El retorno de Trump y la amenaza de la deportación masiva

Imagen: https://www.nytimes.com/es/2024/11/18/espanol/estados-unidos/donald-trump-deportaciones-masivas-ejercito.html

Por Neil Harvey[i]

La elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos el 5 de noviembre pasado representa un grave peligro para la población indocumentada en los Estados Unidos, así como para los numerosos migrantes que buscan solicitar asilo en ese país. Durante su campaña electoral, Trump prometió llevar a cabo la mayor deportación masiva en la historia de los Estados Unidos (a pesar de una caída en el número de arrestos en 2024 y de políticas de asilo más estrictas ordenadas por la administración de Biden en los últimos dos años). La mayoría de las estimaciones ponen la cifra de personas indocumentadas en Estados Unidos en alrededor de 11 millones, aunque puede ser mayor, y Trump se refirió a 20 millones. Su campaña utilizó una fuerte retórica antiinmigrante, afirmando que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre” de la sociedad estadounidense y son criminales peligrosos, a pesar de que la proporción de delitos cometidos por ciudadanos estadounidenses es mayor y que el mismo presidente electo es un delincuente convicto por 34 cargos de delitos en su contra.

Trump y su candidato a vicepresidente también hicieron afirmaciones falsas sobre inmigrantes haitianos diciendo que mataban y comían mascotas en una ciudad de Ohio. El resultado electoral a su favor reveló que muchos estadounidenses creen que la administración de Biden perdió el control de la frontera sur. El mensaje de Trump, a pesar de sus falsedades, logró ganar el apoyo de los votantes y llevarlo de regreso a la Presidencia.

No debería haber duda de que Trump toma en serio sus planes de aumentar las deportaciones, pero todavía hay dudas sobre cómo sucederá esto frente a obstáculos logísticos, legales y financieros. También tendrá que tomar en consideración los probables impactos económicos de la deportación de trabajadores indocumentados de sectores importantes que han dependido de esos trabajadores durante muchos años.

El afán de Trump para implementar su plan de deportación se refleja en varios de sus principales nombramientos en su administración, en particular Tom Homan, ex director interino del Servicio de Control de Aduanas de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, o ICE, por sus siglas en inglés) quien fue nombrado el “zar de la frontera” para supervisar la deportación de todas las personas indocumentadas, y Stephen Miller, nombrado subjefe de gabinete de políticas públicas. Ambos son conocidos por su enfoque de línea dura para reducir la inmigración indocumentada e incluso legal. Homan ha dicho que su prioridad son los criminales violentos, pero agregó que cualquier persona indocumentada será expulsada. Por su parte, Miller dijo que Trump utilizaría la Guardia Nacional para ayudar a arrestar a personas en masa y detenerlas en campamentos militares antes de su deportación. Para que esto suceda, es posible que Trump declare una emergencia nacional, lo que le permitirá utilizar activos militares para iniciar el proceso de detención y deportación de personas, además de retomar la construcción del muro fronterizo con México.

El costo estimado de la deportación masiva puede actuar como una limitante. Se estima que a Estados Unidos le costaría alrededor de 88,000 millones de dólares al año deportar a 1 millón de personas, o 968,000 millones de dólares en un período de más de diez años. Además, faltan instalaciones de detención suficientes para un número tan grande (actualmente hay 41,500 camas en los centros de detención del ICE). Homan ha dicho que la administración no construirá grandes campos de detención, lo que hace más probable que Trump busque utilizar centros de detención en bases militares, así como aviones militares para vuelos de deportación.

Homan también ha dicho que su plan no incluye una redada masiva de barrios, pero, al menos inicialmente, dará prioridad al arresto y deportación de criminales que sean considerados una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional, aunque potencialmente todas las personas indocumentadas podrían ser detenidas. Por lo tanto, puede producirse un escenario similar al observado a principios de 2017, en el que las personas sin antecedentes penales también se vean afectadas por el aumento de las acciones de ICE en muchas partes del país. También es probable que la administración actúe primero contra aquellos a quienes ya se les han dado órdenes de expulsión. Otros detenidos deberían tener derecho a una audiencia judicial, pero los tribunales de inmigración ya están seriamente atrasados. En este caso, es posible que la administración buscará que se aceleren las deportaciones para evitar los procesos judiciales.

El equipo de Trump también presionará a las policía locales y estatales para que coordine esfuerzos con los agentes federales de inmigración. En la primera administración de Trump muchas ciudades se negaron a colaborar en temas de inmigración, argumentando que carecían de los recursos y la capacitación para hacerlo. También argumentaron que su prioridad era la seguridad pública y que los inmigrantes indocumentados serían reacios a denunciar delitos a la policía si temían ser arrestados y deportados. La confianza en las autoridades locales se vería socavada al trabajar con agentes de inmigración. Los partidarios de los derechos de los inmigrantes están pidiendo a los funcionarios estatales y locales que permanezcan independientes de la aplicación federal de las leyes de inmigración, lo que puede significar que los impactos de la política de deportación de Trump se sentirán de manera desigual en todo el país. Algunos estados, como Texas y Arizona, también han redactado leyes que buscan aumentar los poderes de las autoridades locales para hacer cumplir las leyes de inmigración, aunque actualmente están en suspenso debido a impugnaciones legales en los tribunales.

Otra táctica probable que retomará la administración son las redadas en lugares de trabajo. En algunos sectores, los empresarios ya están expresando su preocupación por el impacto de redadas en sus operaciones, ya que han llegado a depender en gran medida de trabajadores indocumentados. Por ejemplo, a diferencia del programa de visas para trabajadores agrícolas, no hay visas disponibles para los trabajadores de la industria de la producción de lácteos y es poco probable que su fuerza de trabajo sea reemplazada por trabajadores ciudadanos estadounidenses, lo que generaría escasez y precios más altos de sus productos.

Otra amenaza importante es la de la separación familiar. Hasta 4 millones de familias tienen miembros de estatus migratorio mixto y la falta de una reforma migratoria a lo largo de los años ha impedido que los cónyuges obtengan estatus legal. Cuando se le preguntó si la deportación masiva implicaría la separación de familias, Homan respondió fríamente “las familias pueden ser deportadas juntas”. Los grupos de derechos de los inmigrantes han visto un rápido aumento de estas familias en busca de información sobre cómo prepararse para una posible deportación de un miembro de la familia.

Otros programas que han brindado protección contra la deportación también están en peligro potencial. Estos incluyeron el Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas de varios países, incluidos Haití, Honduras, El Salvador y Venezuela, así como el programa de libertad condicional humanitaria que la administración Biden introdujo para ciudadanos cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Una de las probables limitaciones es la negativa de algunos países, como Venezuela y Nicaragua, a recibir personas deportadas de los Estados Unidos.

Por lo tanto, personas de diferentes nacionalidades pueden ser devueltas a México y a otros países que tienen acuerdos con Estados Unidos, como Guatemala, así como a otros “terceros países seguros” que Trump está interesado en negociar. Una gran pregunta para México es cómo planearía recibir a tantos deportados. La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo recientemente que México está preparado para recibir a personas deportadas, pero también argumentó que esto no debería ser necesario ya que los mexicanos son contribuyentes importantes a la economía estadounidense, y pidió un enfoque más humanitario. Sin embargo, Trump planea revivir la política de Permanecer en México que estuvo vigente después del 2019. Esta política tuvo el efecto de obligar a los solicitantes de asilo a permanecer en condiciones peligrosas en ciudades fronterizas mexicanas mientras esperaban su audiencia judicial en Estados Unidos. Si la política de Permanecer en México vuelve a entrar en vigor, es vital que exista un plan fuerte para asegurar la protección de los derechos humanos de esta población, especialmente porque vemos que el flujo de migrantes continúa debido a la falta de mejoras en sus países de origen.

La oposición a estas políticas seguirá pidiendo a los funcionarios estatales y locales que no colaboren con ICE y se opongan al uso de la Guardia Nacional y el ejército en el territorio de sus estados; proporcionar representación legal a los detenidos; exigir que el gobierno no viole las leyes; y ofrecer campañas de educación para que las personas conozcan sus derechos. Por ejemplo, la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas y de la sociedad civil, no sólo en la frontera entre Estados Unidos y México, sino en toda la región desde Panamá hasta Canadá, están coordinando su apoyo a las personas más directamente afectadas a través del Observatorio Socio-Pastoral de la Movilidad Humana de Mesoamérica y del Caribe. Un webinario reciente organizado por Hope Border Institute en El Paso, Texas, (“The US Elections: Now What?) destacó la importancia de recibir a los migrantes con compasión versus las costosas y dañinas políticas de control fronterizo. Casi 200 migrantes han muerto en la zona fronteriza de El Paso sólo en los últimos 12 meses, ya que las personas han sido empujadas a transitar por rutas más peligrosas. Las comunidades fronterizas han luchado durante muchos años para poner fin a la detención de familias y la política de Permanecer en México, al mismo tiempo que presionan y obtienen algunas vías legales para que las personas soliciten asilo. Es muy posible que la administración Trump cierre esas vías en su intento de limitar aún más el asilo y la inmigración. De manera similar, el endurecimiento de las fronteras en Centroamérica y México y el aumento del sentimiento anti-migrante en algunos sectores significan que el imperativo moral de proteger los derechos de los migrantes se ha vuelto más necesario que nunca.

[i] Universidad Estatal de Nuevo México. Correo electrónico: nharvey@nmsu.edu