Guerra judicial
El lawfare -en inglés original- es el poder de lo judicial implementado contra los gobiernos de izquierda, la ley con objetivos políticos. Esta especie de purgatorio se ha realizado en Brasil, Paraguay, Honduras, Argentina, Ecuador… Su finalidad es derrocar a gobiernos por grupos afectados que operan en nombre de la ley para hacer la guerra desde las sombras del propio Estado. No ha sido su blanco los gobiernos de la derecha, lo cual, de entrada, es ya un fenómeno raro, interesante y preocupante, porque llegado el momento, un gobierno de izquierda estaría en riesgo -antes, durante o después-, para ya sea ser derrocados, apresados o impedidos -como ocurre con el expresidente de Bolivia Morales-.
Para algunos se trata de un “golpe de estado”. Un instrumento político para no mostrar un derrocamiento político por la fuerza, como ocurrían con las dictaduras militares. Un “golpe de Estado” disfrazado. Digo raro, pero en realidad, hay en esta moda política, un dinámica “suave” en el proceder, sin que las embajadas y agencias norteamericanas se hagan de la vista gorda en el orbe y en América Latina ha sido más claro. Su articulación no parece ser autónoma, casual, ni espontánea. Probar esta variable externa es difícil pero fácil a la vez. Por un lado, su opacidad, en el proceso que sigue sobre la ley, minando o buscando las piedras para obstaculizar un proyecto con alcances “nacionalista”, “populistas”, “izquierdistas”. Es el poder judicial en guerra contra todo aquello que muestre señales de cambio, transformación, o en su caso, revolución.
Por cierto, en esta forma de conflicto interestatal, el presidente actual de Israel estaba en una situación parecida con el poder judicial de su país, pero con la guerra en curso, pocos se acuerdan de ese previo episodio, y muy probablemente inaugurado a partir desde el 11 de septiembre de 2001. No quiero argumentar que esa guerra lo salvó; pero de que hizo olvidar por momento algo en el que se ponía en riesgo su investidura, no hay duda. Como termine la guerra que tiene en varios frentes, el resultado podría ser el de un presidente convertido en un héroe nacional, o rendir cuentas ante el Poder Judicial. En cambio, el último lawfare, el ex vicepresidente ecuatoriano Glas, quien además de haber sido exhibido prácticamente en tiempo real, como ahora se dice, desde la embajada mexicana, al ser sacado a rastras y llevado a la prisión, donde aún se encuentra. Algo muy parecido se quiso hacer con el expresidente Correa.
Este es el otro brazo del proceso: los medios de comunicación, adversos o en comunión permanente con el anticomunismo, el antipopulismo, el anticastrismo. Porque se trata de mostrar que el mundo vea cómo terminan los gobiernos de izquierda. Es por esto un instrumento de la derecha política. Derrotados en las urnas, su único camino es usar el otro poder constituido. Qué mejor escudo que el de la ley. Algunos presidentes o expresidentes estuvieron fueron mandados a la cárcel por medio de la “justicia”.
En México entramos a otra fase de este conflicto. Inició aquel día en que la presidenta de la Suprema Corte no se puso de pie al arribar el expresidente Obrador en un aniversario más de la constitución. ¿Será el final del camino? De un lado, minimizado por la derecha, está la soberanía popular. Y esto no es tan sencillo de eludir. ¿Qué hay del otro lado?
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