Política y democracia representativa en México. Escenarios preelectorales 2023-2024

8o Foro Social Sobre Democracias Otras, de la UNICACH. Foto: K’uxaelan

Fernando Pérez[i]

De acuerdo con Instituto Nacional Electoral, el próximo 2 de junio de 2024 se llevará a cabo la elección de 20,375 personas para que ocupen los cargos públicos más importantes de nuestro país[1]. Para este proceso electoral el INE cuenta con una lista nominal de 97,339,696 ciudadanos, quienes podrían ejercer su derecho al voto[2]. Es decir, alrededor del 75% de la población mexicana está convocada para elegir a los funcionarios públicos que van a gobernar durante los próximos tres o seis años, pero también que decidirán o influirán sobre el rumbo político, económico, social y ambiental que tome el país. Sin embargo, este proceso electoral -que inició oficialmente el 7 de septiembre- está permeado de viejas prácticas partidistas que apelan al discurso de la democracia para llegar al poder, mientras son partícipes de una competencia descarnada por el voto de los ciudadanos. Peor aún, este proceso se está desarrollando en un contexto de violencia generalizada (desapariciones forzadas, homicidios, femenicidios, asesinatos a periodistas, desplazamientos forzados) en varios estados del país, incluyendo a Chiapas.

Frente a este escenario se presentó la mesa denominada “Política y democracia representativa en México. Escenarios preelectorales 2023-2024”, en el 8° Foro social sobre Democracias Otras, organizado por el Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica, del CESMECA-UNICACH, realizado el pasado 25 de octubre en la Enseñanza. Casas de la Ciudad. El panel de ponentes estuvo integrado por René Torres Ruiz (Universidad Iberoamericana), Oswaldo Chacón (Exconsejero Presidente del IEPC-IIJ/UNACH), Willibald Sonnleitner (El Colegio de México), Araceli Burguete (CIESAS Sureste), Luis Rodríguez (CIMSUR-UNAM) y Gerardo González (ECOSUR). Con la participación de María del Carmen García Aguilar (ODEMCA-CESMECA) y de Eduardo Torres Alonso (Doctorante de CESMECA) como comentaristas, y de Jesús Solís Cruz (ODEMCA-CESMECA) como moderador[3].

En este evento, el problema de la política y la democracia representativa en México, en general, y en Chiapas, en particular, se abordó desde un enfoque analítico-crítico y multidisciplinario. De entrada, René Torres expuso que: “lo que estamos viendo hoy es ya un posicionamiento muy claro de dos grandes fuerzas políticas, el Morenismo por una parte, como una fuerza política que trata de reivindicar a los sectores populares insatisfechos, molestos por el rendimiento de los tres partidos políticos PRI, PAN y PRD […]. Y por el otro lado, está este mismo grupo de partidos políticos que siguen reivindicando una suerte de políticas y de programas que han mostrado su ineficacia para solucionar problemas sociales muy graves en nuestro país. PRI, PAN y PRD siguen empecinados sosteniendo un discurso que transita por la reivindicación de las grandes referencias del neoliberalismo económico. Reivindicando también algunas de las políticas que tienen que ver estrictamente con la democracia representativa, con un modelo de Estado más bien impuesto por Estados Unidos”.

Para dicho ponente, si bien el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 fue un punto de inflexión en la democracia expresada en el proceso electoral, su narrativa orientada a reivindicar a las clases populares, de combatir la corrupción, la pobreza y la desigualdad la empezó a posicionar desde 1996, cuando se convirtió en el Presidente Nacional del PRD y lo consolidó en el 2005 cuando fue víctima del desafuero como Jefe de Gobierno del Distrito Federal. “Ahí nace esta fuerza que hoy domina México y aparece de manera contundente en el plano nacional donde se estructura un actor y una corriente de pensamiento, una corriente política que hoy por hoy domina electoralmente varios estados, varios municipios y localidades”. Obviamente, este dominio no solo es discursivo, se materializa en los programas sociales destinados a sectores específicos de la población (Adultos Mayores de 65 años, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, entre otros), los cuales en estos tiempos electorales se convierten en un instrumento político que le garantiza a Morena una base social, cuyos dividendos también benefician a su alianza con el PT y el PVEM, con quienes comparte el poder presidencial.

Por su parte, Willibald Sonnleitner sostuvo que “lo que pasó en 2018 fue que el tripartidismo colapsó y los tres partidos que sumaban el 94% del voto pasaron a sumar menos del 40% del voto y eso reconfiguró profundamente todo el sistema político mexicano y en particular el sistema de partidos. Pero, lo que pudimos medir en 2021 con datos muy confiables es que el sistema está sumamente fragmentado. Tenemos a [Morena] como el primer partido, que está lejos de ser predominante ni mucho menos hegemónico, sino que moviliza más o menos una tercera parte del sufragio válido. Las dos fuerzas que están compitiendo por el segundo lugar y que están prácticamente empatadas son el PRI y el PAN, que tienen prácticamente la mitad de ese voto.” Después de estos partidos les siguen otros con menor capacidad de captación del voto, pero no menos importantes para el proceso electoral. Pues, éstos “son cada vez más importantes para el funcionamiento del sistema de partidos y de la política en México, sobre todo cuando analizamos la política a nivel subnacional.” Es decir, los partidos pequeños que operan en el plano estatal pueden contribuir a sumar votos a nivel nacional y definir una elección, lo que permite ver la importancia de las alianzas que se vislumbran en dos grandes bloques para 2024.

En el caso de Chiapas, la disputa de los dos bloques es un tanto ficticia porque aquí sigue gobernando la denominada Familia Chiapaneca, los candidatos solo se mueven de partido para fingir que en el estado existe una noción de democracia. Al respecto, Luis Rodríguez apuntó que apenas hace dos décadas Chiapas era “el granero de votos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI)”, pero después del triunfo de Pablo Salazar Mendiguchía, “en un período que ya era alabada y analizada la «transición democrática», Chiapas pasó a ser considerada garantía del voto verde”. Recordemos que Rutilio Escandón Cadenas llegó a la gubernatura en 2018 por los acuerdos políticos entre Andrés Manuel López Obrador y el entonces Gobernador Manuel Velasco Coello, acuerdos que se están renovando para imponer al nuevo gobernador (a). Las encuestas son solo una “faramalla” que oculta los ejercicios antidemocráticos para elegir al relevo del poder estatal.

De acuerdo con Oswaldo Chacón, en Chiapas, las elecciones para 2024 contemplan la gubernatura, 40 curules en el Congreso local y la renovación de 123 Ayuntamientos (menos Oxchuc y Belisario Domínguez), para las cuales están convocados cerca 4 millones de electores. Ante ello, el reto más importante tiene que ver con la inseguridad, pues “la debilidad o ausencia del Estado frente a poderes fácticos en muchas regiones puede amenazar no solamente la integridad sino la realización misma de las elecciones”. Comenta que en 2018 se anularon 10 elecciones municipales, todas relacionadas a actos de violencia. En 2021, se anularon 3 elecciones municipales en El Parral, Frontera Comalapa y Emiliano Zapata, y 130 casillas no fueron instaladas en Siltepec, V. Carranza, Honduras de la Sierra, Ixhuatán, Tila y Pantelhó, debido a las graves condiciones de violencia e inseguridad, entre otros acontecimientos. Esta situación puede empeorar para 2024 con el nuevo contexto de violencia generado por los grupos armados (paramilitares y cárteles) en varios municipios del estado.

Ahora bien, una de las variables que influyen en los procesos electorales del estado es que los presidentes municipales (mujeres y hombres) se pueden reelegir. No obstante, “ésta sigue siendo una modalidad que ha generado mucha tensión, mucho conflicto donde se ha presentado. [Aunque] no ha habido resultados automáticos de triunfo para quienes las han buscado. En 2018, 28 alcaldes buscaron su reelección y ganaron 8, 20 perdieron. En 2021, de nueva cuenta 28 buscaron su reelección y ganaron 14, la mitad perdió. Es un dato, una evidencia de que las elecciones funcionan” en el estado. Sin embargo, aunado a este proceso, existen casos donde los presidentes municipales no solo buscan la reelección, sino que hacen todo lo posible para que su esposa o hijos (as) ocupen esos cargos, reproduciendo así los viejos cacicazgos para mantener el poder municipal.

En este sentido, Araceli Burguete abonó a esta discusión poniendo sobre la mesa la variable étnica, tanto para los distritos electorales como para los municipios que tenían más de 40% de hablantes de población indígena. Si bien, este proceso tiene sus antecedentes en los Acuerdos de San Andrés de 1996, fue entre 2001 y 2004 que empezó a materializarse para las elecciones de 2006. Por lo tanto, “al menos en teoría, estaríamos situadas, analíticamente, no en el debate de la democracia electoral en sí misma, sino en un escenario de elecciones en el marco de un Estado pluricultural. Esto quiere decir que hay políticas afirmativas que se han desarrollado a partir de 2018 que ponen el marco para que los municipios indígenas tengan otras reglas, al igual que las y los diputados que van al Congreso y las mujeres. Estaríamos hablando de una democratización de la “democracia”, de una pluralización de la democracia, que implicaría que las personas de los municipios indígenas estarían en mejores condiciones en términos de representación y representatividad”.

No obstante, la realidad muestra lo contrario, en los distritos donde debería de haber una persona procedente de un pueblo originario han sido “electas” personas mestizas o ladinas cercanas al poder. Peor aún, en varios de los 43 municipios considerados como indígenas no solo han sido electos personas ladinas o mestizas, sino que han resurgido los viejos cacicazgos heredados del PRI. Lo relevante es “que la mayoría de los municipios que están hoy con conflicto armado son conflictos poselectorales agravados. Por ejemplo, en el caso de Altamirano, el conflicto inició la protesta en contra de los resultados electorales. Porque la persona que ganó las elecciones Gabriela Roque es la esposa de Roberto Pinto Kanter, el finquero cacique que en el momento de 1994 tenía el poder. Estamos hablando de un municipio donde el 87% de la población es indígena. Entonces uno se pregunta qué falla, por qué los indígenas son excluidos del poder. La regla [elaborada por el INE y el IEPC] plantea que, de estos 43 municipios indígenas, por lo menos los partidos políticos deben de tener un 50% de municipios con presidencia indígenas. Les dejan a los partidos la gran cancha para que puedan decidir en donde poner presidentes municipales indígenas, y claramente en este caso el municipio de Altamirano fue seleccionado por el Partido Verde el que puso a una persona no indígena y ganó la elección.”

La panelista agregó otra variable que es la paridad de género, para ella éste también forma parte de un elemento integrador del conflicto en los municipios de Chiapas, particularmente en los municipios considerados como indígenas. En este sentido, “las mujeres han sido sometidas por los partidos políticos como nunca antes. Los sistemas de cargos también han sido sometido por los paridos políticos. Por ejemplo: en Aldama, Santiago El Pinar, Chanal, Mitontic, entre otros, los partidos políticos llegan y hablan con los políticos hombres y les dicen, oye te ofrezco dinero porque quiero una candidata para registrar en el IEPC porque quiero cumplir con la paridad. Qué significa eso, que un partido x tiene que tener la mitad de mujeres y la mitad de hombres como presidentes. Pero la mitad les corresponde a ellos, los partidos de las élites y la otra mitad para los indígenas. Esto ha sido desastroso para los municipios indígenas. Entonces, las políticas de acción afirmativa no es un componente de la democracia para que la sociedad mejore”. Por el contrario, el asunto de la cuestión étnica en los procesos electorales, la paridad de género y la reelección de presidentes municipales están contribuyendo a fortalecer viejos y nuevos cacicazgos en los municipios a través de los partidos políticos como en los tiempos del PRI, pero ahora bajo las siglas del PVEM y de MORENA, generando así conflictos poselectorales que favorecen la irrupción de grupos armados, como son los casos de Tila, Altamirano, Simojovel y Pantelhó, entre otros.

Ante este panorama, Gerardo González apuntó que estamos regresando a un tiempo que Chiapas ya vivió en décadas pasadas, pero con nuevos actores como los traficantes de personas, de armas y drogas, a tal grado que la disputa entre los carteles nos tienen en vilo. Para dicho ponente, se supone que la lucha del movimiento indígena y campesino, el movimiento magisterial, la iglesia con las comunidades de base, y algunas ONG de esa época, las organizaciones de mujeres, la presencia de las FLN/EZLN con ANCIEZ y otras organizaciones, no solo habían logrado romper los cacicazgos locales, sino que influyeron para construir procesos electorales más democráticos en el país. “La confluencia terminó en dos movimientos: zapatismo y obradorismo. Lo lamentable es que parte de la génesis que los parió, ahora son enemigos. La crítica nunca es comparable a la burla, el no saber construir puentes entre la diferencia y la coincidencia. […] La sociedad civil está en crisis porque las organizaciones lo están y también al revés. Votamos y hemos visto llegar al poder a una ¿izquierda social? O es que solo vemos lo que queremos, pero no existe. […] El debate de hoy es la Cuarta Transformación que se construye desde el caudillo, el mesiánico presidente que de manera astuta hoy lleva la agenda política y nos avizora otro tiempo más en el poder, con formas nada democráticas y al margen de la sociedad, bajo la premisa de un pueblo bueno que sabe lo que hace”.

En este sentido, María del Carmen García comentó que en este Foro “recuperamos los contextos en sus respectivas escalas, nacional, estatal y local, registramos que no le son favorables a los partidos políticos y su despliegue electoral. De hecho, esta percepción está dirigida al modelo de orden democrático representativo, pero tampoco existe otro modelo que lo sustituya. Este es un hecho que debemos tener en cuenta, puede uno estar o no de acuerdo, pero el proceso electoral va.” Esto a pesar de la evidente crisis de la representación política, cuyos vectores que la producen se deriva “de la relación antagónica entre globalización y democracia, esto es la expansión de la primera se traduce en la destrucción de la segunda. Otra dimensión portadora de la crisis es el discurso presentista que invisibiliza la relación entre historia y práctica y con ella la dimensión de poder”. Por su parte, Eduardo Torres, reflexionó sobre la necesidad de volver no solo a la dimensión etimológica de la Democracia, sino a una nueva lectura de los autores clásicos y modernos que profundizan en ella desde diferentes perspectivas, que permitan ir más allá del proceso electoral.

[1] De los cuales 629 corresponden a elecciones del ámbito federal (1 Presidencia de la república, 500 Diputaciones y 128 Senadurías) y 19,746 pertenecen a elecciones locales (9 Gubernaturas, 1,098 a Congresos, 1,803 Presidencias municipales, 431 Cargos auxiliares, 1,976 Sindicaturas y 14,429 Regidurías)

[2] 51.93% son mujeres, 48.06% son hombres y 39 son no binario. Instituto Nacional Electoral (INE), (2023). Numeralia del proceso electoral federal y local, 2023-2024. Disponible en: https://www.ine.mx/numeralia-proceso-electoral-2024/

[3] En esta mesa participé como relator y lo que aquí se presenta es producto de esta relatoría.

[i] Colaborador del Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica del Cesmeca. Correo electrónico: pepe_cielo@hotmail.com