Grupos civiles armados en Chiapas con el permiso del Estado, una historia de un siglo

Por Araceli Burguete Cal y Mayor

En el año 2024 se conmemoran tres fenómenos sociales encadenados entre sí:  tres rebeliones en el siglo XX. En el año de 1914, hace 110 años, irrumpió la primera rebelión en Chiapas, fue un levantamiento liderado por los finqueros, que se levantaron en armas en contra del programa social de la Revolución Mexicana; al que la historia ha registrado como la “rebelión de los mapaches”. La de 1974, la del Primer Congreso Indígena, hace 50 años; una rebelión pacífica, una rebelión de la palabra que se vertió en las ponencias presentadas por las comunidades indígenas organizadas. Y, la de1994, hace 30 años, la rebelión armada del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); la rebelión del ¡Ya basta! Las tres rebeliones están encadenadas y son causales entre sí.

30 Aniversario del EZLN. Foto: Ángeles Mariscal

Las violencias armadas desencadenadas en la historia de Chiapas tienen un origen sistémico. Pobreza desigualdad, clasismo, racismo, patriarcado; falta de desarrollo económico, todo ello se funde para recrear una dominación secular, permanente. Pero, además, tiene una dimensión cultural enraizada en el sistema de la finca y en la condición de frontera sur, en el que su clase dirigente ha tomado el poder político para su beneficio; desplegando políticas con un perfil racista, clasista y patriarcal. En donde los políticos y las autoridades de los distintos órdenes de gobierno han operado para la formación de grupos civiles armados para operar la violencia. Se benefician de ello, lo provocan y lo propician; por lo que se puede hablar de una violencia armada permitida.

Al curso del siglo XX, y hasta nuestros días, en Chiapas han existido numerosos grupos civiles armados, que se han reproducido al mutar sobre sí mismos, en un palimpsesto permanente, en una larga duración. “Los mapaches”, un grupo civil armado que irrumpe en 1914, se organizaron para defender los privilegios de una clase social propietaria; acuerpados por sus mozos y peones. Enfrentaron a los enviados de Venustiano Carranza, quienes pretendían introducir a Chiapas las reformas revolucionarias de la Constitución de 1917, durante la Revolución Mexicana (Tovar:2018)[1].

Los mapaches se opusieron a la Ley del Municipio Libre; a la Reforma Agraria, a la Ley de la Liberación de Mozos, entre otras, decretados por el General Jesús Agustín Castro, Jefe de Operaciones Militares y Gobernador Provisional de Chiapas.  En la perspectiva de este grupo, el rechazo era porque esas medidas estaban “afectando a la familia chiapaneca”. Los mapaches combatieron durante seis años, hasta que finalmente, la coyuntura del triunfo de Álvaro Obregón, en noviembre de 1920, abrió las puertas al diálogo y a la negociación.  Tiburcio Fernández, el principal jefe de los mapaches, secunda en 1920 el Plan de Agua Prieta de Álvaro Obregón y participa como candidato a la gubernatura, que gana en diciembre de 1920.

El historiador Juan González Esponda (2011:76)[2], quien escribió su tesis de maestría sobre la rebelión mapache en la Frailesca, refiere que, una vez concluida la guerra, la rebelión de los finqueros se prolongó, ya que no aceptaron algunas medidas agrarias que se intentaron implementar. Rechazaron acogerse a la Ley de Obreros, que en su artículo 1 establecía: “No hay sirvientes en el estado de Chiapas.”; mientras que el artículo 2 refrendaba: “Las deudas de los sirvientes quedan abolidas” (Reyes, 1992:43)[3].

En los hechos, realizaron el fraccionamiento simulado de sus propiedades; al mismo tiempo que, dado que muchos de ellos permanecieron armados, recurrieron a asesinatos, persecución y encarcelamiento de los agraristas y sus líderes; creando, incluso, grupos armados privados: capataces; caporales, vaqueros y mozos leales, a su servicio

El periodo postrevolucionario se caracterizó por su inestabilidad política; los grupos de poder establecieron sus propias reglas en las regiones, y en lo general intentaron evitar el reparto agrario, y evadir ceñirse a los mandatos de la Constitución de 1917. Pese a esa resistencia, los grupos de solicitantes de tierra comenzaron a expandirse; pero desde el gobierno del estado no había voluntad política para el reparto agrario, y tampoco estaban dispuestos a dar por concluidas las relaciones de peonaje. Por el contrario, contraviniendo la Constitución prolongaron el orden semifeudal de la finca hasta los años ochenta, y en algunos casos hasta la última década del siglo XX.

Aunque hipotéticamente la paz ya se había pactado desde 1920, sin embargo, los finqueros, sus mozos y peones permanecieron armados. En la segunda mitad del siglo XX, algunos gobernadores le dieron legalidad a esa anómala situación. En 1952 el gobernador Efraín Aranda Osorio (1952-1958), autorizó la creación de un grupo policiaco denominado “Cuerpo de policía auxiliar ganadera”, dando legalidad a los grupos armados privados. Más adelante, en 1961 el gobernador Samuel León Brindis aprobó la creación de la “Policía Honoraria Ganadera”, en el marco del Decreto que creaba la Ley Ganadera (Contreras, 2004:15)[4], otorgando legalidad a estos grupos privados de autodefensa. Quienes durante muchos años se hicieron justicia por sus propias manos; configurando un sistema social, el de la cultura de la finca (Toledo, 2002)[5].

Adicionalmente, la protección a las grandes propiedades se litigaba en los tribunales. Entre el periodo de los presidentes Lázaro Cárdenas y Miguel de la Madrid (1934-1988), 9 1, 209, 372 hectáreas era la superficie amparada por certificados de inafectabilidad ganadera. De acuerdo con cifras que aporta María Eugenia Reyes, entre 1934 y 1988 se emitieron 4 112 certificados de inafectabilidad agrícola, y 4, 960 certificados de inafectabilidad ganadera. La autora también destaca el crecido número de “Acciones agrarias con resolución presidencial sin ejecutar”, ascendiendo al número de 59, hasta 1984; cuando la autora cerró la documentación de datos. La acción agraria comprendía dotación; ampliación; Bienes Comunales y Nuevo Centro de Población (NCPE). Las acciones agrarias emitidas, pero no ejecutadas, eran: 3, en la década de los veinte; 1, en la década de los treinta; 4 en la década de los cuarenta; 9 en la década de los cincuenta; 17 en la década de los sesenta; 23 en la década de los setenta, y 2 en la década de los ochenta (hasta 1984) (1992:141-148)[6]. El reducido número está asociado a la lentitud de las oficinas agrarias para hacer avanzar los expedientes.

Fue en contra de estas omisiones, complicidades y maridaje de las instituciones del Estado que cobijaba y reproducía el sistema de la finca, que irrumpe la indignación en 1974. Una rebelión pacífica se manifestó durante tres días, del 13 al 15 de octubre; era el Primer Congreso Indígena Fray Bartolomé de Las Casas, bajo el lema “igualdad en la justicia”. Con una agenda de temas que les preocupaban: tierra, comercio, educación y salud.

Grupos civiles armados en Chiapas con el permiso del Estado, una historia de un siglo

El Congreso fue organizado por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y los gobiernos federal y del estado. El acto inaugural fue presidido por el Obispo Samuel Ruiz, y por el presidente Luis Echeverría y el gobernador Manuel Velasco Suárez. Antes de llegar al Congreso, previamente, se celebraron 56 pre-congresos en los territorios (Morquecho, 2014)[7]. En el desarrollo de las mesas participaron 1 230 delegados (587 tzeltales, 330 tzotziles, 152 tojolabales y 161 choles) que, previamente habían discutido sus ponencias (García de León,1995)[8]. Además de los consensos que sintetizaban las ponencias; cada uno de los participantes llevaron distintas expectativas, como refiere Jesús Morales. Por ejemplo, el periódico Excelsior consignó que en la inauguración del evento en el que estuvieron el presidente y el gobernador, este último pidió al presidente de la República, “que se haga una refinería en Chiapas” (Morales, 2018)[9].

Jorge Santiago recoge algunos fragmentos de las ponencias presentadas. La del pueblo tojol’ab’al sobre el tema de la tierra era explícita: “No encontramos en la autoridad agraria una respuesta eficaz a las solicitudes que hacemos. Por ejemplo, en una de las colonias, desde 1948 estamos pidiendo ampliación y hasta la fecha nada se ha resuelto. Vemos que nuestra palabra no tiene fuerza ante las autoridades. (Santiago, 2016:s/p)[10].

Y, para darle fuerza a las palabras se organizaron para realizar masivas ocupaciones de los terrenos negados. Que muchos de ellos ya tenían ocupadas desde décadas atrás, como peones acasillados que eran; pero que el patrón se negaba a la dotación. Frente a la organización campesina-indígena irrumpieron grupos civiles armados: las guardias blancas.

Los patrones se asociaron para la defensa de sus fincas, todas ellas afectables. Para ello integraron grupos armados para combatir a los campesinos solicitantes. Las guardias blancas era un grupo de sicarios. Civiles armados actuaban acompañados de militares y policías estatales (la Seguridad Pública) para proceder a los desalojos de los predios. Tenían como propósito incendiar los pequeños poblados de los solicitantes de tierras. Con frecuencia los patrones y sus pistoleros solían vestirse de policías y soldados para intimidarlos. La masacre de Golonchan Viejo es un ejemplo del modus operandi de esta forma de violencia (Bobrow-Strain:2015:157)[11].

El domingo 15 de junio de 1980 en la comunidad tseltal Golonchan Viejo del municipio de Sitalá, Chiapas, se presentó un fuerte contingente de soldados, que atacó a la población con una nutrida balacera y bombas lacrimógenas. El saldo fue de 12 personas muertas y 40 heridos. Viviendas quemadas y 723 familias desplazadas a la montaña. El general Absalón Castellanos Domínguez comandó el operativo militar. Un relato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos recogió lo siguiente:

“Ese año [1980] se habían cumplido 28 de reclamo indígena de Sitalá por sus tierras. Cansados de la infructuosa petición, las familias tomaron las de la finca Wolonchán (castellanizado como Golonchán), propiedad del cacique Mario Flores. En defensa de los intereses de éste, el 30 de mayo de 1980 la policía estatal entró a la finca, mató a un campesino e hirió a otros dos. Y conforme a su dignidad y visión, la comunidad se mantuvo en resistencia. Dos semanas después, el 15 de junio, fue cuando un grupo de militares adscritos a la 31 zona militar, a cargo de Absalón Castellanos, allanó la finca, lanzó bombas de gas lacrimógeno, y disparó contra hombres, mujeres y niños.” (CNDH, 1980)[12].

Al paso de los años ocurrió una reconversión de las armas y de las estrategias militares; que se actualizaron. Pero los actores y el propósito continuaron siendo los mismos: defender el sistema de opresión de la finca.

Los ochenta y noventa del siglo XX: militarización, represión a los movimientos sociales, violación a Derechos Humanos y paramilitarismo

La militarización de Chiapas en los primeros años de la década de los ochenta fue una estrategia desplegada desde el gobierno federal (Miguel de la Madrid), al nombrar gobernador del estado a un militar. En 1982 el general Absalón Castellanos Domínguez, quien había sido comandante de la 31 Zona Militar con sede en Chiapas, ganó la elección por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En esa época (1983-1988), la entidad comenzó a adquirir relevancia como “frontera sur de México”, en una coyuntura de rebeliones armadas en Centroamérica. Con un discurso soberanista, al gobierno federal le preocupaba en particular la vecindad con Guatemala. A finales de 1983, México reconocía la presencia de más de 40,000 refugiados, según los datos oficiales de la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) (Kauffer, 1997)[13].

En un contexto amplio de “guerra fría”, las armas del General Castellanos se dirigieron a reprimir a los movimientos sociales ante el “peligro” de la “contaminación ideológica comunista”. La política represiva y de violaciones de Derechos Humanos dejó un manto de violencias. En un recuento de daños que realizó la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) denunció que durante el periodo de gobierno de Absalón Castellanos se registraron 153 asesinatos políticos, 327 desapariciones de campesinos, 692 detenciones, 503 secuestrados y torturados (Morquecho,2011)[14].

Con esos ingredientes y de la fermentación de las semillas de indignación sembradas en el Congreso Indígena 1974, la pradera chiapaneca ya estaba caliente. Habían irrumpido numerosas organizaciones campesino-indígenas articuladas para las tomas de las fincas y la defensa del territorio con sus machetes, enfrentando a las guardias blancas; ante el fracaso de una reforma agraria que nunca llegó. Mientras tanto, en la montaña daban nacimiento las primeras células de lo que sería el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una rebelión indígena armada; 20 años después de la rebelión pacífica de 1974. Y, es que, como cita Bobrow-Strain “Bajo la dirección de Ruiz el Congreso de convirtió, en palabras del padre Morales, ‘en un proceso, no en un acontecimiento’ […]” (2015:178).

Después del General, una nueva escalada represiva vino con el gobernador Patrocinio González Garrido, su sucesor (1988-1993), quien tomó medidas para detener la colonización a las cañadas de la Selva Lacandona. La ganaderización de las fincas que se había producido desde años atrás, estaba expulsando a la población campesina-indígena solicitante. Eran sus antiguos trabajadores acasillados a quienes ya no requerían. Estos buscaron refugio en la selva. Para detenerlos, en 1989 el gobernador decretó una veda forestal en todo el estado, una medida cuestionable jurídicamente porque tal decisión era de competencia del gobierno federal (Villafuerte, 2002)[15].

La inconformidad social contra el gobierno ya era manifiesta en la selva, nuevas organizaciones fueron surgiendo. Otra medida puso el último clavo al ataud de la justicia. El 6 de enero de 1992 se publicó el decreto que reformó el artículo 27, cancelando el reparto agrario. Los antiguos solicitantes de las tierras de la finca; y los nuevos residentes de la selva, vieron canceladas sus esperanzas.

La inconformidad campesino-indígena se hizo visible. Los ganaderos de Ocosingo, Chilón y Altamirano se prepararon para la insurrección. Los ganaderos se articularon e integraron la Unión para la Defensa Ciudadana (Legorreta, 2015:206)[16]. Estos grupos civiles armados que se replicaron en los municipios de la región norte del estado se configuraron como grupos de autodefensa, encabezados por los ganaderos y sus grupos armados, otra vez, como una lucha ideológica prolongada.

«El Machete» celebra primer aniversario de su lucha.
Foto: Cortesía

Cerradas las vías legales e institucionales, el campesinado indígena se sumó a las filas del EZLN que pacientemente se había formado en las montañas, integrado sobre todo con las juventudes desahuciadas, hombres y mujeres. La fase de confrontación armada tuvo una corta duración, de apenas 12 días (del 1 al 12 de enero); dando paso a una tregua, una fase de “negociación”, que aún no concluye.

Después de los primeros acuerdos en 1994, el gobierno federal y del estado adoptaron el discurso del diálogo y de atención a las demandas indígenas, pero el 9 de febrero de 1995 el presidente Ernesto Zedillo ordenó tomar presos a los “asesores”, porque, dijeron, ellos no eran indígenas, y lanzó una orden de aprehensión en contra del Subcomandante Insurgente Marcos, y otros. Al mismo tiempo se diseñaban estrategias de contrainsurgencia para debilitar al EZLN desde sus bases. Sale a la luz pública el “Plan de Campaña Chiapas 94”, emitido desde la VII Región Militar, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Su propósito era formar paramilitares, que eran civiles armados, sicarios contrainsurgentes para socavar la guerrilla, en la modalidad de “Guerra de Baja Intensidad”.

La SEDENA publicó el “Manual de Guerra Irregular”, en donde se establecían “[…] las normas de empleo y operación de las pequeñas unidades en las operaciones de contraguerrilla o restauración del orden […].”. Se trataba de “organizar secretamente a ciertos sectores de población, entre otros a ganaderos, pequeños propietarios y empleados a ordenes en apoyo a nuestras operaciones” (Frayba, 2022)[17].

Estos grupos al estar al servicio del Estado tenían una relación directa con autoridades civiles, policiacas, y militares para el entrenamiento de armas. Disponían de armamentos, que les eran proporcionados por actores gubernamentales. Podían portarlas sin que fueran detenidos, y podían cometer cualquier atropello violando los Derechos Humanos, sin que tuvieran alguna sanción por ello, gozando de plena impunidad. Eran organizados, entrenados y utilizados para combatir principalmente a las bases de apoyo zapatistas y organizaciones sociales que compartían las mismas demandas (“quitar el agua al pez”). Tenían una organización militar; mandos de quienes recibían órdenes para el ataque de objetivos. Con violencia obligaban al desplazamiento de población. De acuerdo con Kalyvas y Arjona (2005:25): “[…] los grupos paramilitares tienden a estar ligados al Estado y su actividad central es la producción de violencia.”[18]. La masacre de Acteal, en Chenalhó, perpetrado el 22 de diciembre de 1997, es considerado el caso más emblemático de este accionar.

Autodefensas

Como resultado de esta estrategia, para el año 1999 operaban ya 12 grupos paramilitares en 20 municipios del estado de Chiapas” (Zavaleta, 2024:47)[19]. El paramilitarismo que surgió en 1994 fue usado por el gobierno federal y del estado como una estrategia contrainsurgente. Se nutrió con personas que no simpatizaban con el EZLN, o que eran abiertamente anti zapatistas. Muchos de ellos eran los históricos cacicazgos vinculados con el partido de Estado; funcionarios de distintos niveles; el clientelismo priísta, y personas atemorizadas, y otras que requerían el pago de un salario desde la SEDENA. Su trabajo alimentaba ramas de la inteligencia militar; además de provocar conflictos internos y generar división para producir el desplazamiento de población en los poblados zapatistas. El recurso del uso de grupos civiles armados paramilitares fue la principal respuesta que el gobierno federal y del estado usaron para combatir al EZLN y las luchas sociales adherentes.

Gente de la Selva, el otro grupo civil armado que emergió esta semana en apoyo a El Machete

Conclusiones: el palimsesto paramilitar en Chiapas

Chiapas no modificó su estructura en el tránsito del Siglo XIX al Siglo XX. Reprodujo el sistema señorial decimonónico, cuando la Revolución Mexicana, y la innovación social que contenía fue secuestrada por el poder de los finqueros; relaciones fundacionales en la particular formación del Estado. Desigualdad, racismo, clasismo y patriarcado quedaron sembrados como los pilares de una organización social anquilosada, que reproduce de manera circular instituciones que profundizan el empobrecimiento de la población; teniendo a la cultura de la violencia armada como el cemento que lo cohesiona.

Actores en los distintos niveles de gobierno recurrieron a la violencia organizada para mantener el control social, legitimando (y, en ocasiones legalizando) la presencia de grupos civiles armados, que actuaban como sicarios de los propietarios de ranchos y ganaderos. Pero estos no se han ido. Hoy, en el primer cuarto del siglo XXI se asiste a la re-paramilitarización del territorio, ahora, con vínculos profundos con los grupos del crimen organizado.

Regiones enteras en el estado están sufriendo nuevos ciclos de violencias, en una suerte de palimpsesto de las violencias recreadas. En municipios como Tila y Chenalhó, resurgen los grupos armados. Son nuevas generaciones, los herederos de la paramilitarización de años atrás. Las divisiones comunitarias que creó el paramilitarismo contrainsurgente son profundas cicatrices en el tejido social, que supuran. En donde las luchas por los territorios, las autonomías y el autogobierno, se enredan en conflictividades no resueltas, debilitándose; por lo que son capturadas por la narcopolítica. Mientras tanto, en otros lugares irrumpen nuevas formas de paramilitarización, ligados con grupos del crimen organizado. Esto último debe ser comprendido dentro de un proceso más amplio de reconfiguración del Estado, en un contexto de crisis del capitalismo neoliberal.

[1] Tovar, María Elena (2018). Chiapas en el Congreso Constituyente 1916-1917. Colección INEHRM.

[2] González Esponda, Juan (2011). Agrarismo y reparto agrario en la Frailesca, Chiapas, 1915-1940. El caso de los ejidos de la cuenca del río Santo Domingo. Tesis, Maestría en Historia, COLMICH.

[3] Reyes María Eugenia (1992). El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas. 1914-1988. UNAM.

[4] Contreras Vázquez, Jaime (2004). Violencia y Religión en el estado mexicano: el caso Chiapas. Tesis Licenciatura. Relaciones Internacionales. Departamento de Relaciones Internacionales e Historia, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Américas Puebla. Obtenido de: https://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/contreras_v_j/

[5] Toledo, Sonia (2002). Fincas, poder y cultura en Simojovel, Chiapas. PROIMMSE-UNAM / IEI-UNACH.

[6] Reyes Ramos, María Eugenia. Op. Cit.

[7] Morquecho, Gaspar (2014). El Congreso Diocesano Pastoral de la Madre Tierra. Igualdad en la justicia… 40 años antes….. Obtenido de: https://komanilel.org/2014/01/18/a-40-anos-del-primer-congreso-indigena-de-chiapas-bartolome-de-las-casas/

[8] García de León, Antonio (1995). La vuelta de Katún (Chiapas: a veinte años del Primer Congreso Indígena), Revista Chiapas, núm. 1, México: IIEc, UNAM-Ediciones ERA, pp. 127-147.

[9] Morales Bermúdez, Jesús (2018). El Congreso Indígena de Chiapas: un testimonio. CESMECA UNICACH.

[10] Santiago, Jorge (13 de mayo de 2016). El Congreso Indígena de 1974. Buscando nuestras raíces. En Ojarasca. La Jornada, s/p. Obtenido de: https://ojarasca.jornada.com.mx/2016/05/13/rogelio-cuellar-imagenes-de-un-congreso-historico-5011.html

[11] Bobrow-Strain, Aaron (2015). Enemigos íntimos. Terratenientes, poder y violencia en Chiapas. CIMSUR UNAM.

[12] Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (15 de junio de 1980). Matanza en Golonchan Viejo, Chiapas. Obtenido de: Matanza en Golonchan Viejo, Chiapas. 15 de junio | Comisión Nacional de los Derechos Humanos – México (cndh.org.mx)

[13]   Kauffer, Edith (1997). Refugiados guatemaltecos y conformación de la frontera sur de Chiapas en los años ochenta. En Philippe Bovin (Coord.) Las fronteras del Istmo. Fronteras y sociedades entre el Sur de México y América Central. CEMCA, CIESAS, pp. 163-170.

[14] Morquecho, Gaspar (1 de enero de 2011). La guerrilla a contracorriente. Contralínea. Obtenido de: https://contralinea.com.mx/chiapas/la-guerrilla-a-contracorriente/

[15] Villafuerte Solís, Daniel et al. (2002) La tierra en Chiapas. Viejos problemas nuevos, FCE.

[16] Legorreta, María del Carmen. (2015). Religión, política y guerrilla en las Cañadas de la Selva Ladandona. UNAM.

[17] Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 10 de mayo de 2022). Conoce el Plan de Campaña Chiapas 94. Obtenido de: https://www.frayba.org.mx/conoce-el-plan-de-campana-chiapas-94-0

[18] Kalyvas. Stathis y Ana Arjona (2005). Paramilitarismo: una perspectiva teórica. En Alfredo Rangel (Ed.), El poder paramilitar, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia- Planeta, pp. 25-45.

[19] Zavaleta Hernández, Sandra (2024). El proceso de militarización de México. Apuntes desde la política internacional. En Paulina Barrera Rosales (Coord.) Desmilitarizar a México. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM.