Ahora sí, el acceso a la información pública será garantizado por un órgano autónomo federal como el INAI

El debate político en el país se ha intensificado en los últimos días debido a la polémica desatada por el paquete de reformas enviadas al Congreso por el Ejecutivo Federal. Se trata de un conjunto de reformas legales con el propósito de regular actividades como la minería, la ley de ciencias y la transformación del CONACYT, la reglamentación para evitar que puedan ser electos quienes sean deudores de pensiones alimenticias; pero la joya de la corona era el nombramiento de al menos uno de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El ambiente se fue calentando poco a poco, mientras el presidente fustiga a la Suprema Corte y hace un llamado a los senadores a no aprobar los nombramientos de los comisionados del INAI y, más todavía, señala que se trata de una institución que no tiene razón de ser, que sus integrantes ganan sueldos elevados y no “apoyan al pueblo”.

La oposición, por el contrario, no solamente insiste en la necesidad de nombrar al menos uno de los comisionados que le hacen falta al INAI para sesionar; sino que respalda la decisión de mantener al instituto.

En general, existen inconformidades tanto por el espíritu de las leyes, como por los modos que se han tomado a fin de aprobarlas. Trascendió incluso que los senadores tenían acuerdos para nombrar a los comisionados del INAI, por lo menos a uno de ellos.

De nuevo, es discutible que el INAI no sirva, como lo señala el presidente. En general, el jefe del ejecutivo no tiene simpatía alguna por los órganos autónomos, echa en el mismo saco a todas estas instituciones por el hecho de haberse creado durante el periodo neoliberal; además de que cuesta mucho dinero mantenerlas, son burocracias parasitarías y cuyos integrantes, al menos los comisionados, reciben salarios superiores a los del presidente.

Es verdad que resulta indefendible el que estos organismos se integren a partir de una burocracia tal que no parece justificarse del todo; menos aún que los recursos disponibles sean usados para pagar salarios inmoderados para los cargos de mayor jerarquía.

El presidente, también ha mencionado que lo mejor es desaparecer el INAI y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

Una muy breve y nada exhaustiva lista de lo que ha significado la transparencia, así como contar con un organismo a través del cual puede solicitarse información a los sujetos obligados, tendría que señalar que mediante estos mecanismos pudieron conocerse excesos como el costo de las toallas en el periodo de Vicente Fox, que ese presidente tomaba ansiolíticos para combatir sus frecuentes estados depresivos. También, pudieron documentarse las ilegalidades de los amigos de Fox, mecanismo a través del cual se financió su campaña a la presidencia de la república o el tema del Pemexgate, configurando actos de corrupción para financiar la campaña del candidato del PRI, Francisco Labastida. De igual manera, fue a través de solicitudes de información que se pudo conocer su dependencia del alcohol del expresidente, Felipe Calderón, cosa que significó el despido del noticiero de MVS de la periodista, Carmen Aristegui. Y lo mismo le ocurrió a esta periodista con el caso de la Casa Blanca, propiedad de la exesposa del expresidente, Enrique Peña Nieto, que había sido construida por un contratista del gobierno. La tragedia de la guardería ABC, el caso vulgarmente conocido como la “Estafa maestra” que mantuvo por años en la cárcel a Rosario Robles. Las medidas extremas y acciones criminales cometidos en contra de migrantes. Los excesos del Ejército durante la llamada “guerra contra las drogas” durante el sexenio del presidente Calderón. O el asunto de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero. Más recientemente, los fraudes en SEGALMEX; entre muchos más casos que pueden sumarse donde los mecanismos institucionales para transparentar estas situaciones han sido fundamentales para conocerlos ampliamente.

Aceptando como válidas las críticas del presidente e incluso considerando estas como justas frente a los excesos cometidos al interior de los organismos autónomos como el INAI, el tema es que la transparencia es un asunto de particular relevancia que no es una buena idea erosionar sus capacidades autonómicas y convertirla en una dependencia más de los gobiernos en turno. Ocurre algo parecido como en el asunto de las elecciones donde el gobierno no puede ser juez y parte. Para hacer efectivo el derecho a la información como una garantía constitucional que tienen todos los ciudadanos ante los frecuentes obstáculos para que este derecho se cumpla, resulta pertinente que exista un organismo que tutele precisamente esas atribuciones.

Con frecuencia los gobiernos toman decisiones que tienen algún impacto sobre la población. Por lo tanto, deben justificar sus acciones, pero no siempre tienen esa disposición sobre todo por los riesgos de carácter político que conlleva la toma de decisiones. Sin embargo, a ningún gobierno le resulta muy cómodo el tema de la transparencia y hacen hasta lo imposible para obstaculizar o atropellar incluso esa potestad que protege el INAI, en tanto que depositario de su instrumentación, pero cuyo derecho es propio de las garantías constitucionales que todo ciudadano posee.

Llama la atención que muchos de los políticos que ahora están en Morena hayan sido entusiastas impulsores de la transparencia, mientras se desempeñaban como políticos en otras trincheras partidistas. Desde luego, no hay por qué regatearles el esfuerzo y la voluntad que en su momento demostraron a fin de que la ley por el acceso a la información fuera aprobada en el Congreso. Lo que resulta más difícil de asimilar es que ahora que están en el gobierno sean contrarios a lo que en otro tiempo aprobaron.

Sin embargo, aunque la aparente disputa tiene que ver, por una parte, con la inacción del INAI por la falta de uno de sus comisionados para sesionar y, por otro, con la amenaza de que se desaparezca; quizás el problema fundamental sea por el recurso que protege dicha institución que, en las manos de los opositores, puede generar una crisis política en un momento coyunturalmente poco propicio en el cierre del gobierno actual. En la guerra que se avecina todo recurso informativo disponible se convierte literalmente en un arma de destrucción masiva de reputaciones en riesgo. En la era de la espectacularización del conflicto a través de los medios, desacreditar con verdades o falsedades es el juego de políticos y empresas mediáticas por el poder. Los ciudadanos tenemos el imperativo de estar atentos.