Cortesía: Cámara de Diputados.

No es necesariamente una megalomanía tener ideales y, con todo, el hecho de tenerlos tampoco nos otorga el derecho de imponerlos a cualquier precio. Pensar cuáles son nuestros anhelos o lo que pretendemos alcanzar en lo personal o lo social, resulta un ejercicio indispensable para estar atentos de los errores cometidos o los aciertos que nos indiquen el grado en que hemos alcanzado los objetivos inicialmente planteados o lo que nos proponemos en la vida.

Mientras los ánimos se tensan en el debate político y crecen las diferencias entre el ejecutivo federal, la fracción de Morena en el Congreso, en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el rechazo de esta al llamado Plan “B” de la reforma electoral, pierden relevancia otros temas que son igual o más importantes que ese.

Todo gobierno tiene claroscuros. Mientras se busca el voto popular, los candidatos que luego se convertirán en funcionarios públicos prometen sin medida cosas que saben no podrán cumplir. A menudo con una retórica delirante (he aquí un brevísimo catálogo: “defenderé el peso como un perro”; “resolveré el problema de Chiapas en 15 minutos”; “haiga sido como haiga sido”; “tendremos una sistema de salud como el de Dinamarca y hasta mejor” y cosas parecidas), intentan convencernos acerca de sus ideas, cuando solamente les importamos como votantes, en el mejor de los casos; en el peor, como un simple rebaño que hay que conducir por decisión del líder o la organización política mediante la cual se expresa un futuro prometedor. Piensan y, al mismo tiempo, poco les importa lo que opine la ciudadanía acerca de sus despropósitos verbales.

 Pero una vez instalados en el gobierno, cualquier opción puede tener aciertos y errores garrafales, con frecuencia una combinación de ambas. Ninguna administración es por sí misma virtuosa o calamitosa. Es verdad que hay algunas tan acertadas que trascienden sus periodos de gestión; mientras que otras son recordadas por sus desatinos sistemáticos.

En el país, todas las organizaciones políticas forman parte del viejo régimen y no puede ser de otra manera, mientras no inventemos nuevas prácticas, bajo la lógica de hacer realidad el principio zapatista y de las comunidades indígenas de México que se debe mandar obedeciendo. En otras palabras, ningún político debe tomar decisiones sin el consenso y la opinión de quienes dice representar. Es verdad que esta regla opera mejor, no sin retos, en espacios acotados y en pequeños grupos sociales o localidades. Pero conforme crece la complejidad de la sociedad esa norma encara desafíos enormes. Sin embargo, la sociedad misma debe desplegar un gran esfuerzo para que surjan liderazgos de nuevo tipo que se conduzcan bajo ese principio democrático. Ninguna organización política tiene la patente de ser democrática por definición; lo que nos ha demostrado la historia es que, ni la derecha ni la izquierda, contienen una esencia químicamente pura que sustenten prácticas democráticas, más bien termina por predominar el pragmatismo. Se requieren, entonces, cambios profundos en la sociedad para que se liberen energías que literalmente arrastren todo aquello que resulta un imperativo transformarse.

Sería un despropósito juzgar a la presente administración federal como esencialmente buena o mala. Desde luego, se han cometido errores, pero igualmente pueden apuntarse algunos aciertos. La desaparición del INSABI, creado por este gobierno en 2019 y que empezó a operar en el siguiente año, es la prueba de que algo no funcionó en esa propuesta. Se criticó agudamente al Seguro Popular no solamente por provenir del periodo neoliberal, sino porque albergaba en su seno a una suerte de Alí Babá. Las denuncias a las grandes corporaciones farmacéuticas que vendían medicamentos al gobierno a menudo con sobreprecios; empresas en que figuraban como propietarios o accionistas no pocos políticos ampliamente conocidos, mismas que han tenido un enfrentamiento palmo a palmo con la presente administración.

No está mal que se combata la corrupción y poner orden un sector importantísimo de los servicios que el gobierno ofrece a la ciudadanía, en particular a los sectores más vulnerables. La absorción completa del INSABI por el IMSS Bienestar es la salida que se le ha encontrado a una buena idea de otorgar servicios de salud de manera universal, sobre todo a las personas que no cuentan con seguridad social que, por desgracia, es la mayoría de la población. Con la decisión de disolver la institución insignia para tener un sistema de salud como el de Dinamarca se tendrán que afrontar algunos otros problemas, como la reubicación de las personas contratadas, la cobertura médica y hospitalaria para la población, el surtido de medicamentos, etc. Además, esta situación podría eventualmente sobre cargar las capacidades de atención del propio IMSS Bienestar y retrasar la atención de los pacientes; cosa que es previsible pueda tener un impacto en la salud, sobre todo de aquellas personas que por su edad o tipo de padecimientos requieran con cierta urgencia atención médica.

Es verdad, no obstante, que en este tema la presente administración ha sorteado enormes desafíos y casi un acoso sistemático desde los medios, sobre todo a partir de la escasez de medicamentos. La oposición ataca al gobierno sobre este flanco vulnerable, cosa que puede ser criticable desde un punto de vista moral, mas no desde una perspectiva política. Es más, todas las organizaciones políticas con menor o mayor tacto emplea estos temas para minar las simpatías sociales de algún gobierno y derrotarlo en las elecciones mostrando sus desatinos o incapacidades. Nos guste o no, es la forma descarnada en que se lucha por el poder.

Si el INSABI no cumplió con sus objetivos o, peor aún, se detectaron incompetencias, escaso profesionalismo e irregularidades todavía no solventadas, las medidas tomadas por el gobierno federal en torno a este asunto deben considerarse como correctas. Mal haría el gobierno si, a pesar de las “inconsistencias” reconocidas, no solamente se empeñara en sostener lo inaceptable sino hasta no hacer nada para resolver el problema.

Por lo pronto, quedan muchos asuntos que se deben solucionar. La basificación de los trabajadores, los contratos contraídos, el pago a proveedores, el déficit de medicamentos; entre un rosario de temas que no están suficientemente resueltos. Sin olvidar, por supuesto, solventar las inconsistencias detectadas por la Auditoria Superior de la Federación. Bajo estos desafíos creo que el camino a Dinamarca está aun lejano. Pero como ideal, vale la pena correr los riesgos; el problema es cómo podemos llegar a ese umbral. Está claro que el camino escogido no funcionó.