Elecciones 2024: redefiniendo el mapa del poder en México

Jornada electoral del 2 de junio de 2024. Foto: Ángeles Mariscal

Las elecciones de 2024 han resultado en una nueva geografía del poder en México, con Morena y sus aliados obteniendo una mayoría aplastante. Desde la Presidencia de la República hasta los congresos locales y las presidencias municipales, el dominio del partido es innegable. A excepción de dos estados: Jalisco y Guanajuato, en donde los votantes resistieron a la tendencia del arrastre electoral morenista, el resto de las gobernaturas (6 en total) y la jefatura de la Cuidad de México, también fueron ganadas por el oficialismo. De tal forma que el mapa de las gobernaturas en el país experimenta un recambio importante: Morena gobernará en 23 estados; el PAN en cuatro (Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro), el PRI en dos (Durango y Coahuila); MC en dos (Durango y Nuevo León) y el PVEM en uno (San Luis Potosí. Sumado a esta avanzada del partido guinda en el país, en el Congreso de la Unión la alianza entre Morena, el PVEM y el PT alcanzó una mayoría calificada con 370 curules, aunque no para el caso del Senado, en el que la alianza alcanzó 82 curules de los 85 que requería para alcanzar dicha mayoría (al momento de escribir esta nota todavía se encuentra en proceso de precisión).

Frente a tal escenario, en estas líneas se analizan algunas de las primeras reacciones posteriores a la jornada electoral, destacando las tensiones, incertidumbres y desafíos que enfrenta el nuevo gobierno. Exploramos cómo la oposición, los mercados financieros, los movimientos sociales y otros actores han respondido a estos resultados, y qué implicaciones se proyectan para el futuro político y social del país.

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Antes de que la consejera presidenta del INE diera a conocer los primeros resultados de la jornada electoral, el bloque opositor se declaró triunfador con su candidata Xóchitl Gálvez, esto a pesar de que sabían de su derrota, confirmada por las encuestas de salida de las casas encuestadoras más confiables. Conforme fueron pasando las horas, el triunfalismo de la oposición se convirtió en aceptación de su fracaso, Gálvez hizo público su derrota, pero más tarde los opositores expresaron que no hubo una contienda pareja, lo que supondría un fraude y pedirían el recuento de votos.

Conforme avanzaba el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y se confirmó que la alianza por Morena había logrado obtener la mayoría calificada en el Congreso, los mercados financieros se pusieron nerviosos por lo que el día siguiente a las elecciones la Bolsa de Valores cerró con una pérdida de 6.11 puntos, también se produjo una devaluación de peso frente al dólar. Las empresas multinacionales también han reaccionado y han pedido a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, certidumbre jurídica y seguridad[i].

Las incertidumbres y los temores de la oposición se pueden ver en distintos ámbitos y niveles: en el poder judicial pesa la idea del “Plan C” anunciado por el presidente López Obrador, como prerrequisito para la transformación del país en los terrenos de la justicia, la economía y lo social. Este plan implica una reforma del poder judicial, que puede significar una nueva estructura de funcionamiento, comenzando con el Consejo de la Judicatura.

Otro ámbito de incertidumbre es la posibilidad de avanzar en una reforma a la ley electoral, que implica un cambio en la representación de las minorías, eliminar a los diputados y senadores plurinominales, la reelección de legisladores y el adelgazamiento de la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE). Esto explica las tres concentraciones de la “marea rosa” en el zócalo capitalino. Las reformas enviadas al Congreso por AMLO y el anuncio de que estas serían aprobadas en septiembre próximo puso en alerta al Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que la presidenta electa tuvo que conversar con sus directivos para calmar los ánimos, lo mismo ocurrió con BlackRock el mayor administrador de fondos en el mundo.

Otro sector que ha manifestado su rabia con los resultados es el de los intelectuales del viejo régimen, mismos que se encargaron de construir la estrategia electoral de la exposición. Héctor Aguilar Camín, uno de los más célebres intelectuales argumentó que las elecciones “han sido intervenidas y manipuladas desde el gobierno, como ninguna otra, desde el principio de la democracia en México, en el año de la alternancia, el año 2000”[ii]. El descalabro de Gálvez representa también una derrota intelectual para la derecha tradicional que debe repensar sus esquemas en función de la realidad de un país necesitado de la más elemental “justicia social”, en el que una mayoría electoral se ha inclinado por el mantenimiento de los programas sociales. Los intelectuales del “viejo régimen” forman parte de un bloque internacional preocupado por recuperar el poder y vale la pena identificar su reposicionamiento. A este esquema, por su parte, es importante añadirle la disidencia crítica de intelectuales que iniciaron acompañando el proyecto de la 4T en 2018 y que paulatinamente fueron tomando distancia crítica del oficialismo a lo largo del sexenio (incluyendo miembros del primer gabinete presidencial como Víctor Toledo, ex secretario de Medio Ambiente).

El sector crítico al gobierno nacional ha contado con la alianza de grandes medios de comunicación donde se incluyen las grandes televisoras (Televisa, TV Azteca), el sistema de radio, la prensa (los grandes diarios influyentes, entre otros: Reforma, El Universal, El Financiero, El Economista), además de redes sociales y de medios internacionales estadounidenses (The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, entre otros). Su estrategia de ataques sistemáticos al presidente López Obrador se concentró en la etapa preelectoral en las investigaciones sobre los vínculos del presidente con el narcotráfico. Lo anterior mantuvo tuvo continuidad con tres publicaciones extranjeras al unísono: Insight Crime, Deutsche Welle y ProPublica, esta última fue la publicación más publicitada por ser escrita por el afamado periodista Tim Golden. Así como el libro de Anabel Hernández La historia secreta donde acusa directamente a López Obrador de ser un presidente ligado al narco.

La incertidumbre sobre el nuevo gobierno no es exclusiva de los sectores de oposición de la derecha; también permea entre los movimientos sociales de izquierda. La continuidad de proyectos de desarrollo implementados mediante procedimientos controvertidos durante el gobierno de López Obrador, el incumplimiento de algunas promesas realizadas por este a distintas organizaciones sociales, más una serie de grandes problemas asociados a la política negacionista de la realidad en los estados, como Chiapas, en los que la violencia derivada del control creciente por parte del crimen organizado  ha sido devastador: desplazamiento forzado, reclutamiento de jóvenes, pérdida de gobernabilidad elemental, etc. La política de los “otros datos” llegó al final del sexenio al extremo, al negar la realidad palpable para miles de pobladores que han sufrido la pérdida más elemental de su integridad y el deterioro de su entorno vital. Sumado, a la persistente pobreza y desigualdad.

Algunas organizaciones encontraron en el proceso electoral una ventana de oportunidades para la colocar sus preocupaciones y sus exigencias. Destaca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que, desde el 15 de mayo, ha desplegado a sus bases en diferentes estados del país y un gran “plantón” en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir un aumento salarial del 100%, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la abrogación de la reforma educativa, entre otras demandas. El 7 de junio, marcharon nuevamente para exigir la solución a sus demandas, protestando por las agresiones que han sufrido algunos de sus integrantes en Oaxaca y esperando obtener una respuesta positiva en la reunión que la Comisión Única Negociadora sostendrá con Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, activistas defensores de derechos humanos y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han señalado la deuda en materia de impartición de justicia que AMLO no logró cumplir y que heredará a Claudia Sheinbaum en su próximo mandato.La relación entre los padres de los estudiantes y el gobierno de AMLO se ha tensado en las últimas semanas, ya que se ha acusado a la administración lopezobradorista de falta de voluntad real para esclarecer el caso y de proteger a los militares involucrados. Esto surge ante la exigencia de entregar documentos de espionaje militar que son clave en la investigación, dado que el ejército fue acusado el año pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de ocultar y obstaculizar el caso. Recientemente, el lunes 3 de junio, tras un encuentro entre AMLO y las familias de los 43 jóvenes, el abogado Vidulfo Rosales reveló que López Obrador se comprometió a hablar con Sheinbaum para asegurar la continuidad de las investigaciones.

Finalmente, cabe señalar que el nuevo mapa de poderes instituidos que arrojan los resultados electorales, apertura en un primer escenario sobre los horizontes de un paquete de reformas que podrían generar un importante escenario para analizar el inicio del próximo sexenio. Entre ellas, destacan las siguientes agendas: reforma al poder judicial; al sistema político; a los órganos autónomos (expresada en la desaparición de instancias como el INAI, el IFT y la Cofece, el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema de Mejora Continua de la Educación); cambios al sistema de pensiones; reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos/as como sujetos de derecho público (una promesa que el gobierno de AMLO no concretó); lograr que la Guardia Nacional sea reconocida como una fuerza policial de carácter permanente y adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional; terminar de concretar el programa del IMSS Bienestar a nivel nacional después de un sexenio que prometió salud universal; endurecimiento de las normas contra el fentanilo; regulación y proscripción de la extracción de hidrocarburos mediante el fracking y limitación de concesiones para la extracción de agua en zonas de alta escasez; elevar a rango constitucional programas sociales como el de la pensión para personas con discapacidad; la disminución de la edad para beneficiarios de la pensión para adultos mayores; las becas para estudiantes, sembrando vida, jóvenes construyendo futuro, entre otros.

El último tramo de gobierno de AMLO y su entronque con el sexenio que tomará en sus manos Claudia Sheinbaum ha iniciado, aunque la geografía electoral en cada región y cada estado requieran específicos análisis, como reflejaremos en las siguientes contribuciones.

[i] https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/06/06/economia/empresas-globales-piden-a-sheinbaum-certidumbre-juridica-y-seguridad-3077

[ii]https://www.aguilarcamin.com/articulos/dia-con-dia/2-de-junio-la-eleccion-oculta-a-la-vista-de-todos/