Desde el año pasado, algunos de los temas más relevantes de la agenda política del país han cobrado especial relevancia en este 2023 y, en un ambiente crispado como el que actualmente vivimos, no es ninguna sorpresa que se eleve el tono del debate. Las próximas líneas únicamente tienen el propósito de presentar algunos de esos asuntos que han ocupado la atención durante los primeros días de enero y las disputas por el control de la agenda en materia de asuntos públicos.

El 2023 nos despertó con un serio problema de seguridad en Ciudad Juárez. Una violentísima fuga de reos en un penal de esa ciudad norteña prendió las alarmas sobre la descomposición institucional del sistema de justicia local y la gran capacidad corruptora y de fuego que pueden llegar a tener las organizaciones criminales en nuestro país.

El tema de la seguridad es un asunto central para este gobierno, como lo ha sido para las administraciones anteriores. La transformación del régimen político por la vía de la democracia electoral que desafío el autoritarismo, debilitó las estructuras de control estatales y permitió que los llamados poderes factos (legales e ilegales) colonizaran espacios dentro del propio Estado, como también conquistaran algunos enclaves del territorio nacional. Nos ocurrió algo parecido a lo que se desencadenó en Rusia después de Mijaíl Gorbachov.

El presidente López Obrador, como él mismo lo ha reconocido, tenía información incompleta sobre las dimensiones del problemas de la inseguridad en el país. De modo que su idea de campaña de hacer retornar a los militares a sus cuarteles cuando llegara al gobierno, no pudo ser cumplida por lo grave de la situación. En el fondo, el presidente cree que la solución está en la mejora de las condiciones de vida y ofrecer oportunidades de superación a la población en general, aunque se privilegia a los jóvenes porque frecuentemente son reclutados a las filas de las distintas redes criminales existentes en el país. Desde luego, se han presentado resultados en algunas esferas del complejo mundo delictivo, particularmente en los llamados delitos de alto impacto, como el secuestro y los homicidios; pero en el proceso las instituciones castrenses han tomado un protagonismo a lo mejor inevitable, aunque en perspectiva puede ser inquietante por la falta de control civil y los excesos que pueden llegar a cometer.

Dentro del mismo tema de la inseguridad se destaca el atentado que sufrió a finales del año pasado el periodista, Ciro Gómez Leyva. El caso fue profusamente comentado en la prensa y hubo pronunciamientos de “líderes de opinión” en contra del atentado. La presidencia de la república, así como las autoridades locales, actuaron razonablemente bien y actuaron rápido, puesto que capturaron a los actores materiales del ataque. Queda aun por resolver cuáles fueron las razones del atentado. Por lo pronto, la estridencia en ciertos medios y comentaristas no se hicieron esperar. Es verdad que se trata de un asunto de extrema gravedad, como el propio presidente lo ha reconocido. Sin embargo, eso no debe ser un obstáculo para reconocer que se ha actuado de manera eficaz en la resolución del caso, ni tampoco descalificar que a pesar del ambiente bipolar en relación con los medios, ese no ha sido óbice del régimen de libertades que se vive en la prensa.

Como se sabe, este año se llevarán a cabo elecciones tanto en el Estado de México, como en Coahuila. La extrema debilidad de la oposición partidista al régimen actual y las rústicas maneras que tienen para tomar acuerdos, augura que Morena galopa en caballo de hacienda y muy probablemente se lleve los triunfos en ambas entidades. El descrédito del dirigente del PRI y la rusticidad de sus modos para tomar acuerdos en el que arrastra al PAN y tiene como víctima a los restos en que se ha convertido el PRD, configuran un escenario muy poco alentador para una ciudadanía crítica del actuar de los dirigentes políticos y, con frecuencia, a la deriva de prácticas antipolíticas con el propósito de hacerse escuchar. En un escenario así, solamente las propias debilidades o fortalezas internas pueden augurar un futuro exitoso para Morena. Pero el panorama ideal no existe y aunque Morena ha podido resolver el tema de la candidatura para el Estado de México, la selección de candidato para el gobierno de Coahuila ha sido por lo menos ríspido. Morena tiene dos problemas, ofrecer certidumbre sobre el método de las encuestas para elegir candidatos porque hasta ahora no ha dejado de ser un mecanismo oscuro y cuestionable por sus resultados. Dos, no es que esto lo distinga a menudo, pero con frecuencia el partido del presidente hasta se jacta de escoger lo peor y por las mismas razones ha tenido que sufrir las consecuencias de sus desatinos.

Por otra parte, el final de 2022 auguraba un inicio de año algo atropellado. Se había destapado el escándalo de la ministra, Yasmín Esquivel Mossa, esposa de un prominente empresario de la construcción que ha tenido tratos con el actual presidente desde que ocupó el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Nada de esto puede ser considerado a priori como indebido, salvo el hecho de que las investigaciones de la UNAM corroboran la existencia del plagio en la tesis de la ministra. En un ambiente tan estridente como en el que actualmente vivimos, resulta extremadamente difícil poder establecer una postura sensata que no sea calificada de entreguista frente al gobierno o de conservadora e hipócrita. Bajo esta lógica, el diálogo resulta prácticamente imposible. Pero más allá de las posibilidades de poder acaso discutir un tema tan relevante como la sucesión en el cargo de presidente de la Suprema Corte de la Nación y el cuestionamiento a una de sus integrantes que presuntamente copió indebidamente su trabajo de tesis de uno presentado previamente, coloca el tema en el dilema de apartar del proceso a la ministra cuestionada o convertir el conflicto en un asunto de poder. Como hemos sido testigos ha sido esto último lo que ha imperado y es previsible que esto tenga algunas consecuencias sobre las instituciones involucradas.

Es verdad que el presidente, por decirlo de alguna forma, se siente incómodo frente a algunos integrantes de las instituciones de educación superior del país. Se cree que fueron cooptados por los “neoliberales” quienes, además, infundieron en los académicos el ser “aspiracionistas”, clasemedieros, que no les importa otra cosa que el dinero y están contaminados de “individualismo”. Ciertamente, las instituciones de educación superior han sido el territorio en disputa de grupos de poder en el que no están exentos los intereses de los gobiernos. Por lo tanto, no es solamente la existencia redes de intereses al interior mismo de las instituciones educativas, nunca han estado fuera de sus dinámicas internas los tentáculos del Estado; como lo evidenció con creces el periodo autoritario. A pesar de todo, buena parte de este sector ha sido simpatizante de este gobierno y del propio presidente. Por lo mismo, resulta un tanto incomprensible los “golpes” constantes a este sector. Me temo que lo que explica las diferencias son el pensamiento propio y los constates desafíos al poder, así como la poca tolerancia a ideas distintas y las frustraciones que ellos provoca.

Las visitas de Estado del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y del primer ministro de Canadá, Justín Trudeau, con temas relevantes para las agendas bilateral, como trilateral. En el marco del tratado de libre comercio, se destaca la inconformidad tanto americana, como canadiense, por las posturas del gobierno mexicano en torno al tema de la energía. Con el presidente Biden, el asunto migratorio cobra especial relevancia y México ha aceptado convertirse en una suerte de refugio temporal de los migrantes que sean rechazados por el gobierno norteamericano. Con el primer ministro, Trudeau, el tema de las mineras canadienses resulta un aspecto particularmente conflictivo entre los gobiernos. Todo parece indicar, sin embargo, que se llevaron a feliz término las negociaciones y se firmaron algunos acuerdos o por lo menos, discursivamente todo parece indicar hubo el entendimiento y la conciliación frente a las diferencias.

En esas estábamos cuando ocurrió la detención de Ovidio Guzmán, hijo del famoso narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán Loera. El tema puede tener varias lecturas y en la mayoría de ellas se destacan fragmentos de la verdad. Es obvio que la frustrada captura de Ovidio en 2019, mostró las incompetencias de una institución castrense que puede fracasar si no procurar platear una detención de criminales de alta peligrosidad. También, evidenció la capacidad de organización y de fuego de una de las más peligrosas redes criminales del país. Al mismo tiempo, nos mostró crudamente que la ciudadanía puede ser usada como carne de cañón y sin escrúpulo alguno. Visto a la distancia, la decisión de dejar libre al narco famoso fue una decisión acertada frente a la masacre que se cernía bajo las condiciones que en ese momento se presentaban. Finalmente, se esgrimió que la captura de Ovidio era una forma de “quedar bien” con el gobierno del presidente Biden. Más allá de la frivolidad de semejante interpretación, lo cierto es que Ovidio se ha caracterizado por ser uno de los principales introductores de drogas derivadas del fentanilo en Estados Unidos; droga que no está por demás señalar ha causado una genuina “crisis humanitaria” en ese país por la gran cantidad de muertos que ha provocado su consumo.

En el aspecto económico las noticias son buenas porque, por una lado, se puso en práctica un nuevo aumento a los salarios de los trabajadores. Por otra parte, se destaca una paridad cambiaria del peso frente al dólar de alrededor de 18 pesos, aunque no necesariamente es buena noticia para los migrantes que envían remesas para sus familiares en México porque evidentemente recibirán menos recursos con un dólar más barato.

Por otra parte y para terminar de cerrar el cuadro de la inseguridad, cobraron relevancia algunos “accidentes” en el Metro de la Ciudad de México; situación ciertamente inusual por la frecuencia de los casos y la simultaneidad de los mismo. Debido a estas circunstancias las autoridades federales y locales tomaron la decisión de desplegar a la Guardia Nacional con el propósito de erradicar las eventualidades que estaban ocurriendo. Todo parece indicar que todo ha vuelto a la “normalidad”, aunque se trata de una situación inquietante sobre todo para la población que hace uso frecuente de este medio de transporte, como para las autoridades inmediatamente involucradas en el buen funcionamiento de este servicio esencial para los capitalinos.

Frente a estos pocos, pero inquietantes hechos, es necesario estar atentos, de modo que podamos tomar la suficiente distancia para discernir con mayor precisión las causas que motivan semejantes “incidentes”. Más aún cuando tenemos en puerta algunos procesos electorales y, sobre todo, la selección de candidatos en algunas entidades y a la presidencia en las elecciones de 2024.