Amenazar a una periodista

Pantelhó. Foto: Ángeles Mariscal

Vencer el miedo, incertidumbre y la autocensura

El 15 de julio de 2021 recibí un mensaje por facebook, era una amenaza. La amenaza vino por una nota relacionada con el caso Pantelhó. Quienes vivimos en Chiapas sabemos que aquí la violencia criminal en el estado se potenció a partir de ese año, en ese mes.

En Pantelhó el alto nivel de violencia criminal se evidenció con el asesinato de Simón Pedro, líder de Las Abejas de Acteal. Luego, en este municipio salieron a la luz pública el grupo de autodefensas que se formó como respuesta al sometimiento, asesinatos y desapariciones cometidos contra la población desde años antes, no solo en este municipio, sino en Chenalhó y, me atrevo a decir, en Aldama y otros de la zona, como Simojovel. La violencia estalló no solo en la sierra y la frontera, sino en estas otras regiones.

A Pantelhó teníamos miedo de entrar a reportear, nunca habíamos visto a grupos armados de la magnitud que, después, desafortunadamente, se nos fue haciendo una cotidianidad. Pero nos armamos de valor y llegamos el 9 de julio.

Ahí pudimos comprobar que integrantes de grupos criminales ligados a políticos y autoridades municipales intentaron manipularnos con una primera versión de lo que ahí sucedía. Después, en territorio, logramos desentrañar la magnitud del problema y de los intereses que ahí estaban en juego, los que no son ajenos a lo que estaba pasando en la zonas sierra y fronteriza del estado.

El haber vencido el temor y ver los hechos en territorio fue un recordatorio del necesario escepticismo y lo imprescindible que es para el periodismo llegar para verificar, hablar con la población y contraponer las “versiones oficiales”.

En una de las llegadas a Pantelhó, pobladores denunciaron que estaban lanzando bombas contra ellos, una situación impactante. Vimos casas estalladas, los huecos que habían dejado en las paredes los trozos de metal que el grupo criminal agresor introdujo entre la pólvora de los explosivos, para hacer su efecto más letal. Escribí la crónica de ese día, “Bombas, la estrategia de terror que usan grupos criminales en zonas indígenas”. Eran los primeros días de esa guerra que aún no termina.

La amenaza en mi contra vino pocos días después, relacionada con esa nota. Se trató de un mensaje donde palabras más palabras menos, exigía que borrara la publicación; advertía que si yo no lo hacía, si yo denunciaba ante las autoridades o hacía hacer pública la amenaza, iban a poner una bomba en mi lugar de trabajo. Todo esto en un lenguaje sumamente agresivo.

Recuerdo que ese día lloré más de enojo e impotencia que de temor. Si cedía y borraba la publicación ¿qué sentido tenía entonces mi trabajo? Lo veía como una sentencia a la censura inminente.

En medio de la incertidumbre y de preguntarnos quién o quiénes podrían estar detrás de esta amenaza, analizamos las condiciones por las que estaba atravesando Chiapas. Consideramos que la amenaza había que tomarla con seriedad.

La decisión del equipo fue ocultar la nota provisionalmente, no hacer pública la amenaza, informar del caso sólo con quien tenía que saberlo, e interponer una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la República, para que lo atrajera la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la. Libertad de Expresión (FEADLE). Así lo hice.

Personalmente decidí que, aun con el temor y la incertidumbre, iba a regresar a Pantelhó y seguir documentando lo que ahí sucedía, no me iba a autocensurar. Decidí documentar todo lo que sucede ahí en otros municipios y regiones, pero de manera mucho más profunda, pausada, integral; desde muchos ángulos, incluso desde la academia. A estas alturas puedo decir que algo positivo resultó de esto.

En el caso del proceso penal vinieron los peritajes, mostrar mi equipo de cómputo, ratificar los hechos, etc. Pasaron dos años en los que creí que esto había quedado en el archivo. Una tarde recibí una llamada de quien me dijo era el Ministerio Público que llevaba el caso, habían encontrado una pista y a la persona presuntamente responsable. Otra vez regresó la incertidumbre, el analizar los riesgos de si continuar o no el proceso, en este momento ya con el acompañamiento de Miguel Ángel de Los Santos, un abogado siempre aliado y solidario con las y los periodistas. Decidimos seguir.

Los detalles del caso son largos, sólo puedo decir que se concluyó que la amenaza vino de una persona que actuó en solitario, desde un lugar en el norte del país. Se argumentó que esta persona actuó en el contexto de la inestabilidad emocional que en muchas personas ocasionó la pandemia. Yo, decido quedarme con esta versión y tratar de cerrar el ciclo. Hablo de esto ahora, lo hago público por varias razones.

1. Se acordó con esta persona que como parte de la sentencia se realizaría una disculpa pública. Así que vi necesario dar mi versión de los hechos.

2. Porque quiero que esta experiencia le sirva a mis otros colegas. No es fácil vencer el miedo, la incertidumbre y la autocensura; pero no podemos decirnos periodistas si por estas condiciones dejamos de acudir a territorios, de dar la versión de las personas afectadas en este caso por la violencia, si no contrarrestamos las voces oficiales y las de quienes buscan manipular/usar/tergiversar el trabajo periodístico.

3. México sigue ocupando los primeros lugares a nivel mundial de agresiones, amenazas, asesinatos, desaparición a periodistas. No darle continuidad en mi caso representaba seguir perpetuando la cadena de impunidad que permite esto. En la audiencia judicial donde se dictó sentencia, le dije a esta persona: “no se trata de ti y de mi, no se trata de dos personas en lo individual. Quizá no dimensionas todo el daño que causaste. Se trata del daño que una amenaza puede causar a toda una sociedad, porque el trabajo periodístico atraviesa no solo la libertad de expresión, sino el derecho a la información de la ciudadanía; se trata de miles de personas afectadas por la violencia, cuyas voces pueden quedar calladas con la autocensura [por temor] de los periodistas”.

4. Veo importante también que se conozca la capacidad que tiene el personal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADLE) para investigar las denuncias y persistir hasta encontrar a culpables. Quiero pensar que no se trata solo de un acto de “suerte” el que los peritos y el Ministerio Público asignados al caso hayan sido persistentes, diestros y con mucho potencial en la investigación. Habrá que analizar qué es lo que hace que muchas investigaciones se desechen o archiven, y aunque parece obvio que hay casos donde intereses de grupos de poder presionan para que esto suceda, otra es la falta de seguimiento por parte de las personas denunciantes.

Pasaron tres años y medio desde la amenaza hasta que el juez asignado dictó sentencia, el 7 de febrero pasado: tres meses de prisión (que se pueden cambiar por trabajos a la comunidad), una disculpa pública y reparación del daño. Parece poco pero esta es una experiencia aprendida, espero que no solo para mí.