Sabines, bajo la protección de la 4T

El poder purificador del presidente Andrés Manuel López Obrador ha beatificado a varios políticos chiapanecos, pero el más beneficiado ha sido el exgobernador Juan Sabines Guerrero y el séquito que lo acompañó en su ruinosa administración.

            En vísperas de las próximas elecciones, Sabines y su esposa Isabel Aguilera han iniciado una campaña en redes sociales para reposicionarse y limpiar su imagen marcada por una estela de corrupción.

            En su beneficio han tenido el apoyo del presidente de la República quien, después de algún titubeo al inicio de su administración, decidió ratificar al hijo del Ciclón del Sureste como cónsul en Orlando, Florida.

            Esa fue mi primera decepción con el actual gobierno. Morena, en lugar de rodearse de gente honrada, capaz y de izquierda, cedió el poder a quienes habían ejercido un gobierno represor y de manifiesta corrupción.

            Los políticos corruptos no debieron figurar en la 4T. Tan solo apostaban a que no se les tocara. Pero recibieron algo más: cogobernar con la nueva administración que impulsaba la transformación y la lucha contra el cáncer del saqueo al erario.

            El gobierno de Juan Sabines Guerrero tuvo como marca principal la corrupción y la represión. No solo persiguió a sus enemigos políticos, sino a los pocos periodistas críticos, con campañas de difamación que fueron comandadas desde palacio.

            Al término de su gobierno, la deuda de Chiapas se incrementó a 42 mil 200 millones de pesos, según dijo en 2013 el diputado Neftalí del Toro, quien era presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado.

            De ese monto, 27 mil millones de pesos correspondían a deuda contraída por el gobierno chiapaneco con diversos bancos y entidades crediticias; el resto eran adeudos a proveedores.

            Al final, la deuda pública, ya con las negociaciones del gobierno de Manuel Velasco Coello, quedó en 20 mil millones de pesos aproximadamente, cantidad que se ha venido arrastrando desde entonces.

            Muchos empresarios, es posible que haya sido la gran mayoría, no recuperaron sus inversiones y se fueron a la quiebra; entre ellos estaban constructores, proveedores de papelería, de insumos médicos e informáticos, y de diferentes bienes y servicios.

            Hay que recordar que Sabines recibió un gobierno sin deudas, a excepción la que él mismo había generado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez cuando fue alcalde, y que era de 881.7 millones de pesos.

            El gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía había heredado de su antecesor una deuda de poco más de mil millones de pesos que fue liquidada en su sexenio.

            Pese a recibir un gobierno con la economía saneada, Sabines endeudó al estado con diversos préstamos que no se canalizaron para impulsar obras de desarrollo sino para cristalizar sus caprichos, como las costosas ciudades rurales y, sobre todo, para enriquecerse y llenar de dinero los bolsillos de sus colaboradores y de su familia.

            Sabines utilizó los recursos públicos como propios, a costa de multiplicar la pobreza de los chiapanecos. Si hubiese encauzado tal cantidad de dinero a obras de beneficio social, seguramente la realidad de Chiapas sería diferente.

            Hoy, a once años de haber concluido su gestión, Sabines goza de inmunidad y de la bendición presidencial, además de cantidades de dinero que hará circular en las próximas elecciones para colocar a sus candidatos favoritos. No sería raro, por esa razón, que en 2024 tengamos algún descendiente de esta dinastía convertido en legislador local o federal.

            Por lo pronto, sus excolaboradores se han repartido entre los principales aspirantes al gobierno de Chiapas, ante la incertidumbre que despiertan las próximas elecciones.