La embestida de Trump en Guatemala

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/542906-guatemala-reconstruira-centro-migrantes-fondos-usaid/amp

Por Verónica Haydee Paredes Marín[i]

El gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala no ha podido cumplir con la expectativa popular que en su momento forjó en su carrera para ocupar la presidencia. Después de una seguidilla de políticos que hundieron al país en la peor crisis desde su retorno a la democracia, la esperanza de un cambio era tanta, que resultó inevitable que cualquier evento desafortunado traería un catastrófico desencanto en la población.

El problema de la incapacidad de Bernardo Arévalo para hacer gobierno se ha centrado en tres aspectos. El primero, tiene relación con la permanencia de las estructuras de corrupción que se han enquistado en otros espacios de poder, cuya cara más visible es el Ministerio Público (MP), liderado por la fiscal Consuelo Porraz. Aunque también se encuentran en el sistema Judicial, la Corte de Constitucionalidad, la Universidad estatal, el Congreso e incluso en espacios Colegiados que tienen relevancia en decisiones nacionales como el Colegio de Abogados. Este corrupto e impune sector, es el que ha dado constante golpeteo al gobierno, impidiendo de diversas maneras la capacidad gubernamental.

Por otro lado, el gobierno tuvo que asignar ministerios y secretarías a personas que, inicialmente, no eran parte del núcleo político de Semilla, lo que provocó que no tuvieran del todo la visión del partido. Pero, aunque tuvieran la intención, dentro de cada Institución también se mueven mafias internas que perpetúan la ineficiencia gubernamental. Y una tercera razón radica en la vocación diplomática de Arévalo, así como el miedo a actuar ante la alta judicialización por el MP de cualquier acción que atente contra el “Pacto de Corruptos”[1]. Estas situaciones han hecho que se perciban incapaces, poco activos, tomando decisiones con demasiada calma o simplemente evadiendo acciones, causando una estrepitosa caída en la aceptación ciudadana y que les ha debilitado aún más. Así, este gobierno ha intentado gobernar sobre un campo minado y con la constante amenaza de que aún puedan ser depuestos.

Este fue el escenario con el que se encontró Marco Rubio, nuevo secretario de Estado de Donald Trump, en la gira que realizó por Centroamérica el pasado mes de febrero. Arena que le favoreció para la imposición de sus nuevas condiciones de “colaboración y cooperación” con este gobierno y en el que, por debajo la mesa, Arévalo obtuvo de beneficio, únicamente el que no se favoreciera el apoyo al pacto de corruptos por los Estados Unidos. Sin embargo, esto acarreó al país la obligación de continuar las relaciones con Taiwán y el apoyo de la agenda migratoria estadounidense, llevando a asumir la creación de patrullajes fronterizos y aumento del 30% en la recepción de aviones con deportados nacionales, así como el uso de suelo para aquellos de otras nacionalidades.

El golpe de los Estados Unidos hacia Guatemala no ha venido únicamente de esta visita de Estado. La reciente cancelación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), ha significado tanto al gobierno como a la sociedad civil organizada (ONG’S) un remezón del que le costará recuperarse y obligará a profundas reorganizaciones.

La agencia que se instaló desde el conflicto armado interno como una de las políticas de control norteamericano en el marco de la Guerra Fría y la lucha contrainsurgente, creó poco a poco una dependencia en el Estado. A tal punto que llegó a sostener mucho del funcionamiento estatal en temas como salud, justicia, entre otras y que encontró terreno florido en un país con gran presencia de Organizaciones No Gubernamentales, las cuales fungieron como sus contrapartes operadoras que acataban la agenda programada para el país. Y de las cuales dependían  tanto la cooperación en especie, como el pago de la cooperación técnica a través contratos, consultores e incluso, la operación administrativa de estas organizaciones que “fortalecían al Estado”.

Un ejemplo de estos es el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022-2023 en Guatemala, cuyo rubro de salud era de 15.3 millones de dólares[2]. Mientras que el programa USAID contemplaba para este rubro una erogación de 19.4 millones de dólares entre julio de 2020 a septiembre 2025[3]. Con dichos fondos se sostenían programas de planificación familiar, acceso a medicamentos retrovirales para VIH, atención en salud materno infantil, programas de reducción de desnutrición crónica, análisis de situación en salud entre otras. Por lo cual el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo han tenido una dependencia desmedida de USAID para proveer servicios básicos en primer nivel de atención y a otras poblaciones vulnerables.

En el tema migratorio el programa de “recepción digna y la reintegración sostenible de los migrantes retornados para evitar una nueva migración” tenía destinado un total de 33.7 millones de dólares. A pesar de que para todos los otros rubros hubo un cese inmediato de los proyectos, el 12 de marzo, en una gira conjunta entre el presidente Arévalo y Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las migraciones (OIM), se anunció la remodelación del centro de recepción de migrantes en la ciudad fronteriza de Tecún Uman y que será financiado totalmente por USAID. La agencia inyectará para ello 220 mil dólares y será ejecutado por la OIM. Según la información de gobierno, este centro tendrá capacidad de albergar la atención de 250 migrantes a la vez.

A pesar de que en el discurso de esta visita se hizo hincapié en que está pensado en la gestión de la recepción de guatemaltecos retornados bajo el plan “retorno al hogar[4]”, los datos de recepción de connacionales por frontera terrestre son menores que la recepción por vía aérea[5]. Por lo que definitivamente, este es un centro pensado para aquellos deportados extranjeros que dejan en la frontera de México con Guatemala y que empata con la nueva política migratoria de Trump.

La firma de los acuerdos (o extorsión diplomática norteamericana) en materia migratoria entre Guatemala y Estados Unidos aún está pendiente. Pero probablemente la reconfiguración de la “cooperación para el desarrollo” de USAID tendrá como agenda principal financiar los acuerdos de las deportaciones y el patrullaje fronterizo. Sin embargo, algo en lo que seguro no apuntarán en estos planes, es en revisar y evitar la vigorización de la impunidad de “grupos de seguridad destinados a control migratorio” que han venido fortaleciendo el negocio de las extorsiones a migrantes, e incluso nacionales. Lo que deja una crisis profundaque agudiza aceleradamente la debilidad institucional y fortalece los nichos de corrupción en funcionarios rasos, que finalmente se convierte en otro factor que estimula la migración hacia Estados Unidos.

Notas

[i] Investigadora de estancia posdoctoral en El Colegio de la Frontera Sur, unidad Tapachula. Colaboradora del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA). Correo electrónico: vparedesmarin@gmail.com

[1] Se refiere a una serie de acciones y acuerdos entre políticos, empresarios y otros actores poderosos para protegerse mutuamente de investigaciones y sanciones relacionadas con la corrupción. Este pacto busca mantener el estatus quo y evitar que los responsables enfrenten consecuencias legales por sus actos ilícitos.

[2] https://pbdigital.paho.org/es/2024-2025/country/guatemala

[3] https://no-ficcion.com/que-proyectos-de-cooperacion-con-ee-uu-han-sido-congelados-guatemala/

[4] https://guatemala.gob.gt/plan-retorno-al-hogar/

[5][5] Los datos reportados como ingreso por vía terrestre por el Instituto Guatemalteco de Migración hasta marzo de 2025, ascendía a 873 guatemaltecos que ingresaron por vía terrestre en los buses de deportados provenientes de México, mientras que datos registrados en enero de retornos por vía aérea, ascendía a más de 2800 guatemaltecos https://agn.gt/guatemala-ha-recibido-a-870-retornados-via-terrestre-este-ano/  y https://cnnespanol.cnn.com/2025/01/27/latinoamerica/en-2025-han-deportado-a-casi-3-300-migrantes-guatemaltecos-desde-estados-unidos-y-mexico-que-pasara-con-ellos