Chiapas: el ciclo democrático preelectoral 2023 que no fue

Zoé Robledo en la reunión con sus seguidores, tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador- Foto: Equipo de comunicación de Zoé Robledo

María del Carmen García Aguilar[i]

El 20 de agosto del álgido 2023, en su conferencia de prensa matutina el presidente Andrés López Obrador anunció que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo “no competirá por la gubernatura de Chiapas en 2024 “porque tomó la determinación de concluir el reto que tiene el país en el reglón de salud”. Indicó que el jueves 16 de dicho mes, “Fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto del Seguro y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar […].  “Zoé Robledo es muy querido en Chiapas y tiene posibilidad, pero me dio un gusto enorme y esto yo creo que lo van a entender los chiapanecos, y yo se lo reconozco mucho, le agradezco a los chiapanecos y el agradezco a Zoé. Yo creo que le agradecemos todos los mexicanos”[ii]. En referencia a lo anunciado por AMLO, Robledo Aburto sostuvo en carta pública que esta decisión “es la decisión más difícil”, “no me explico sin Chiapas”, pero “la Patria es primero, y Chiapas es, final y plenamente parte de ella”. La causa de la renuncia puede ser lógica, pero hacerlo después de haber recorrido un tramo electoral que le era favorable resulta poco creíble, la lucha por principios y por ideales es una lucha que no solo tiene cabida, sino de carácter de urgencia en Chiapas[iii].

La decisión, ya sea del presidente o de Robledo, no sólo generó malestar y rabia en una significativa población morenista, visible en los porcentajes de las encuestas que le favorecían, sino también generó alegría y optimismo por otros políticos y grupos locales que luchan por la gubernatura. La pregunta básica de esta decisión es: ¿Se hará la preselección de Morena con el sustento democrático de la sociedad chiapaneca? La respuesta es negativa porque, como ocurrió en la designación de la candidatura de Sabines en 2006, la decisión fue del presidente y de la cúpula del partido. Explicar esto nos lleva no solo a la singularidad y contemporaneidad de la sociedad chiapaneca en la historia y en el presente del país, sino a la radicalidad sistémica de la materialidad y subjetividad del orden democrático liberal representativo, que desvela no solo la deconstrucción de sus viejas aporías, sino también el tamaño del desequilibrio de sus paradojas en un mundo globalizado. En el que la política, la democracia y su condicionamiento mediático son productos de la mercadotecnia y del espectáculo.

Chiapas es una entidad federativa del sur de México a la que políticamente se le asume “marginal”, no solo por su atraso socioeconómico y pobreza, sino también por su origen racial, de la que deriva una discursividad simbólica que sostiene el desprecio o la conmiseración. En su momento, el Estado mexicano se asumió “revolucionario” y responsable de llevar el desarrollo a las masas empobrecidas de Chiapas, para después, con la reforma agraria del salinato, finiquitar el reparto y colocar a comuneros y ejidatarios en el mercado de tierras. Como ayer, hoy la percepción de “inditos”, portadores de la “incultura del trabajo”, define el “lavado de mano” de gobierno y políticos para sostener que “se lo merecen por ser lo que son”. Indiquemos también que Chiapas no autocentra ningún poder decisional de su orden político. La designación de los gobernadores y las decisiones de la vida económica y social nunca han sido locales, son decisiones de los poderes del centro, propio de un régimen federal centralizado y autoritario y, hasta 2028, de un régimen oligárquico fetichizado en el principio de la libertad de mercado.

En 2000, en pleno festejo de la primera alternancia presidencial, se dio por sentado que la transición mexicana daba paso a un régimen plural y democrático; la segunda alternancia presidencial ocurre en 2012 pero se tradujo en el regreso del PRI. En Chiapas, en las elecciones por la gubernatura de 2000 las ganó una coalición partidista liderada por el PRD, cuya dirigencia nacional cede en 2006 la gubernatura a Juan Sabines Gutiérrez, quien hasta en el último momento de su designación se asumió priísta. En 2012, la gubernatura la ganó Manuel Velasco del PVEM, con abiertos vínculos electorales con el PRI.

Se puede sostener que detrás de estos triunfos nacional y local, está la construcción de un orden que mancomuna política y globalización, relación que se externaliza en una oligarquía, cuyo poder es producto de una estrategia partidocrática[iv], en la que la interpenetración entre partidos y Estado se visibiliza en la triangulación de un poder del sistema de partido, el sistema parlamentario y el ejercicio de gobierno de facto. En ella los partidos definen acuerdos programáticos de gobierno instituidos e instituyentes, como lo fue la reforma electoral de 2017 y 2014 y la reforma energética de Peña Nieto. Siguiendo el concepto de partido cártel de Katz y Maier[v], en México se irrumpe o se debilita el modelo de partido de masas y de partido catch-all, por el modelo de partido cártel. En este último la relación de los partidos políticos con la democracia y la política culminan en un modelo cartelizado de política, que responde a las transformaciones del Estado y la sociedad[vi].

En México, el despliegue de este modelo de política ocurre durante los tres sexenios del siglo XXI y el tamaño de su éxito estalla con el acontecimiento de la elección presidencial de 2018, mismo que se tradujo en una crisis de un sistema hegemónico de partido de igual tamaño y forma que su éxito. No obstante, la solidez de las instituciones de la democracia representativa dotadas de poder jurídico-político -léase INE, TEPJE-, establece amplios márgenes de continuidad de la función vital de los partidos como actores legítimos en los mismos términos establecidos, esto es, independientes del tamaño de su crisis. Por ello en miras a las elecciones de 2024 se registra un verdadero espectáculo mediático partidista tan distante de la sociedad nacional y local que pareciera que su ciclo histórico se ha agotado.

Este es el marco en el que opera la definición preelectoral interna de los partidos políticos o de las coaliciones ya registradas. Si bien el discurso, en tanto “acción”, posee el atributo de orden y organización, validando tanto sus formas estructurales y procesos cognitivos, como de representaciones –contextos– requeridas en la producción y la comprensión por los usuarios del lenguaje[vii], lo que se registra es un laberinto discursivo electoral que hoy se amplifica por la comunicación digital y la centralidad de la posverdad. Y, con ella, la ambivalencia, condición que no se define, y la alteración del subconsciente individual y colectivo.

Regresando a la pregunta que nos llevó a este ejercicio analítico y reflexivo sobre el carácter del proceso preelectoral de la candidatura a la gubernatura de Chiapas, sostenemos que Morena, al igual que los otros partidos, juega con el mismo andamiaje del sistema partidista, esto es, con leyes e instituciones que cobijan y protegen a un poder partidocrático. La ausencia de un ordenamiento institucional y normativo, como ocurrió con el panismo y el priísmo, condujo, como indica Cansino, a la repartición de los viejos-nuevos vicios entre sus integrantes (PAN/PRI/PRD). Y Morena, por el tamaño del proyecto de la 4T juega por la vía electoral para conservar el poder político que lo definen como la primera fuerza partidista, y ello implica alcanzar una mayoría calificada afín en el congreso, solo posible desde las coaliciones y acuerdos partidistas.

Chiapas, por la particularidad de su desarrollo partidista electoral, registró durante los primeros 18 años del siglo XXI un poder mancomunado entre el PRI y el PVEM que no solo arrasó con el poder alcanzado por el PRD en las elecciones de 2000. Sino también,  ante el silencio de los órganos electorales federal y local, fue objeto de una violencia política con sentido de aniquilación contra perredistas en pleno ejercicio de cargos públicos y popular, así como contra dirigentes o afiliados, forjados en el seno mismo de organizaciones populares radicales. Y no debe olvidarse que el origen de este partido en Chiapas nace de una parte importante de la sociedad local portadora de un posicionamiento político de izquierda que optó por la vía partidaria en el PRD que, en su momento, fue el partido más importante de la izquierda mexicana.

En esta tesitura, que recuerda que el futuro exige de la memoria, el triunfo de Morena no significó la formación de un gobierno con una clase gobernante local de origen morenita; los antecedentes de buena parte de ellos constituyen parte del bloque que se separa del PRD y que conformará a Morena y, más pronto que tarde, algunos de ellos serán beneficiados con el voto para ocupar posiciones del poder popular. Como es el caso del primer gobernador morenista. Sin embargo, la precariedad del subsistema de partidos local produjo una elite incapaz de influir en los acontecimientos desde un proyecto propio, en tanto tiende a la fragmentación partidaria en aras del fortalecimiento de las dirigencias de los partidos nacionales, sin que ello implique irrumpir el sentido de ser iguales, aun siendo diferentes. Priva en ello, un sentido de compartición identitaria que no necesariamente sostiene la defensa de los ideales democráticos de su sociedad.

En términos llanos, en el transcurso de estos casi cinco años de gobierno morenista, quienes protagonizan el ejercicio de gobierno de Chiapas, producto de un “transfuguismo” político normalizado, poseen un capital simbólico encarnado en el lenguaje y sus formas, que activa la cultura política procreada por el viejo régimen autoritario priísta. El patrimonialismoy la soberbia de las nuevas dirigencia y gobierno local y nacional, propio del sistema de partidos y de la democracia mexicana, es quizás el mayor desafío de Morena y el proyecto de la 4T. Y no es que Chiapas sea la preocupación de Morena, pero sí que Morena pronto sea la plataforma de dirigentes y gobernantes que hagan del ejercicio patrimonialista, “finqueril” en su tiempo, un gobierno tan alejado de los principios y valores de la 4T, en abierto combate a sectores de la sociedad que históricamente han portado la crítica a una democracia representativa. O cuyo acercamiento a ésta, desde la bandera de los derechos humanos, esquivan la dimensión de la representación electoral. Son lecturas y prácticas lo más cercanas a una visión político-ideológico de izquierda. Es la pobreza, pero también lo es la que la produce.

No es la elección de la gubernatura por parte de la oposición la que preocupa, es la elección interna de Morena, maniatada no solo a un proceso de acuerdos con el PVEM, a sabiendas de que éste último tiene un trabajo político sigiloso en el territorio chiapaneco, sino las prácticas electorales que supuestamente dicen superar. Trayendo la fuerza de la cultura política patrimonialista, el golpeteo, en tanto coyuntura electoral, se visibiliza, para después emprender un trabajo de conciliación. Por ello no es extraño que, con el triunfo de Morena en 2018, los dos últimos exgobernadores de Chiapas acusados de despilfarros, corrupción y desfalcos del erario público no solo no fueran requeridos por la justicia, sino beneficiados con un consulado el primero y el segundo con una senaduría. De igual manera, ante las elecciones por venir no es extraño que el exgobernador Sabines Gutiérrez regrese a Chiapas tomándose la foto con Marcelo Ebrard, y el segundo reafirme su alianza con Morena e incluso forme parte de la preselección del Coordinador de los Comités de Defensa de la 4T. Tampoco son extrañas las imágenes de exgobernantes priístas con aspirantes a la gubernatura de Chiapas, e incluso la declaración del excandidato priísta a la gubernatura en 2018, en la que anuncia, su incorporación al PT.

Las respuestas de Zoé del pasado 26 de agosto, sobre el porqué tomó su decisión y qué sigue, ya pasaron al olvido, no así el destape que hizo de Carlos Morales Vázquez y la Diputada Manuela Obrador, a la que suma una escalada de aspirantes que se asumen morenistas, pero abrevando de la cultura política propia de la casa. A los punteros iniciales, Robledo y Ramírez, se sumaban, Sasil de León, José Antonio Aguilar, Rosa I. Urbina, y Pepe Cruz. Después del retiro de Zoé, se registran Carlos Morales, Plácido Morales e Ismael Brito, diputado y exsecretario del actual gobernador.

A la pregunta ¿es el regreso de los bárbaros? La respuesta fue contundente; “no, en Chiapas, los bárbaros no se han ido”.

[i] Profesora Investigadora del CESMECA-UNICACH. Es miembro del ODEMCA.

[ii]https://www.sinembargo.mx/21-08-2023/4399701

[iii] https://www.proceso.com.mx/nacional/2023/8/21/dejar-la-lucha-porla-gubernaturade-chiapas-es-la-decision-mas-dificil-que-he-tomado-zoe-robledo-313222.html?fbclid=IwAR1f20NssknQLDrztTYqc

[iv] Cansino, César /2014). México en ruinas. Los saldos del panismo en el poder 2000-2012. México: BUAP-Juan Pablos Editor.

[v] Katz S. Richar y Peter Mair. “El partido cártel. La transformación de los modelos de partidos y de la democracia de los partidos, en Zona Abierta 108/109 (2004). https://aulavirtual4.unl.edu.ar/pluginfile.php/7083/mod_resource/content/1/Katz%20y%20Mair%20-%20El%20Partido%20Cartel.pdf

[vi] Martínez González, Víctor Hugo. “Partido Cártel. Una revisión crítica del concepto”, Foro Internacional 226, LVI (4),1053-1088.

[vii] Teun A. van Dijk (compilador) (2008). El discurso como interacción social. España: Gedisa, pag.28.