el ejercicio de los derechos humanos, en todos, pero fundamentalmente en los de carácter social. Esta relación puede verse con claridad en la falta de obra social, en la falta de equipo y medicamentos en hospitales; en la falta de infraestructura educativa, entre otras. De ahí que la necesidad de ajustar cuentas con la administración anterior representa un imperativo categórico y una obligación constitucional a la que el gobernador no debe renunciar, so pena de complicidad. La legitimidad y fortaleza de este gobierno depende, en parte, de investigar y sancionar el mal uso de los recursos públicos.

A la inacción del gobernador para asegurar la transparencia financiera, cuidar los fondos públicos, y la reducción de derechos y beneficios económicos, debe también añadirse que en este primer año las acciones de fortalecimiento económico o laboral brillaron por su ausencia. La actividad económica se desarrolló al margen de la actividad gubernamental y las oportunidades de trabajo disminuyeron consecuentemente.

En el ámbito de la procuración y administración de justicia, las instancias representativas continúan con sus cuestionadas prácticas y percibiéndose con desconfianza. La procuración de justicia continúa siendo utilizada con finalidades políticas para castigar a líderes sociales, y la administración de justicia como cómplice de las violaciones a los derechos humanos. De hecho, el Poder Judicial del Estado mantiene una instancia, conocida como Mesa de Reconciliación, que se ha erigido en el juez supremo que libera a todas aquellas personas a quienes se les han violado sus derechos humanos.

No se percibe un compromiso genuino con los derechos humanos, es más, en lo que va de la administración desaparecieron incluso del discurso. De manera torpe se promueve la transformación del Consejo o Comisión de Derechos Humanos, pero no para dotarlo de eficacia para cumplir su función, sino para incorporarlo como entidad subordinada en los hechos al poder político. Mientras tanto aumentan los feminicidios, continúa la tortura, las mineras se expanden con efectos negativos en los derechos humanos, los derechos indígenas continúan siendo ignorados.

La ausencia de gobierno efectivo y en beneficio de la ciudadanía durante este primer año, sugiere que el mismo ha transcurrido como un año sabático para el gobernador, es decir, le estamos pagando para que se dedique a actividades diferentes a las que constitucionalmente le corresponden. Aún más grave es el hecho de que el gabinete goza también de esta prerrogativa.