Desinformación
Las noticias falsas minan instituciones y socavan la democracia. Las Tecnologías de la Información y comunicación descentralizaron la información. Hoy en día por medio de un dispositivo móvil o una computadora es posible tener acceso a una gran cantidad de información que, en ocasiones esa información carece de veracidad. En ese sentido se han implementado algunas estrategias para combatir la desinformación han sido diversas, una es la respuesta del mercado, es decir, que los lectores castiguen al medio por su poca credibilidad, otra alternativa es por medio de un defensor del lector que atiende a las quejas de los mismos y resuelve la controversia y la tercera es el control gubernamental.
Ejemplo del control gubernamental es Venezuela país en el que el 1 de junio de 2010 el presidente Hugo Chávez creó el Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), este organismo tiene la facultad de recopilar, procesar y analizar, información proveniente del Estado y de la sociedad sobre cualquier aspecto de interés nacional. El presidente de la CESNA puede “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualquier información, hecho o circunstancia”. En 2013 ese organismo se sustituyó por el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, Cesppa. Las críticas a las clasificaciones para reservar información por esos dos organismos se dieron porque se consideraron ambiguas las foras de clasificar información reservada.
A 10 años de distancia de ese organismo dos países australes, Australia y Chile siguen la tendencia de órganos de control de la información. Australia es estos momentos tiene a consulta una iniciativa de ley que propone que la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA) tenga la facultad de exigir que las plataformas digitales mantengan ciertos registros sobre asuntos relacionados con información errónea y desinformación y entregarlos cuando se solicite.
La ACMA obligaría a las industrias a crear un código de práctica, En caso de demostrarse desinformación las multas podrían ir desde hasta $2.75 millones de dólares o el 2 por ciento de la facturación global, lo que sea mayor. De igual forma la autoridad podrá imponer estándares de regulación y en caso de no cumplirlos Las sanciones por infringir los estándares podrían hacer que las empresas paguen hasta $ 6,8 millones o el 5 por ciento de su facturación global. De acuerdo a este proyecto de ley, la desinformación se define como contenido involuntariamente falso, engañoso o equívoco. La oposición por medio del denominado ministro de Comunicaciones en la sombra, David Coleman señaló que «esta es un área compleja de política y se debe evitar la extralimitación del gobierno».
En el caso de Chile el 20 de junio pasado en el Diario Oficial de ese país se publicó el decreto de creación de una Comisión Asesora contra la Desinformación dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Tendrá como objetivo asesorar a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en temas sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales, de igual forma ese organismo hará recomendaciones sobre políticas públicas.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa Michael Greenspon y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet dijeron que la Declaración de Chapultepec como la Declaración de Salta no dejan resquicios para que los Estados impongan requisitos, condiciones o lineamientos en materia de libertad de expresión o desinformación. «El espíritu de estos documentos es defender las libertades de prensa y expresión como principios esenciales de la democracia y por ello prescriben que los gobiernos no deben imponer medidas, para evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura». El presidente de la SIP añadió que «Las comisiones, los observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa».
De acuerdo al estudio News Report 2023, hecho por el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, revela que en México la confianza en las noticias pasó de 50 % en 2019 a 36 % en 2023. Este estudio analiza el consumo de noticias digitales en el mundo, para llevarla a cabo se efectuaron 93,000 entrevistas en 46 mercados que cubren la mitad de la población del mundo. Existe un consenso sobre el riesgo que implica la desinformación para la democracia en lo que no existe unanimidad es en la forma de atajar ese riesgo.
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