Conflictos socioterritoriales del turismo en Nicaragua

Rótulos en Managua engrandecen la gestión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras las críticas a su manejo del Covid-19 alcanzan dimensiones internacionales. Foto: Nicaragua Investiga.

Por María Angélica Picado[1]

Desde la reforma constitucional que posibilitó la reelección presidencial en Nicaragua, el país ha venido arrastrando múltiples contradicciones, disputas y conflictos. A partir del año 2018, el país se encuentra sumergido en una profunda crisis de régimen, como parte de una constante histórica que se vuelve cada vez más cíclica en el país.

El 18 de abril de 2018 inicia una rebelión popular en el país, marcando el inicio de una ruptura decisiva del modelo político y económico que se había desarrollado en la última década, bajo la presidencia de Daniel Ortega. El turismo había sido una de las principales fuentes de divisas del país y su crecimiento progresivo se presentaba como un gran logro para mantener una aparente estabilidad para la inversión nacional y extranjera.

Durante los últimos años, el gobierno de Daniel Ortega, venía instaurando una política de crecimiento económico y de ampliación de ciertos programas sociales. Con el respaldo económico de la cooperación petrolera venezolana, lograron fidelizar y construir una alianza de conveniencia con la cúpula empresarial, liderada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quienes tuvieron libre acceso a los canales de exportación dada la estrecha relación con el gobierno desde el año 2006.

En gran medida, el apoyo popular del que había gozado el gobierno estaba sustentado en la capacidad que tuvieron de articular programas sociales de corto plazo que ayudaron a resolver las necesidades urgentes de la población. Estas medidas se pudieron llevar a cabo principalmente por la cooperación venezolana de la que gozó el país desde 2007, que implicó la disponibilidad de aproximadamente 500 millones de dólares anuales, que además el gobierno gestionaba de manera privada, es decir, fuera del presupuesto general de la república (Bronté, 2018).

El termómetro de la estabilidad y buena salud de la economía del país estaba también sustentado en un modelo corporativista de consenso tripartito. Las formulaciones de las políticas públicas nacionales tenían que concertarse a partir de las decisiones tomadas básicamente por tres actores principales: el gobierno central, gremio empresarial y sindicatos afines al partido gubernamental. Es decir, cualquier demanda social de cualquier ámbito, debía atravesar los filtros de este grupo para poder ser considerada y ejecutada. Es así que se afirma el carácter corporativista de este modelo de gobierno, que paulatinamente fue privatizando la gestión de lo público.

Sin embargo, este contexto de crisis también desenmascaró la política de un estado autoritario y represivo. Esto atrajo al país a una depresión económica que hundió cualquier posibilidad de estabilidad socioeconómica dejando un panorama de represión e incertidumbre. A raíz del incremento de la represión y la violencia política que existe en el país, existen más de 170 presas y presos políticos, lo que además ha elevado la emigración de 60 mil nicaragüenses por la situación de inestabilidad existente en el país (Confidencial, 2021).

Por otro lado, es evidente que la actual situación ha puesto en cuestión la legitimidad del Estado en su conjunto, haciendo muy compleja una posible solución negociada entre los mismos actores del consenso tripartito. El reflejo más palpable de la crisis se ha manifestado en los propios informes económicos gubernamentales y del sector privado. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), un centro de pensamiento de referencia en el país, en su último informe de coyuntura económica alerta sobre el despido de al menos 347,000 personas, en particular en las actividades relacionadas con turismo, comercio y construcción, que representan el 76 por ciento del total de despidos o suspensiones^[2].

Un panorama que configura una nueva realidad y representa uno de los escenarios más desalentadores para las condiciones socioeconómicas del país. En un país que depende altamente de los organismos financieros internacionales y de la ayuda externa para complementar el presupuesto de inversión pública. El turismo ha presentado escenarios complejos, grandes inversiones han paralizado sus operaciones y han desplegado acciones que solo afectan a los sectores populares de la sociedad.

El turismo: entre la incertidumbre y la recuperación

El turismo en Nicaragua ha atravesado en la última década, por tres momentos de crisis que han marcado la historia del país y el destino del sector turismo. La primera de estas crisis, puede identificarse en la consolidación del modelo corporativista, que se construyó entre los años 2007 al 2017. Este modelo reveló profundas contradicciones, que se evidenciaron por los grandes conflictos de intereses, que implicaba la participación privilegiada del gran capital en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas, aunque finalmente la ruptura de este modelo, solamente llevó a la consolidación de uno más centralizado y excluyente. El segundo momento de crisis, se dio durante el estallido social de abril de 2018, donde el descontento social sobre las políticas represivas y control autoritario por parte del gobierno provocó una crisis social y política que golpeó al país, con grandes consecuencias económicas y humanas, Por último, y no menos importante la pandemia del COVID-19, un sorpresivo escenario que vino a revelar una vez más las múltiples fragilidades y vulnerabilidades del turismo.

Estos tres momentos sin duda, han impactado al sector turístico convirtiéndolo en uno de los sectores más afectados en el país. Es así que las pequeñas y medianas empresas turísticas que constituyen la mayor participación del sector, han sido las más afectadas por estas múltiples crisis del turismo. Las desigualdades socioeconómicas de este tipo de experiencias salen a flote en este complejo escenario. Por otro lado, surgen nuevos actores que gestionan proyectos turísticos en medio de las crisis del sector, con el objetivo de ampliar la estructura de oligarquización del sector turístico por parte del gobierno.

Los posibles caminos que se abren

Ante este escenario, surgen cuestionamientos de cara al futuro, sobre si el turismo que se ha venido gestando desde la modalidad asociativa comunitaria debe configurarse como un “otro turismo” que plantee nuevos retos hacia un pacto eco territorial y la justicia socioambiental. Si se considera esta actividad como una fuerza contra hegemónica que no dependa exclusivamente de fuerzas productivas externas, sino que organice el turismo desde sus propias prácticas simbólicas y materiales, incentivando un modelo transformador que sea respetuoso de todas las formas de vida.

Esa realidad alternativa que hoy se abre en Nicaragua a los ojos de muchos sectores, pero también de la población en general, necesita, sin embargo, las mínimas condiciones para convertirse en algo realmente viable. Esos pasos previos pasan por el cumplimiento del ejercicio pleno de los derechos de manera igualitaria y equitativa.

Es un hecho irrefutable que el modelo de turismo global no es ya un factor de estabilidad y que ha encontrado la manera de implosionar su propio modelo, que privilegiaba la rentabilidad sobre la sostenibilidad a largo plazo, reflejando por supuesto su vocación elitista en la gestión pública, que tal como se ha expuesto anteriormente, en el sector turístico se encuentra un buen ejemplo de ello.

Es cada vez más indiscutible la fragilidad de las economías locales frente al mercado hegemónico global turístico, que en cualquier momento se ven expuestas a crisis políticas, crisis económicas o de cualquier índole que revierte todo lo que se viene trabajando. Sin embargo, también es urgente señalar la necesidad de priorizar los proyectos asociativos frente a los extractivos, corporativistas y elitistas. El turismo sin duda debe convertirse en un elemento armonizador de los entornos naturales tanto en la conservación de los espacios de vida, pero también debe estar llamado a ser un proyecto político social que reivindique las demandas locales, donde el Estado siempre debe estar de lado de los que lo necesitan y no de los que lo instrumentalizan como fuente inagotable de lucro.

Analizar las reconfiguraciones socioterritoriales a partir del turismo nos lleva a plantear las siguientes reflexiones:

• Las experiencias rurales de turismo de base comunitaria han encontrado en la crisis del turismo, un retorno hacia las actividades productivas tradicionales campesinas como una experiencia de encuentro. Además, se recuperaron los espacios de socialización tradicional que se habían desplazados por el turismo.
• La participación y liderazgo de las mujeres en el turismo condujo a la activación de un proceso de empoderamientos gestados por ellas mismas, reconociéndose como mujeres sujetas de derechos, ampliando sus posibilidades para la inserción laboral, estableciendo redes de apoyo y solidaridad dentro del colectivo.
• Las políticas turísticas en Nicaragua presentan ciertas contradicciones para incentivar modalidades de turismo desde la base comunitaria. A partir de la pandemia, las políticas de reactivación de la actividad turística se delinearon en función de acelerar una recuperación del sector para las grandes empresas turísticas, excluyendo de estos planes al sector rural que trabaja en el turismo.
• Los procesos de despojo de las poblaciones campesinas presentan dinámicas que han propiciado la expoliación de los territorios y los bienes naturales. Se da una reproducción del modelo agroexportador en el turismo, generando una concentración de la tierra en manos de capital extranjero en las zonas donde se ubican las potencialidades del turismo.
• La transición de actor rural a gestor de la actividad turística, ha reflejado grandes contradicciones en los tiempos de crisis del turismo. Las formas asociativas del turismo han llevado a apropiarse del turismo como un proyecto político transformador que ha introducido grandes aportes para la mejora de las condiciones de vida en las comunidades.
• Los repertorios de cooptación, control y represión que existen en el país han anulado los espacios de organización social y colectiva como formas de resistencias sociales en el corto plazo. Es decir, las resistencias comunitarias están en modo de contención permanente, ante el contexto de violencia política que atraviesa el país.
• Los impactos socioecológicos provocados por la disputa sobre las formas y derechos de apropiación de la naturaleza entre los actores hegemónicos en el territorio y las comunidades, se manifiestan en la isla a partir del acceso desigual a los bienes naturales como (el agua, el lago, la tierra, y la montaña). Sin embargo, las comunidades se reapropian de estos bienes para las formas de reproducción de la vida dentro su espacio vital. Al contrario de los actores hegemónicos del turismo, que se apropian a partir de los usufructos que extraen de los bienes territoriales como mercancías turísticas.

Referencias

Bronté, Charlotte (18 de junio de 2019) ¿Cómo ha afectado al turismo en Nicaragua la crisis sociopolítica del último año? ALBASUD. https://www.albasud.org/noticia/es/1120

El Confidencial (02 de enero de 2023) Año del éxodo: 328 000 nicaragüenses salieron del país en 2022. https://confidencial.digital/migrantes/noticias/ano-del-exodo-328-000-nicaraguenses-salieron-del-pais-en-2022/

[1] Colaboradora del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica

^[2] Ver:https://funides.com/publicaciones/monitoreo-de-las-actividades-economicas-de-nicaragua/