El fin del Título 42 y la crisis de la política de contención anti-migratoria

Migrante aprovecha el amanecer para cruzar por provisiones de Estados Unidos a México. Durante su viaje, migrantes reciben ropa de regalo, lo que visten es más por necesidad que por un mensaje. Foto: Omar Saucedo / Vanguardia

Neil Harvey*  nharvey@nmsu.edu

El 12 de diciembre pasado el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un breve documento detallando las medidas que estaba poniendo en práctica ante el probable aumento de migrantes cuando la medida sanitaria conocida como Título 42 será levantada el 21 de este mes. Tales medidas incluyen una mezcla de más agentes y tecnología de vigilancia con mayores recursos para procesar un mayor número de solicitantes de asilo y proveer asistencia médica, transporte de migrantes al interior del país, y coordinación con gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales (ONG). Estas medidas actualizan la estrategia del gobierno estadounidense que fue anunciada en abril de este año cuando un juez ordenó que se levantara el Título 42, una política instaurada por el expresidente Trump en marzo de 2020. El Título 42 se refiere a una política de salud pública, no de inmigración, que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan para prohibir la entrada de cualquier persona a los Estados Unidos bajo el argumento de prevenir el contagio de enfermedades. El gobierno de Trump, conocido por su dura política antinmigrante, implementó el Título 42, aprovechando la pandemia del COVID-19 para no permitir que los migrantes que llegaban a la frontera sur de los Estados Unidos tuvieran ni siquiera la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo en suelo norteamericano.

Aunque la mayoría de los científicos de salud declararon que la medida no tuvo justificación en cuanto al manejo de la pandemia, la cual fue hasta minimizada por el mismo Trump y sus seguidores que rechazaron por mucho tiempo el uso obligatorio de máscaras y la vacunación, la implementación del Título 42 sí ha tenido un impacto grave en los derechos humanos de miles de migrantes que han sido forzados a vivir en condiciones precarias, expuestos a la violencia y la extorsión del crimen organizado en las ciudades fronterizas del lado mexicano. La organización Human Rights First ha publicado varios análisis de la violenta y precaria situación que viven los migrantes varados en la frontera norte mexicana tanto por la política de expulsión amparada por el Título 42 como por la continuidad de la política de “Quédate en México,” que Trump implementó en el verano del 2019, la cual ha obligado a los solicitantes de asilo a esperar en el lado mexicano de la frontera por muchos meses antes de tener la oportunidad de presentar su solicitud en una corte de inmigración norteamericana.

Desde su inauguración en enero del 2021, el gobierno de Biden no ha podido terminar estas dos políticas debido a la oposición de gobernadores republicanos que han encabezado amparos en las cortes federales para que continúen siendo aplicadas. Sin embargo, el número de personas removidos bajo el programa de Quédate en México ha bajado notablemente y, con el levantamiento del Título 42, se logra una demanda de las organizaciones que abogan por los derechos humanos de los migrantes al permitir que entren a Estados Unidos para pedir asilo de acuerdo con el derecho internacional.

Cabe señalar que los preparativos del DHS se anuncian en un momento de crisis que se está dando en varios puntos de la frontera, sobre todo en el cruce de Ciudad Juárez-El Paso, Texas. Durante los últimos días el número de migrantes, incluyendo muchos nicaragüenses, que han cruzado la línea fronteriza para entregarse a la Patrulla Fronteriza norteamericana ha crecido a unos 1,500 al día, rebasando la capacidad de los albergues locales y obligando a las autoridades del condado y de la ciudad de El Paso pedir más apoyo tanto del estado de Texas como del gobierno federal. Este último ha reembolsado al gobierno local por una parte significativa del gasto que implica otorgar hospedaje y proveer transporte de migrantes a otras ciudades en el interior del país donde tienen familiares o personas que les patrocinan mientras esperan su cita en una corte de inmigración. Estos nuevos recursos buscan lo que se ha llamado “descomprimir” la situación en El Paso, tomando en cuenta que la gran mayoría de los migrantes no buscan quedarse en esta ciudad o región fronteriza, sino que lo ven como un punto de entrada y paso temporal en sus viajes a destinos como Chicago o Nueva York. Sin embargo, la cantidad de personas que han ingresado en la última semana ha significado que no todos lleguen a dormir en un albergue y hay muchos que se han quedado en las calles sufriendo frío. En una conferencia de prensa el 14 de diciembre, el alcalde y otros funcionarios de El Paso mencionaron que están coordinando con el gobierno federal, el estatal, y las distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) en la ciudad, las cuales hacen un gran trabajo solidario desde hace muchos años con la población migrante, para que esta crisis no se prolongue. Expresaron la preocupación de que, con el levantamiento del Título 42 como está previsto para el 21 de este mes, habrá un incremento muy grande del número de migrantes llegando a El Paso desde Ciudad Juárez, sobre todo de venezolanos que, apenas en octubre pasado, muchos de los cuales fueron categorizados como personas sujetas al Título 42 y por lo tanto forzados a quedarse en México.

Sin poder usar el Título 42 como medida de contención, la cantidad de migrantes llegando a El Paso podría pasar de 1,500 al día al 5,000 al día, según los cálculos del alcalde de esta ciudad, lo que representa un reto muy grande si consideramos que ya se ha rebasado la capacidad de atender y procesar a la población migrante actual. Por su parte, Greg Abbott, el gobernador republicano del estado de Texas, está aprovechando la crisis para no sólo atacar a Biden, sino también a la sociedad civil local que se ha mostrado solidaria con los migrantes. El pasado 14 de diciembre, Abbott pidió al Procurador de Justicia del Estado de Texas investigar a las ONG en El Paso, alegando que dichos grupos han participado en la planificación y facilitación de la entrada ilegal de migrantes a los Estados Unidos. En vez de ayudar a solucionar un problema grave y reconocer la labor difícil que realizan las ONG para coordinar una recepción humana para miles de personas desamparadas que huyen de la violencia, el gobernador busca intimidar y amenazar con penalizar actos humanitarios y necesarios, lo cual ha sido justamente denunciado por la congresista paseña Verónica Escobar.

La actual crisis humanitaria también pone en evidencia la crisis de una estrategia de contención anti-migratoria que ha prevalecido desde hace tres décadas. Durante este largo tiempo toda la política migratoria estadounidense se ha formulado de manera unilateral y ha sido subordinada a una política de seguridad nacional, sobre todo a partir de los ataques a las torres gemelas el 11 de septiembre del 2001. Desde ese entonces, hemos visto un aumento constante de la cantidad de presupuestos, recursos, agentes, barreras, muros, drones y otras tecnologías de vigilancia dedicadas a contener los flujos migratorios que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos, con consecuencias trágicas en términos de muertes de los que buscan entrar por zonas inhóspitas, sean del desierto de Arizona o del Rio Bravo tejano. La política de contención llegó a nuevos extremos y crueles durante el gobierno de Trump, incluyendo la separación de familias al ser detenidos en la frontera; la imposición de una política que obliga a miles de migrantes esperar en condiciones muy peligrosas en México la oportunidad de presentar lo que es su derecho, una solicitud de asilo, en los Estados Unidos; y, la detención de migrantes en condiciones infrahumanas en centros operados por empresas privadas que evitan la rendición de cuentas o sanciones por parte de las autoridades. La actual crisis en la frontera y las medidas para hacer frente a ella demuestran la necesidad de otra política basada en los derechos humanos que debería surgir de la solidaridad hemisférica y global, algo digno para conmemorar este Día Internacional del Migrante.

*Universidad Estatal de Nuevo México, Las Cruces