El futuro de Chiapas: elecciones, movimientos sociales y gobernabilidad

Por Carlos de Jesús Gómez Abarca[1]

Fuente: ODEMCA/Colectiva Cartográfica de los sures globales

El próximo 2 de junio, Chiapas se enfrenta a un momento decisivo con las elecciones que podrían redefinir la relación entre los movimientos sociales y los distintos órdenes de gobiernos. En un contexto marcado por una larga historia de resistencia y movilización social, estas elecciones no solo determinarán quiénes ocuparán los cargos de poder, sino también cómo se abordarán las demandas y luchas de organizaciones y comunidades que han clamado por justicia, inclusión, autodeterminación y mejores condiciones de vida. De cara a la jornada electoral, resulta crucial mirar en retrospectiva el papel de la administración saliente en relación con los distintos actores sociales y atisbar los posibles horizontes del nuevo ciclo de gobierno.

Para ello, es fundamental considerar cómo los movimientos sociales y los partidos políticos interactúan y se transforman mutuamente. La historia política demuestra que un movimiento social puede evolucionar hasta convertirse en un partido político y eventualmente en gobierno. Recordemos que en los controvertidos y desaseados procesos electorales de 2006 y 2012, Andrés Manuel López Obrador participó como candidato a la Presidencia y alegó fraude en su contra, liderando un movimiento de resistencia pacífica que dio origen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Este movimiento, inicialmente social, se transformó en un partido político y se convirtió en la base del lopezobradorismo.

En 2018, la victoria electoral de partido Morena en México junto a sus aliados políticos, con en el 53 por ciento del total de votos a favor, en una jornada electoral que registró una participación ciudadana del 63.4 por ciento, marcó un punto de quiebre en la historia política electoral del país y en la dinámica del Estado con los movimientos sociales. Amplios sectores de la sociedad, incluidos algunos grupos organizados, vieron con optimismo esta victoria. Sin embargo, como ha ocurrido con otros gobiernos progresistas o de izquierda en la región, las expectativas pronto se transformaron en tensiones entre los movimientos sociales y el gobierno federal.

Durante su gobierno, López Obrador ha etiquetado a sus opositores o disidentes, tanto de izquierda como de derecha, como conservadores, mientras él y sus seguidores se autodefinen como liberales y transformadores. Este encasillamiento ha incluido a diversas organizaciones, desde sindicalistas y defensoras del territorio hasta feministas y defensoras de los derechos humanos, provocando reacciones enérgicas de actores sociales como la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En Chiapas, las acciones de protesta impulsadas por organizaciones de movimientos sociales han permanecido visibles en el espacio público en los últimos años. Activistas, organizaciones y movimientos sociales, articulados en torno a causas como la defensa de la vida y el territorio, la autodeterminación de las comunidades y la exigencia de justicia y derechos humanos, han desafiado el silencio y la ineficiencia de las autoridades. Estas protestas también han sido encabezadas por organizaciones feministas, del magisterio, estudiantiles, de migrantes y de víctimas de desplazamiento forzado.

A pesar de la diversidad de organizaciones movilizadas, ha sido difícil sostener largas jornadas de protesta en este periodo que culmina, tanto a nivel nacional como estatal. Esto contrasta con las oleadas de protestas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello. Factores como las políticas de confinamiento de 2020, las expectativas y fisuras generadas por el gobierno federal, el incremento de la militarización y la continuidad en las acciones represivas en contra de activistas, así como las disputas territoriales protagonizadas por el crimen organizado, han afectado la movilización social.

Durante esta campaña electoral, el candidato y las candidatas a la gobernatura reconocen muchos de estos problemas estructurales, así como la necesidad de prestar mayor atención a las demandas sociales y de fomentar una colaboración efectiva entre el gobierno y la sociedad civil para abordar sus causas. Sin embargo, en la práctica, esto será muy difícil de conciliar. Las propuestas del candidato puntero, por ejemplo, muestran una clara orientación hacia el desarrollo económico a través de grandes proyectos, como el polo de desarrollo económico en Tapachula, la continuación del Tren Maya y la articulación entre estos proyectos a través de distintos proyectos carreteros.

Mientras tanto, distintos grupos y comunidades han expresado en reiteradas ocasiones su oposición, señalando que estos proyectos atentan contra su vida y provocan consecuencias como la destrucción y el despojo de la tierra, la apertura de vías para megaproyectos, el desalojo de poblaciones, fuentes de contaminación, una creciente militarización y la división de la comunidad. Si estas obras se llevan a cabo utilizando consultas a modo, es altamente probable que se cumplan las consecuencias anticipadas por las comunidades, generando así espacios de alta conflictividad social.

La agenda que los movimientos sociales han presentado durante este periodo pone de manifiesto algunas de las problemáticas más acuciantes en la entidad: la falta de impartición de justicia, el irrespeto a los derechos humanos, la violencia contra las mujeres, la exclusión de las comunidades en la toma de decisiones, el incumplimiento de compromisos establecidos con sindicatos, la arbitrariedad y la dilación en la resolución de trámites migratorios y conflictos comunitarios que derivan en desplazamientos forzados. Esta es la herencia que deja el primer piso de la 4T a quien le suceda, lo que representa un gran desafío para la gobernabilidad en Chiapas.

Si entendemos la gobernabilidad como la capacidad del sistema político para atender demandas sociales con eficiencia, estabilidad y representación de intereses, incorporando una visión de gobernanza que incluya rendición de cuentas, transparencia y participación de las comunidades, el papel de los movimientos sociales y la integración de sus agendas en las propuestas de los partidos políticos resultan fundamentales para el funcionamiento del gobierno entrante. Aunque en los discursos de las candidaturas aparece tal importancia, en el ejercicio las viejas prácticas políticas prevalecen y los horizontes parecen poco promisorios.

La integración de las demandas sociales en la agenda política no solo es una necesidad urgente para la construcción de una gobernabilidad verdaderamente inclusiva y responsable, sino también un imperativo moral para construir un futuro más equitativo y participativo en Chiapas. Las voces de los movimientos sociales son el reflejo de las aspiraciones y luchas de organizaciones y comunidades, muchas de estas históricamente marginadas y vulneradas. Ignorar estas demandas no solo socavaría la legitimidad del gobierno entrante, sino que también perpetuaría las injusticias y desigualdades que han plagado a la región durante demasiado tiempo.

[1] Profesor-investigador del CESMECA-UNICACH. Integrante del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica.