La corrupción y los aportes desde Chiapas

Uno de los valores más importantes a proteger es la confianza de la ciudadanía en la gestión pública y en el ejercicio de las funciones publicas por parte de lxs encargados de la misma. Si la sociedad no confía en la pulcritud del ejercicio público, difícilmente accederá a los servicios que se prestan puesto que hacerlo le requerirá gastos adicionales.  El comentario viene al caso a propósito de la calificación nada honrosa que Transparencia Internacional otorgó a México en la lista de países con menos transparencia. De un rango de 177 países, México se ubica en el lugar 106, lo que se traduce en un bajo nivel de confianza de la ciudadanía y uno alto en corrupción.

También es oportuno comentar al respecto si consideramos que una lista chiapaneca de Forbes (revista que publicó una lista de las diez personas más corruptas en México) estaría encabezada por los dos últimos gobernadores. La lista Chiapas se distinguiría de la nacional en que nuestros corruptos obtuvieron sus recursos exclusivamente de fondos públicos.

Uno de los bienes jurídicos protegidos es, evidentemente, el patrimonio del Estado, pues muchas de las conductas de corrupción, como hemos dicho, implican la desviación de los recursos del Estado hacia fines privados. Es evidente que tales conductas no serían posible si los autores no contaran con la complicidad de las autoridades. El caso de Chiapas es más que ilustrativo: la impunidad de Sabines solo se explica en la complicidad del Gobernador.

En México existe una extendida creencia de que cualquier gestión pública requiere “mordida” para conseguir resoluciones favorables o agilidad en el trámite. La perdida de la confianza, redunda también en una afectación a la sociedad como otro bien jurídico protegido, a la par del orden moral que también resulta afectado por tales conductas.

En cuanto a medidas preventivas que habría que tomar para evitar las prácticas de corrupción, habría que partir de la consideración de que el problema se encuentra en el sistema más que en los individuos, por lo que se debe impulsar cambios culturales y una renovación moral en la sociedad.

De igual manera, resulta de fundamental importancia la participación de la sociedad civil en la promoción, difusión, y adopción de los principios y valores de la ética pública, así como la vigilancia y control del ejercicio público mediante el acceso periodístico a la gestión publica.

Con relación a las sanciones, éstas deben considerarse como medidas que, cuando son aplicadas eficazmente, pueden disuadir conductas de corrupción; sin embargo, las mismas deben acompañarse de otras medidas tendientes a evitar dichos actos. Por ejemplo, las políticas de ética publica deben ir acompañadas de adecuados sistemas de estimulo laboral para los funcionarios públicos, que reconozca adecuadamente la excelencia en el desempeño.

En cuanto a la conexión con los derechos humanos: la corrupción incide, a veces directamente, sobre las causas de los derechos humanos que se defienden ante los órganos de la administración pública. Otras veces, la misma corrupción genera violaciones a los derechos humanos, como cuando no se investiga un caso por razones de favoritismo o protección al funcionario-a implicado. En ese sentido, los organismos de vigilancia y control del ejercicio público, contarían con razones de más para involucrarse en el combate y prevención de la corrupción.

Como puede fácilmente advertirse, la corrupción tiene múltiples presentaciones. La forma más común y cotidiana es la clásica mordida a cambio de la agilización o de la prestación de un servicio. A veces la mordida puede convertirse en extorsión, como cuando un agente de la Policía Federal Preventiva (cuestión no hipotética) te detiene en la carretera y te dice, luego de preguntar a qué te dedicas, que tu vehículo cuenta con reporte de robo. No siempre tal situación es real, muchas veces es el preludio de la negociación.

La corrupción también se presenta cuando la vía para acceder a una posición laboral o de servicio público se utiliza el amiguismo, el compadrazgo o el soborno. De hecho, ésta es una de las prácticas más utilizadas en el servicio público; ninguna persona que confíe en sus méritos profesionales o sus capacidades personales arriba a una posición si no es con el “apoyo” del amigo, el compadre o el familiar. Bajo esas circunstancias, no se puede esperar que el servidor público se conduzca con pulcritud en su trabajo.

En fin, la corrupción se encuentra en la mayoría de los ámbitos de nuestra vida en sociedad, y erradicarla, requiere, efectivamente, una nueva cultura, además de una voluntad política, que en Chiapas no se percibe.