Chiapas y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Miradas antropológicas

Firma de convenio FASP2023-ENDL. Foto: Cortesía

Por Emmanuel Nájera de León*

Quizá en las últimas dos décadas en Chiapas, una de las demandas ciudadanas que se escucha con más fuerza -y cada vez más desde diversos espacios y regiones en la entidad- es la que tiene que ver con la reivindicación de su seguridad; y con un conjunto de “blancos” fallidos de la propia acción pública, recordada con desencanto por los chiapanecos: la utilización pacífica de vías y espacios públicos; el fortalecimiento -y en todo caso- la procuración de escenarios de convivencia pacíficos; y en general la prevención de delitos y faltas contra las personas y sus bienes.

De esta manera, valdría la pena plantear dos interrogantes en clave antropológica que permitan, en todo caso, vislumbrar una serie de piezas faltantes que contribuyan a ajustarse de mejor manera los componentes técnico-políticos de las políticas y en todo caso de incidencia de la acción gubernamental al contexto chiapaneco, en ese sentido, pues, conviene entender ¿Cómo se está gestionando la agenda de seguridad ciudadana en Chiapas? ¿Desde qué marcos culturales se plantean acciones y estrategias?

Así pues, y partiendo de la idea de que la implementación de una agenda institucional y por consiguiente de sus líneas de acción (política pública) supone, además de aplicar y monitorear el desempeño de los recursos públicos; situar un proyecto -político- de sociedad; perfilar las maneras de gestión del asunto público, es decir las formas, tipos e intensidades de la relación entre el gobierno-sociedad; construir una serie de cuadrículas discursivas que legitimen dicho proyecto; y constituir una serie de prácticas, que en todo caso abonen a la acción pública en el proceso cotidiano de gestión-atención del problema público.

En ese contexto, el pasado 15 de febrero de 2023 en la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, y como parte de esos nuevos mundos culturales de gestión propuestos por la actual administración federal, en el que a partir de la figura “del convenio” en tanto ritual de integración -en palabras de Da Matta- se llevó a cabo la firma de los acuerdos de concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2023 con las entidades federativas de Guanajuato , Jalisco , Michoacán, Nayarit, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Chiapas.

La importancia del FASP en tanto (sub)fondo de políticas integrado al Ramo 33, radica fundamentalmente en que éste, al constituirse como gasto federalizado del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se erige como el recurso que el gobierno federal (vía hacienda federal) transfiere a las entidades federativas (haciendas estatales) por medio de aportaciones federales para que éstas puedan “dar cumplimento a [las] estrategias nacionales en materia de seguridad pública” (Gobierno de México, 2023) a partir de la atención de los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a saber: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; pleno respeto y promoción de los derechos humanos; regeneración ética de la sociedad; reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de paz; recuperación y dignificación de los centros penitenciarios; y seguridad pública, seguridad nacional y paz.

En términos de la distribución del recurso en el Ramo 33 (integrado por 8 fondos) para este 2023, el FASP se ubica como el último Fondo del ramo  con más de 8 mil mdp en comparación con el fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo (FONE) con más de 456 mil mdp; el Fondo de aportaciones para los servicios de salud (FASSA) 125 mil mdp; el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUN) 113 mil mdp; el fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) 112 mil mdp; y el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF) con más de 62 mil mdp.

Ahora bien, si se quiere conocer la distribución exclusiva del FASP por entidad federativa, es necesario cruzar una serie de variables propuestos por la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que ubica como prioritario atender una serie de criterios en la repartición del recurso: número de habitantes de las entidades y la CDMX; índice de procuración penitenciaria; implementación de programas de prevención del delito; recursos destinados a apoyar las acciones en materia de seguridad pública de los municipios; profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

De esta manera, de los 8 786 854 724 (millones de pesos) destinados para el Fondo, el Estado de México es la entidad que más recursos recibe 604 552 982 (millones de pesos) le sigue la CDMX con 542 168 020 (millones de pesos) Jalisco, Baja California norte (334 393 829 millones de pesos) Guanajuato (304 190 007 millones de pesos) Veracruz (302 004 793 millones de pesos) Michoacán (256 325 658) Chiapas 250 719 767 millones de pesos) a su vez, la entidad que menos recursos recibe es  Tlaxcala con 186 469 167 (millones de pesos).

La manera en el que se distribuye el FASP no sólo da cuenta de los procedimientos técnico-numéricos (aplicación de formulas matemáticas) que otorgan una manera de repartición del recurso, si no que, también permite ver justamente el proyecto de sociedad que la actual administración federal plantea para la atención de la agenda de seguridad, y es que como lo adelantaba Majone (1996) a mediados de los años noventa, que la política pública es también un juego de palabras, en el que se aprecian, cargas valorativas, tipos de relaciones e intensidades, prácticas y comportamientos; y propiamente maneras de gestionar el “problema público” desde la cotidianeidad.

En ese sentido, habría que señalar que durante la firma del convenio del FASP en Tuxtla, precisamente no sólo se planteó la manera de distribución del Fondo (en términos económico) sino que de manera paralela, se hicieron objetivas esas cargas valorativas que despuntarán en la agenda como la solidaridad, integridad y honestidad en la atención de la seguridad; demás de las maneras de atención de la agenda, es decir “priorizando la atención de las causas que generan la violencia para evitar que la pobreza y marginación sean aprovechados por el crimen organizado para reclutar a nuestros jóvenes” (SSPC, 2023).

No obstante, conviene plantear otra serie de interrogantes de un problema público que cada vez se enquista en varias realidades de la geografía chiapaneca y que en todo caso, dichas interrogantes busquen responder:  cómo se hace efectivo el gasto, quiénes deciden el rumbo del recurso; cómo se distribuye (qué tipo de proyectos) y qué ejercicios se planean para transparentar y hacer evidente la aplicación del FASP.

Es decir, la revisión del FASP, se tiene que convertir en un ejercicio de vital importancia desde las múltiples trincheras académicas; de la propia sociedad civil en aras de buscar la incidencia de la agenda pública hacia un gasto efectivo, transparente y de construcción de un “valor público” en materia de seguridad planteado en programas, proyectos o acciones de gobierno, en un contexto en el que los escenarios de violencia en Chiapas crecen exponencialmente y lastimosamente se diversifican en la compleja geografía de la entidad. Lo que implica hacer visible una premisa fundamental en el contexto del Chiapas actual: ¡Hacer más público lo público y menos político!

Referencias:

Da Matta, Roberto (2002), Carnavales, malandros y héroes: hacia una sociología del dilema brasileño, México, Fondo de Cultura

Majone, Giandomenico (1996), Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas, México, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y administración Pública-Fondo de Cultura Económica.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2023) Noticias, https://seguridad.sspc.gob.mx/contenido/2196/firma-gobierno-de-mexico-convenios-de-coordinacion-del-fasp-2023-con-entidades-federativas#:~:text=Este%20a%C3%B1o%20el%20estado%20de,millones%20y%20Yucat%C3%A1n%20195%20mdp

Secretaría de seguridad y protección ciudadana, Gobierno de Chiapas, https://www.sspc.chiapas.gob.mx/

Documentos oficiales

Acuerdo por el que se da a conocer la ministración de los Ramos 28 participaciones y 33 aportaciones para entidades federativas y municipios para el ejercicio fiscal de 2023.

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PPEF-2023)

Proyecto de Egresos de la Federación 2023 (PEF-2023)

Criterios de distribución del fondo de aportaciones para la seguridad de los Estados y el Distrito Federal (FASP) 2023, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

*Dr. en Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I) Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas (FCS-UNACH) y colaborador del ODEMCA. Correo-e: emmanuelnaj@hotmail.com; emmanuel.najera@unach.mx