Violencia en Chiapas: las causas de las causas

Foto: Isaac Guzmán

Parte 0: Disclaimer

Empezaré por los límites de este texto: este no es un artículo donde se explican las causas de la violencia en Chiapas. Si eso es lo que usted esperaba, por favor, siga escroleando.

Por supuesto que estaría fanfarroneando si pretendiera explicar esas causas en un artículo de opinión y no lo digo por la extensión, también estaría fanfarroneando si intentara hacerlo en un libro de dos mil páginas. Por eso lo aclaro de entrada. Sin embargo, considero que este texto podría (o no) sumar algunos ingredientes a las recetas de las abuelas y los abuelos del análisis.

Atención aquí: los conflictos territoriales añejos, las profundas marcas que han dejado las rivalidades religiosas y étnicas, así como el impacto de los megaproyectos de la economía formal no los omito por ignorancia o gusto, lo hago porque ya otros más versados que yo han abundado al respecto.

Cualquier lector atento de la historia chiapaneca sabe que la violencia es la constante, por lo general acompañada de imposición, despojo, engaño y simulación. En todo caso, lo que valdría la pena explorar serían los periodos ausentes de violencia (en los cuales muy probablemente se encontrarían las huellas de esa otra violencia oculta que es la cotidiana, la del diario, la del de por sí, o como se dice ahora, la violencia normalizada o crónica). Pero de eso tampoco hablaré aquí.

Me propongo entonces buscar causas de las causas, situaciones coyunturales y específicas que nos ayuden a entender el momento actual. Partamos del hecho de que la violencia estructural existe, de que la larga noche de los 500 años sigue sin encontrar su amanecer, ni alcanzar su horizonte. También asumamos que los sospechosos comunes están ahí, inamovibles: los invasores, los caciques, las empresas extractivas, los malos gobiernos, las guardias blancas, los paramilitares, el crimen organizado coludido con el Estado, el capitalismo malvado de mil cabezas, el racismo… no se trata aquí de demostrar una vez más que esos viejos monstruos existen, se trata más bien de explorar las condiciones que hicieron posible su manifestación contemporánea, muy a vuelo de pájaro, muy de nomás señalar las migas de pan para que alguien más, con más tiempo y más vida, encuentre caminos posibles.

Es decir, lo que se presenta aquí son causas probables, causas a comprobar, causas situadas, más allá de explicaciones genéricas intercambiables que siempre-siempre tendrán razón y que al mismo tiempo explican nada, osea son inútiles si se trata de entender lo que sucede desde aquí, desde esta banqueta donde vemos pasar la vida.

Entrémosle pues a las causas de las causas.

Parte 1. De la gran asamblea a la hiperfragmentación

Quizá el punto de origen fue la Ley de Obreros del gobernador Jesús Agustín Castro (que tuvo como respuesta la rebelión de Los Mapaches), quizá fue el urbinismo con todo y Sindicato de Trabajadores Agrícolas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, o la organización diocesana impulsada por don Samuel Ruíz derivada del Congreso Indígena de 1974, o tal vez los jóvenes urbanos que llegaron en los 80 a sembrar revoluciones en esa tierra previamente chaporreada, barbechada y fertilizada. El punto es que para 1992 había mucha organización. Para ser más preciso, mucha organización y mucho acuerdo. En 1992, un par de meses después de que Andrés Manuel López Obrador concluyera el Éxodo por la Democracia, una marcha igual o más nutrida salió de las mismas planicies, de Palenque con rumbo al Distrito Federal, compuesta de cientos de personas de las etnias ch’ol, tseltal y tsotsil, juntos por primera vez con una demanda en común. Unos meses después, en octubre, las organizaciones más grandes del estado lograron ponerse de acuerdo para una gran movilización que culminó en el derribo de la estatua de Diego de Mazariegos en San Cristóbal de Las Casas.

La cosa es que para cuando apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)  ya había en Chiapas muchas organizaciones de diferente línea, intención y principios. Cuando ese mismo año se propuso una candidatura de unidad para el gobierno del estado un buen número de ellas se integró a la campaña y se conformó la Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH). A pesar de tener respaldo popular, presencia territorial y un buen candidato de consenso, no lograron ganar por su falta de experiencia en la práctica electoral concreta y problemas que fueron encontrando en el camino (sumado a que, muy probablemente, las bases del EZLN no votaron por ellos).

Entonces en 1995, ya controlado el tema postelectoral luego de sacrificios públicos que no necesariamente fueron para bien, el presidente Zedillo envió a Dante Delgado a desarticular ese frente de organizaciones llamado AEDPCH. Lo mandó con mucho dinero y manga ancha para negociar con cada uno de ellos. No parecía haber ningún problema: las dirigencias de cada organización se reunían con Dante, le planteaban sus demandas y él las resolvía, con gestión o con dinero. Todos los que llegaban eran rápidamente “despachados” y salían con sonrisa de cliente satisfecho, y sus comunidades y organizaciones les recibían con bombo y platillo pues habían conseguido aquello para lo que habían sido encomendados (habían obedecido el mandato y satisfecho la demanda popular, la necesidad de su comunidad). Pero no se puede levantar la cosecha y derrotar a Carranza al mismo tiempo, así que esos pequeños triunfos en lo local significaron el rompimiento de la AEDPCH cuyo sector más vinculado al zapatismo calificaba las negociaciones de traición a la causa, y por tanto, poco a poco, toda la base popular se fue volviendo “traidora a la lucha” por priorizar sus propias demandas, hasta que la Asamblea se disolvió a sí misma.

Pero nació un otro monstruo: las divisiones al interior de las organizaciones eran premiadas por Dante. Las disidencias eran tratadas con la misma deferencia que las dirigencias históricas, todos recibían dinero. Así se fueron rompiendo muchas grandes organizaciones (las que no se habían dividido ya por la incondicionalidad que exigía el zapatismo). Las siglas se multiplicaron con diferentes apellidos (histórica, independiente, democrática, etcétera y etcétera histórica-democrática-independiente) y muy pronto la oficina de Dante empezaba a no darse abasto.

Parte 2. Los fideicomisos y los caciques del chantaje

La fórmula de Dante logró detener una revuelta mayor, pero creó una monstruosa quimera policéfala de mil nombres, patológicamente adicta al recurso.

Las organizaciones se atomizaron y muchas de ellas dejaron de construir procesos productivos, gremiales, educativos o democráticos para dar paso a líderes profesionales de la demanda y gestión de apoyos, muchos de ellos dispuestos a negociar dicho recurso a cambio de votos en los periodos electorales, o bien, expertos en armar bloqueos o marchas que se disolvían tan rápido como aparecían en cuanto llegaba la prebenda que el líder presentaba como resultado de su gestión y no de la movilización.

Al carecer de procedimientos reglamentados, los líderes se atribuían la virtud de ser ellos y solo ellos los capaces de conseguir dinero para las comunidades y organizaciones. Eran ellos o el desastre. Así se construyeron dirigencias vitalicias y cacicazgos locales en todo el estado.

Para sostener esa “maquinaria” el gobierno de Zedillo se inventó varios instrumentos con el fin de facilitar el manejo discrecional de los recursos. Primero crearon en abril de 1995 el Fideicomiso de Administración y Garantía ProChiapas y el Fideicomiso de Administración y Garantía Complementaria Fondo 95 cuyo objetivo era “contribuir a la atención de las demandas agrarias en el estado de Chiapas, mediante el financiamiento para la adquisición de terrenos rústicos”, y luego, en 1996, se inventaron otro fideicomiso para repartir dinero directo y a discreción: el Fideicomiso de Apoyo a los Propietarios Rurales en Chiapas (FIAPAR) que tenía como objetivo “otorgar financiamiento a los propietarios rurales que participen en el programa especial de aparcería bovina y proyectos productivos en el estado de Chiapas” (aunque para ese mismo objetivo existieran programas federales y estatales).

Diez años después de su creación, en el 2005, el Fondo ProChiapas ya solamente manejaba alrededor de 200 mil pesos, el FIAPAR tenía casi 10 millones, en tanto que el Fondo 95 mantenía la buena salud y tenía cerca de 200 millones de pesos.

De ahí salía el combustible para mantener la paz social en Chiapas.

Pero llegó el 2019 con el decreto de extinción de fideicomisos. Para entonces ProChiapas ya casi no tenía fondos, pero el FIAPAR superaba los 16 millones de pesos y el Fondo 95 estaba muy cerca de los mil millones. Aunque todavía no se consigue su extinción definitiva (faltan algunas firmas, que al parecer no son tan sencillas de conseguir), a partir del decreto dejó de estar disponible el instrumento inventado por Zedillo y puesto en práctica por Dante Delgado que durante casi treinta años mantuvo a raya a centenas de organizaciones de origen revolucionario que se transformaron en gestoras de recursos no registrados en ningún programa.

La jaula para mantener a raya a esa quimera policéfala desapareció y el monstruo tuvo que inventarse nuevas formas para acceder a sus dosis acostumbradas de “ayudas”.

Parte 3. El censo del bienestar

La llegada del gobierno de López Obrador trajo consigo otros fuertes cambios para el ecosistema de grupos políticos en Chiapas. En pocos lugares de México funcionaba de manera tan aceitada la maquinaria que conecta votaciones, puestos públicos y entrega de beneficios de programas sociales. Aunque en muchos casos la concentración de esos recursos derivaba en fuertes conflictos, como fue el caso del presidente municipal de Chamula asesinado por una turba en 2016 por tardarse en entregarlos o los veinte años de violentos conflictos en Oxchuc en donde una sola familia decidía a quién repartir los programas sociales.

En cada municipio cada grupo político trabajaba con una red de “proveedores” que conseguían votos a cambio de la posterior entrega condicionada de programas, un entramado de conveniencia mutua que abochornaría a todos los prosélitos de la gran narrativa democrática. El voto duro manda y define, las campañas son solo una forma más de repartirse el recurso entre proveedores de transporte y de materiales impresos.

Cuando se anunció la nueva política del Gobierno Federal de entrega directa de recursos toda esa maquinaria se puso en riesgo. Los intermediarios dejarían de ser necesarios, dejarían de ser recompensados, pero sobre todo perderían toda su influencia local y su ascendencia sobre los vecinos, además que los políticos que dependían de ello para ser populares tendrían que inventarse virtudes y oratoria. Las alertas se encendieron.

La estrategia para evitar que se entregaran recursos de forma directa fue impedir que se hiciera el Censo del Bienestar. Barrios y comunidades prohibieron la entrada de los Servidores de la Nación que llegaron a hacer el censo, dejando a miles de personas fuera de los programas estelares del sexenio. La esperanza que tenían era que esas miles de personas hicieran la presión suficiente para que les fueran entregados apoyos y ayudas a través de los consagrados líderes.

También los pueblos, comunidades y barrios en resistencia (vinculados al EZLN u otros grupos revolucionarios con menor presencia) se negaron a participar en el Censo, pero esto era congruente con sus posiciones previas ante cualquier gobierno; sin embargo, varios grupos no relacionados usaron su iconografía o sus estandartes para justificar el rechazo a ese censo que amenazaba la maquinaria electoral.

Parte 4. Crisis existencial de los liderazgos

Ya fuera del circuito de intermediación de los recursos públicos, las dirigencias se vieron forzadas entonces a buscar nuevas formas de hacerle llegar dinero a sus agremiados. Lo intentaron con movilizaciones, pero nada llegó. Luego con presiones para obtener puestos y contratos de obra pública, algunos lo lograron, pero muchos no. En cada escaramuza su posición frente al gobierno local quedaba más frágil, al punto que algunos que en 2018 eran considerados aliados, pasaron a ser enemigos públicos. Eso fue orillando a muchos a cambiar de giro, a buscar nuevas formas de financiamiento por fuera del presupuesto público.

La movilización para obtener recursos dejó de ser viable y al dejar de ser necesarios, los liderazgos se enfrentaban a un cuestionamiento interno sin precedentes. ¿Para qué sirve un líder de organización que es especialista en gestionar recursos si los recursos llegan directamente? El pago de cuotas para pertenecer a la organización (sea en dinero o en especie, es decir, acudiendo a los llamados a la concentración o a la movilización) dejó de ser rentable. Ante esa crisis existencial los líderes tuvieron que reinventarse.

Pasaron entonces a una disputa más acendrada que nunca antes por los espacios lucrativos a su alcance: mercados públicos, redes de transporte, tanto de productos agrícolas como de pasajeros, comercio ambulante y toma de tierras. Ciertamente ni el gobierno del estado, ni los gobiernos municipales estaban preparados para enfrentar esa crisis.

Foto: Isaac Guzmán

Parte 5. Los hijos rebeldes de la rebeldía

Sería banal el intento de entender lo que sucede en Chiapas sin considerar la trayectoria del EZLN, sus pasos, pero también sus tropiezos. No es aquí lugar para hablar de sus grandes glorias y travesías heroicas, no por regatearlas, sino porque ello está reservado para sus hagiógrafos y poetas escáldicos oficiales y autorizados. Pero podemos hablar del gran dique que construyeron.

(No sé si es obligación o costumbre eso de usar analogías facilonas y gastadas cuando se habla del EZ, pero lo cierto es que es inevitable).

Los milicianos, las bases de apoyo, los municipios autónomos, las Juntas de Buen Gobierno, la palabra del vocero, las grandes movilizaciones, la abogacía de decenas de ONGs y el activismo de miles de simpatizantes en los centros urbanos del estado fueron un enorme dique que durante muchos años evitó el desbordamiento del saqueo, el abuso, la corrupción y la violencia. Una muralla hecha de muchas manos, tal como la soñó Nicolás Guillén. Un gran dique que protegía de la inundación no solamente a las bases zapatistas, sino a todo el estado.

Pero a partir de 2006 ese dique protector sembró dentro de sí el germen de su propia destrucción. La política de alianzas se modificó y las manos que lo sostenían se fueron separando. Imperceptiblemente y poco a poco, como dijera Nicanor Parra, se fueron quedando solos. La purga otracampañista dividió al movimiento, los conflictos internos se fueron multiplicando, los vetos a simpatizantes y las expulsiones de militantes fueron el pan de cada día, todo coronado por la disputa entre las comandancias del EZLN y las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). (Ojo, no estoy balconeando a nadie, esa pelea ya la hizo pública el Comandante Germán a finales de 2021).

Muchas comunidades y bases de apoyo se fueron alejando y separando, sea por la evidente inviabilidad de la lucha armada, por los afanes juveniles de recuperar la gloria prometida por la vía de las armas o por cansancio vulgar nada más, ante el desgaste que de por sí exige la ruta de la resistencia. No todo el mundo aguanta caminar con gríngola por mucho tiempo, rumbo a un destino incierto pero absoluto. El largo aliento que le llaman.

Fotografía: Javier Nicolás (publicada en la revista Ecofronteras 36)

5.1 Las armas que se fueron sembrando

Mientras escribo esto tengo frente a mí una fotografía que tomó Javier Nicolás donde aparecen el Subcomandante Marcos y dos líderes del exilio evangélico de San Juan Chamula asentados desde hace más de 40 años en la zona norte de San Cristóbal. Los tres sonríen, en el marco de un evento de La Otra Campaña donde el Sub narró al público que la noche del 31 de diciembre de 1993 fueron ellos quienes les dieron hospedaje para que al amanecer tomaran la ciudad, y que también fueron ellos quienes les ofrecieron transporte para abandonarla cuando se acercaba el Ejército Federal. La cantidad de sucesos que derivaron de esa alianza coyuntural es inconmensurable, pero baste decir que algunos meses después de ese amanecer de lucha combativa, por primera vez en su historia los evangélicos de Chamula resistirían con armas un intento de expulsión por parte de los católicos del mismo municipio. Esa batalla detendría las expulsiones y despojo de tierras que ya duraba varias décadas.

(También por esas fechas fue secuestrado el presidente municipal de Chamula, principal incitador de las expulsiones, que luego de su liberación dejó de impulsar esos actos y al final de su mandato se fue al exilio a un municipio del norte del estado, donde hace poco fue asesinado).

Las acciones de autodefensa de la población evangélica de Los Altos fueron eso, autodefensa, inevitable acto de justicia por mano propia ante las sistemáticas omisiones de los tres niveles de gobierno, aunadas al reiterado y permanente repudio de los “legítimos pobladores del valle de Jovel”.

Pero imaginemos por un momento que quien les dio el entrenamiento en el uso de las armas de autodefensa también les presentó al contacto que las vendía. Sigamos imaginando que en el trayecto de la entrega de esas armas el Frank Martin que conducía el transporte se hizo amigo del Yuri Orlov vendedor, siendo ese el comienzo de una hermosa amistad y un lucrativo negocio que poco a poco fue colocando su producto en toda la región y más allá.

Frank Martin y Yuri Orlov son personajes de ficción. No existen ni existieron, mucho menos en Los Altos de Chiapas. Este ejercicio de imaginación es totalmente innecesario porque nunca sucedió.

Miro de nuevo la fotografía del 2006. Uno de los tres personajes que aparecen ahí se inscribió hace unos meses como precandidato a la gubernatura por Morena (aunque no logró entrar a la encuesta). El otro compite por entrar a la selección por una diputación federal, también por Morena.

5.2 El huracán verde

Pero el resquebrajamiento del dique no se explica solamente por esa falta de mantenimiento que significó el rompimiento de alianzas estratégicas. Tal como pasó en Nueva Orleans con Katrina, el dique se rompió cuando llegó un huracán inesperado y con fuerza destructora.

A partir de 2012 se instaló en Chiapas un grupo de políticos ambiciosos que modificaron la dinámica del mercado de votos y las formas de negociación, que incluían dinero para los solicitantes y violencia (de la institucional y de la otra) para quien no lo aceptara. La cárcel o su amenaza apaciguó protestas y la corrupción generalizada acompañada de impunidad atrajo simpatías e intereses. Al mismo tiempo (esas casualidades de la vida y la historia) tambiénse asentaron en todo el estado nuevas “empresas” dedicadas al trasiego de personas y productos varios.

La presión hacia las bases de apoyo y los municipios autónomos aumentó, ya no solo por el acoso militar y paramilitar permanente de la Guerra de Baja Intensidad, sino por ofertas de poder y dinero desde diferentes vías. A diferencia de 1993 cuando vino Luis Donaldo Colosio a repartir despensas para impedir el levantamiento armado, en este caso la oferta iba acompañada de capacidad de decisión, de reconocimiento del poder local, de un cierto grado de autonomía en la administración del gasto y del territorio. Algunos salieron entonces, otros que ya habían salido previamente se hicieron visibles integrándose a organizaciones existentes, preexistentes o fundadas por ellos mismos. En muchos casos, fueron las balas las que nos dieron noticia de estos cambios.

Porque aquellos que dejaron la clandestinidad no abandonaron las armas, ni olvidaron su entrenamiento, usan ambas cosas para conseguir adeptos y negociar puestos. En varias regiones, a la par de participar en los gobiernos municipales también se dedican a hostigar y atacar a sus antiguos aliados, las bases de apoyo del zapatismo.

Otros grupos que también se han alejado, pero sin perder la brújula, simplemente analizaron el contexto y las circunstancias, y consideraron pertinente explorar otras vías de participación política, algunos incidiendo directamente en los poderes municipales, otros participando en elecciones, sin olvidarse de su convicción zapatista ni entrar en (mucho) conflicto con la comandancia.

Pero debo insistir: muchos otros sí salieron con sus armas, pero sin brújula. En la selva, en Los Altos, en la frontera y en el norte del estado. Desde distintas denominaciones conforman un conjunto de grupos armados cuyo principal enfoque es el contrazapatismo, pero que también usan su entrenamiento táctico y poder de fuego para la política y todo tipo de negocios.

Son ellos el huracán que terminó por romper el dique.

Foto: Isaac Guzmán

Parte 6. El retorno de los hijos impródigos

Los pueblos de Chiapas han tenido cuatro grandes procesos migratorios en los últimos cien años.

El primero fue dentro del estado, se iban a trabajar a las fincas del Soconusco y al desmonte de maderas preciosas en la selva. Muchos se quedaron (a vivir o morir) y muchos volvieron. A su regreso, cuentan los que saben, trajeron consigo las plantas de café que poco a poco transformarían la agricultura de sus pueblos. Durante ese periodo jugaron un papel determinante un grupo de traficantes de personas conocido como los enganchadores, quienes durante décadas “contrataron” bajo engaños a miles de trabajadores en condiciones de esclavitud.

El segundo proceso fue interestatal, sobre todo con rumbo a la península de Yucatán, primero para trabajar en la zafra y para la construcción de la ciudad de Cancún, y luego, con más intensidad, para construir y ampliar las carreteras de la Riviera Maya, las mansiones de la Riviera Maya, los hoteles y restaurantes de la Riviera Maya… construyeron toda la Riviera Maya, pues. Luego de construirla, muchos se quedaron a trabajar en el sector servicios, como empleados y empleadas del hogar, y en hoteles y restaurantes. En 2010 habitaban en el municipio de Solidaridad 18,866 personas de origen chiapaneco, y para ese entonces todavía no empezaba la gran migración. La tasa de inmigración de Chiapas a Quintana Roo pasó de 0.5 en los censos de 1990 y 2000, a 0.7 en 2010, y de ahí dio el salto a 2.2 en 2015. Hay más chiapanecos en Quintana Roo que en los estados vecinos de Tabasco, Oaxaca o Veracruz. Eso nada más considerando la población asentada, contabilizada en los censos, otra cantidad bastante considerable es la población flotante, trabajadores que llegan por temporadas o que van y vienen de forma regular.

Para mover a esta cantidad de personas aparecieron los descendientes de los enganchadores del siglo pasado, que crearon en diferentes regiones de Chiapas empresas que contrataban y transportaban trabajadores a la península.

El tercer ciclo, de nuevo intraestatal, fue la migración a fuerzas, o como se le llama formalmente, el desplazamiento forzado. Este fue resultado del conflicto no resuelto entre el EZLN y el Estado mexicano, así como con los grupos antizapatistas, pero también derivado de los conflictos religiosos, principalmente de grupos evangélicos expulsados de sus tierras por grupos católicos. Miles de personas despojadas encontraron refugio en las principales ciudades del estado, principalmente en San Cristóbal (donde decir “refugio” es un eufemismo, pues nunca fueron bien recibidos y al día de hoy, treinta años después, incluso las personas nacidas en este municipio siguen siendo identificados como “gente de fuera” o “invasores”).

El cuarto ciclo es la migración internacional, motivada por diferentes factores, que van desde la catástrofe de precios del café a finales de los 80, la guerra zapatista o la construcción de redes de migrantes, pero sin duda un fuerte impulso se lo dieron esas mismas empresas de enganchadores modernos que extendieron sus negocios más allá de Quintana Roo, con el mismo modelo de contratar trabajadores y luego transportarlos, primero a Veracruz o el Estado de México, luego a Sonora y posteriormente el paquete completo hasta Estados Unidos. Esas mismas empresas (o sus “filiales”) le entrarían al transporte de migrantes internacionales provenientes de Centroamérica. Hace unos 15 años, las calles de Frontera Comalapa, que nadie identificaría como un destino turístico, estaban repletas de “agencias de viajes” que organizaban tours de la frontera sur a la frontera norte. Empresas similares se asentaron en Pantelhó, San Juan Chamula, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Altamirano, Villa Corzo, Villa Flores, Ocosingo, Comitán y Las Margaritas. Todas con destino declarado a Altar, Ciudad Juárez y Tijuana, pero todas con boletos no impresos que marcaban destinos más allá de las fronteras.

Pero los viajes eran de ida y vuelta (aunque lamentablemente no para todos), y con cada viajero retornado venían con él nuevos saberes, nuevas costumbres, nuevos consumos, nuevas redes de contactos con una variedad de actividades y negocios. Los pueblos y comunidades de expulsión se fueron transformando, un viaje a la vez. Los enganchados de este siglo fueron a Playa del Carmen, Tulum, Cancún, Miami o Atlanta y ahí, en esa convivencia cotidiana, los chiapanecos migrantes aprendieron a construir casas ostentosas y de mal gusto, pero también trajeron consigo modas, modos y modelos de autos, trocas y motos.

Parte 7. Crisis pandémica y postpandémica

Una de las principales causas de las causas de la violencia en la región de Los Altos fue la pandemia de 2020. No por la pandemia en sí, sino por la respuesta de las empresas turísticas, en particular las de Cancún y Playa del Carmen, y en menor escala pero de la misma proporción, las empresas de San Cristóbal.

¿Cuál fue esa respuesta? Despedir a todos sus empleados al inicio de la cuarentena.

Al anunciarse la cuarentena, la decisión de los empresarios de la península fue echar a la calle a todo su personal, empezando por aquellos que estaban contratados sin contrato, que en su mayoría pertenecían a pueblos originarios de Chiapas. No se supo de algún intento de apoyo, ni promesas de recontratación, ni siquiera indemnizaciones. Cientos, quizá miles de trabajadores de servicios turísticos y domésticos se quedaron sin fuente de ingresos de un día para otro. Cabe mencionar que la mayoría de estos trabajadores y obreros eran personas cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 40 años.

Al quedarse sin trabajo y sin opciones, asustados por la enfermedad que avanzaba imparable, miles de personas decidieron regresar a sus pueblos y comunidades a buscar refugio. No fue tarea fácil, pues al regresar se encontraron con el rechazo de quienes se habían quedado en casa, que ahora los señalaban como portadores del virus maligno. Algunos lograron quedarse, otros tuvieron que encontrar asilo en las ciudades de San Cristóbal, Comitán y Tuxtla. Ya instalados, tuvieron que buscar trabajo, un trabajo cuya oferta era más baja que nunca.

En menor escala que en el municipio de Solidaridad, los empresarios de San Cristóbal también habían despedido a todo su personal de servicio y mantenimiento en los primeros días de la cuarentena. En su enorme mayoría mujeres habitantes de la periferia, muchas mujeres. Así de pronto, en ese año fatídico, las casas de la zona norte tenían mujeres proveedoras desempleadas, jóvenes migrantes retornados sin ingresos, adultos mayores sin pensión del Bienestar por no haber participado en el censo y líderes de organizaciones sin acceso a recursos públicos.

Más que el miedo al virus, lo que se apoderó de muchos hogares fue la desesperación, el ir a dormir sin salidas posibles, el ver cada semana que el final de la cuarentena se alargaba cada día más. En las comunidades lo que salvó a muchas familias fue la agricultura de subsistencia, pero no quedaba mucho para todo lo demás. En San Cristóbal los únicos que tenían ingresos eran los jóvenes que tenían motocicletas, dedicados a repartir todo aquello que el miedo impedía a otros salir a comprar. Recorrieron la ciudad, llegaron a casas y colonias que nunca antes habían pisado, miraron de frente el rostro temeroso de sus opresores ancestrales, de los bisnietos de los enganchadores, de los hijos de aquellos que rechazaron a sus padres y abuelos 40, 30 y 20 años antes. Alzaron la mirada y, en una singular analogía, entregaron contenedores de unicel desbordantes de alimentos a aquellos a los que en algunas otras partes del mundo llaman “settlers”.

La jefatura de las familias cambió. Ni abuelos, ni padres, ni madres podían seguir siendo proveedores. Los jóvenes, con sus motos, eran los que llevaban dinero a casa. Pero seguía siendo muy poco para sostener a toda la familia, y era esa familia quien les presionaba para que resolvieran, para que trajeran más, para que vieran el modo. Entonces, un día de esos en que desesperación invadía sus casas y sus horas, uno de los jóvenes emigrantes retornados le dijo a su grupo de amigos:

—Tengo un compa en Playa del Carmen que dice que nos puede ayudar…

Foto: Isaac Guzmán

Parte 8. El “ahí que lo vean” como acción de gobierno

Ante la crisis económica derivada de la pandemia y los problemas ideológicos políticos y estructurales para acceder a los apoyos directos del gobierno, muchos jóvenes fueron buscando medios alternativos de subsistencia. En el campo aumentó la siembra de amapola, el huachicol se integró al paisaje, en las ciudades proliferaron los laboratorios de metanfetaminas, en todo el estado se crearon grandes redes de trasiego de drogas, pero también estructuras familiares enteras se dedicaron al tránsito de migrantes irregulares, desde la frontera selva a Los Altos, de la frontera sierra a Los Llanos, de la costa a los valles zoques. La mayoría de estas redes ya existían, pero crecieron en estos años luego del acuerdo Ebrard-Trump que obligaba al gobierno mexicano a impedir el paso a migrantes provenientes de Centroamérica, lo cual tuvo como automática y lógica respuesta el aumento de la migración irregular.

El cambio de giro de las organizaciones campesinas les llevó a pelear por las rutas de transporte de personas y mercancías, por los mercados públicos y por los cargos municipales en los que se concentraba el tránsito y tráfico de mercancías y personas.

En este ambiente de crisis se llevaron a cabo las elecciones de 2021, en las ya mencionadas dinámica de hiperfragmentación de organizaciones y crecimiento de la economía ilegal, con dirigentes buscando recuperar su fuente de recursos públicos, de asegurar rutas de tráfico y con grupos armados contrazapatistas con un acumulado afán de revancha que veían excelentes oportunidades de tener éxito.

Poco de eso se alcanzó a ver desde las instancias encargadas de organizar las elecciones y garantizar su pulcritud, quienes lamentablemente lo notaron fueron los precandidatos asesinados, los candidatos amenazados, los promotores del voto hostigados y los militantes amedrentados que se vieron forzados a elegir determinados candidatos. En el proceso electoral de 2021 (es decir, durante las precampañas, campañas, elecciones y postelecciones) se rompió el récord de candidatos y operadores partidistas asesinados en todo el estado. En algunos municipios ni siquiera fue posible instalar casillas electorales, en otros se instalaron, pero nadie llegó. Uno de los resultados de este caos electoral fue el conformación de Consejos Municipales avalados o no por el IEPC los cuales propugnaron toda una nueva forma de hacer gobierno. Pero eso ya es harina de otro costal.

Lo que siguió fue peor y con menos precedentes. La impunidad con la que todos los nuevos grupos actuaron derivada de la inmovilidad de un gobierno estatal tomado por sorpresa (y quizá en algunos niveles también participando de las nuevas empresas radicales) provocó que éstos se expandieran y que en respuesta surgieran diferentes grupos armados de autodefensa, que en algunos casos pasaron también a formar parte de la dinámica de saqueo, corrupción y amedrentamiento.

Lo que pasó después en Pantelhó, Altamirano, Frontera Comalapa, Motozintla y Chicomuselo, entre otros, ya es parte de la nota roja. Lo que vendrá después, también.

El gobernador, por su parte, se mantiene firme dentro de su palacio reportando cada día, puntualmente, el estado del clima.

Foto: Isaac Guzmán

Parte 9. Las rutas posibles

Es bien sabido que lo que debería seguir ahora es el desarme, la mediación, la conciliación y la reparación del daño para la consiguiente reconstrucción del tejido social, pero el estambre y los hilos necesarios no se consiguen con buenas intenciones. Es necesario desandar el camino hasta ese punto donde los derechos fueron conculcados en beneficio de unos cuantos, donde la acción del Estado fue simulada y donde la ganancia estuvo por encima de la justicia.

La oferta de una buena vida por encima de la vida buena (o lekil kuxlejal) es tentadora y la violencia no tocará retirada con discursos ni comunicados, por muchos y bonitos que sean. El acuerdo es necesario, pero será imposible sentarse a una mesa mientras el mercado de las balas se mantenga con buena salud. Los negocios desde la penumbra llegaron para quedarse, pero la sociedad, las organizaciones y el gobierno deberán trabajar para que esa sombra deje de ser proyectada desde la Torre Chiapas y las diferentes sedes y niveles de los gobiernos (el federal, el estatal, el municipal y el autónomo).

Estas ya no son causas de las causas, sino buenos e ingenuos deseos. De pronto no nos queda más que apostarle al anhelo, a la esperanza y al horizonte, que como siempre es lejano, pero se hace necesario imaginarlo posible, palpable, concreto. De otra forma la única salida del laberinto será sentarse a esperar que las balas (y los cuerpos que las reciben) se agoten.