Condena al “tren maya” en el 8vo. Tribunal por los derechos de la naturaleza

Por Alberto Hidalgo

“Ni es Maya, ni es sólo un Tren”, fue una de las frases más contundentes que mencionaron testigos de los pueblos Mayas impactados por las consecuencias ecosociales de los diversos proyectos extractivos, energéticos, urbanísticos y turísticos interconectados que componen el sistema del mal llamado “Tren Maya”.

El 8tavo Tribunal de los Derechos de la Naturaleza que se celebró en Valladolid, Yucatán los pasados 9 – 12 de marzo, tuvo como caso el polémico megaproyecto  ferroviario que atraviesa 5 Estados del sur – sureste mexicano (Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán) y que se encuentra interconectado con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para este Tribunal, se contó con la presencia de un panel de jueces de reconocida autoridad ética y científica respecto a los derechos de la naturaleza como son el padre Raúl Vera, el político ecuatoriano Yaku Pérez, el expresidente de la junta directiva de Greenpeace Italia Francesco Martone, el experto en derecho indígena Alberto Saldamando, presididos por la socióloga argentina Maristella Svampa.

Teniendo como parteaguas la falta debida de un proyecto maestro o un manifestación de impacto ambiental (MIA) que comprenda un análisis profundo y confiable de las consecuencias inmediatas y a larga duración que el megaproyecto pueda tener en la región y los corredores biológicos adyacentes a éste (pues “esta zona tiene una importante interrelación con la Amazonía, con la que forma un corredor de gran riqueza natural”), comunidades locales impactadas y expertos acreditados en una diversidad de materias presentaron una serie de evidencias contundentes para justificar la detención inmediata del proyecto y exigir la reparación y restauración de ecosistemas ya dañados por los avances de la obra.

Entre los datos duros presentados por los testigos, se señala la deforestación de casi 9 millones de árboles por el proyecto; el crecimiento de las agroindustrias y cambio de uso de suelos que generan una reducción forestal de 91 hectáreas anuales; afecciones directas a cavidades subterráneas como cenotes, cavernas y ríos subterráneos que alimentan de agua al ecosistema de la península y su hundimiento en el suelo cárstico fácilmente puede generar hundimientos en la ruta del tren; la falta de pasos de fauna adecuados para evitar el efecto barrera al sistema ecológico; la violación de los acuerdos de Escazú sobre la protección al medio ambiente; la privatización y parcialización de territorios ejidales; la pérdida de servicios ecosistémicos de la biodiversidad de la región a través de cuestiones como la reducción posible de un 20% de la captación de carbono o el daño directo a animales como los polinizadores, controladores de plagas y patógenos; así como la cesión de administración económica y territorial a las fuerzas armadas y una grave diversidad de afecciones, suma de factores que en su conjunto encaminan a una violación grave de los derechos bioculturales de los pueblos mayas que pueden generar una historia de “ecocidio y etnocidio” sumamente preocupante para el momento coyuntural en el que se encuentra la humanidad frente al grito de la naturaleza. Situación que el biólogo mexicano Rodrigo Medellín anuncia como una crónica de un desastre anunciado.

Como sentencias provisionales, los miembros del jurado pusieron los siguientes 5 puntos: I) “Responsabilidad al Estado Mexicano de la violación a los Derechos Humanos individuales y colectivos, de la naturaleza y derechos bioculturales del pueblo Maya, protector y guardián del territorio (…) que en su conjunto abre la puerta no sólo al ecocidio, sino, al etnocidio. II) (…) se exige la suspensión del megaproyecto y se exige una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural con lo cual se refiere a una participación plena y efectiva de las poblaciones afectadas. Las evaluaciones no deben ser parciales, sino sistemicas con otros megaproyectos en la región. III) Reparación y restauración de ecosistemas dañados e impactados por el trazado de tren (…) así como disponer una revisión del concepto de función social y su remplazo por el de función ecosocial. IV) Exigimos la desmilitarización inmediata del territorio (…) garantizar la vida de todos aquellos y aquellas que cuestionan el Tren Maya y los proyectos conectados a este. (…) la aplicación del derecho de Escazú, así como todas las garantías vinculadas a las leyes que exigen el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.  V) Demandamos al Ejecutivo y Legislativo a aprobar una nueva constitución o a revisar de forma constitucional (…) establecer el reconocimiento a la naturaleza como sujeto de derecho así cómo a reconocer el efectivo ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.”

Cabe señalar que el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fue creado en el 2013 y sus sentencias se basan principalmente en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que fue adoptada durante la I Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra realizada en abril del 2010 en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia.