Bitcoin en El Salvador: un ejemplo para el mundo

El 07 de septiembre de 2021 entró en vigencia la Ley Bitcoin, cuyo principal objetivo fue convertir en “moneda de curso legal” a ese activo digital. A un año de su implementación, El Salvador se ha convertido en un ejemplo para no hacer lo mismo en otras regiones del mundo ante el fracaso que implica para un gobierno tomar ese tipo de medidas económicas.

Esta invitación se fundamenta en el llamado a derogar la Ley Bitcoin que realizó con una claridad admirable, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Razones existen de sobra, pero la que conjuga aspectos de carácter técnicos, éticos y sociales es la siguiente: “en un contexto de alta inflación y una pérdida en el bienestar de la población, el uso de esos recursos representa un alto costo de oportunidad, porque se podrían utilizar para fortalecer la educación, la salud o la protección social, con énfasis en los grupos más vulnerabilizados”.[1]

Fechas de las compras de Bitcoin por parte del gobierno salvadoreño.[2]

La incongruencia con relación a los criterios para las compras o ventas del Bitcoin se reflejan en el gráfico anterior. En principio, se compraría a precios bajos para que cuando subiera se obtuviera ganancias. En la práctica, se ha comprado más en períodos altos, lo que se traduce en pérdidas, dada la fuerte devaluación que ha sufrido la criptomoneda con relación al dólar.

Esos millones perdidos se pudieron haber invertido para combatir o al menos paliar los efectos de la injusticia estructural, la que ni el gobierno presente ni los del pasado se han atrevido a enfrentar de raíz. Y es que, contrario a la publicidad gubernamental salvadoreña, que incluso ha impactado a nivel internacional, el problema de la delincuencia no es el gran problema nacional. El mayor de los males en El Salvador es la sistemática injusticia estructural, fuente de distintas expresiones de violencia, donde las maras o pandillas es una de ellas. Otros males presentes que manifiesta esa injustica estructural, donde se pudo haber invertido dinero público, son los siguientes:

• a. La educación pública, gratuita y de calidad está lejos de conseguirse en el país. Por ejemplo, existe una sola universidad pública con bajo presupuesto y a ello se le suma la corrupción interna y pugnas de poder en detrimento de la calidad académica. Además, existen escuelas públicas que desarrollan sus clases en deplorables condiciones de infraestructura.

Extracto de portada de El Diario de Hoy,  9 de septiembre de 2022.[3]

• b. La salud tampoco ha mejorado o ha dejado de tener carencias en estos últimos años. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cantidad ideal de médicos por cada 100 mil habitantes, es de 230. Para tener una idea de la situación salvadoreña, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), posee 59 especialistas por cada 100 mil habitantes.[4] Asimismo, algunas personas, aún aseguradas en el ISSS, buscan médicos en el sector privado dado los retrasos en el otorgamiento de citas, que pueden llegar hasta un lapso de ocho meses. La consulta privada, aunque rápida, implica un costo económico considerable para la mayoría de familias salvadoreñas que el Estado no atiende de manera oportuna, ya sea por la falta de regulación del ámbito privado o por los salarios bajos que ofrece en el área de salud.

Fuga de médicos en el Seguro Social salvadoreño 2019-2022.[5]

• C. Por último, el problema de vivienda en el área metropolitana salvadoreña. Según un reportaje realizado por Michelle Recinos, solamente el 1.5 % de las familias “puede costearse una vivienda en altura, una opción de solución a la falta de espacio. Los precios de contado de los apartamentos en esta, la zona más densamente poblada del país, están arriba de los $100,000[6]. Este tipo de oferta no está acorde a la demanda de vivienda de interés social. El desbalance obliga a un buen número de familias a instalar viviendas informales en zonas de alto riesgo”.[7]

A manera de conclusión: El Salvador es un ejemplo de cómo malgastar dinero público en Bitcoin. Si otros gobiernos de la región o del mundo quieren hacer realmente inversiones desde las necesidades más acuciantes, primero inviertan en ello y después –si arreglan sus problemas– pueden ponerse a jugar a las criptomonedas.

Carlos Mauricio Hernández

Posdoctorante CIMSUR-UNAM

[1] https://mail.icefi.org/comunicados/el-salvador-icefi-recomienda-la-derogacion-de-la-ley-bitcoin

[2] https://www.dw.com/es/bitcoin-en-el-salvador-doce-meses-no-son-suficientes/a-63047762?fbclid=IwAR0WLcX3rwiPfOGa2dZiHxa78wJhNapo_L-8_FApRAMYtnxddepjE51zN4I

[3] https://twitter.com/EDHNoticias/status/1568442841025900546?s=20&t=mVUgkZs0XT37XFCjQn2Jyw

[4] https://twitter.com/SIMETRISSS/status/1562563839262326784?s=20&t=dZP54H_wJDj1xt-uvXMZyg

[5] https://twitter.com/SIMETRISSS/status/1560322584822128641?s=20&t=mVUgkZs0XT37XFCjQn2Jyw

[6] Aproximadamente dos millones de pesos mexicanos.

[7] https://www.laprensagrafica.com/revistas/Solo-el-1.5-de-la-poblacion-metropolitana-puede-costear-vivienda-en-altura-20220205-0050.html