Panamá: el abrupto despertar de la sociedad popular
Por Pablo Uc[i]
Pronto se oyó cantar una canción en las calles de Panamá; la letra decía: “Nos libramos de un ladrón narcotraficante: ahora tenemos tres. ¡Viva la democracia!”
James Cockcroft (Sobre la invasión de Estados Unidos y la caída del Gral. Noriega, 1989)
Barricadas bloqueando los principales accesos a la ciudad de Panamá y algunos puntos estratégicos de la carretera panamericana que conecta los territorios del Canal interoceánico con el resto del istmo centroamericano, se han acompañado de múltiples protestas y marchas callejeras de organizaciones sociales desde el pasado 18 de julio.
A dos semanas de un súbito despertar anidado a lo largo de tres décadas, el “movimiento social, popular, estudiantil, campesino y de pueblos indígenas de Panamá”, ha imputado al gobierno nacional, presidido desde 2019 por Laurentino Cortizo, logrando instalar la mesa única de diálogo (MUD), y las primeras respuestas a su pliego petitorio. Se trata de un estallido que aglutina una acumulación histórica que devela un complejo de crisis engarzadas.
Las protestas y la agenda de negociación
Por momentos, los incendios en las barricadas que fueron colocadas entre el 18 y 19 de julio en las salidas de la ciudad de Panamá y en Santiago Veraguas, proyectaron el alcance insurreccional de las protestas. Veraguas es la única provincia al centro del país que posee litorales en el Atlántico y el Pacífico, y representa un paso estratégico en la carretera panamericana tanto para los principales poblados del país, como para el comercio internacional centroamericano. El detonante del abrupto alzamiento popular se explica, en primera instancia, por el aumento en los precios de los alimentos, los combustibles y los medicamentos, ya que Panamá ha experimentado una inflación que alcanzó el 6% en el mes de junio, lo que llevó a un alza histórica en productos de primera necesidad.
A dos semanas de los momentos más álgidos de las protestas, se despliega una tensa negociación en la Mesa Única de Diálogo (MUD) en la que participan representantes del heterogéneo movimiento social y la comisión del gobierno nacional, mediada por la arquidiócesis católica. La agenda contempla la rebaja y congelamiento de la canasta básica, del precio del combustible y el abastecimiento de medicamentos; aumento del 6% del PIB para educación; rebaja en los precios generales de la energía y medidas para mayor transparencia y lucha contra la corrupción al interior del gobierno, en un contexto de aguda asimetría social[i].
Tras los primeros días de protestas y ante pérdidas que ascienden a los 500 millones de dólares derivada de los bloqueos y manifestaciones[ii], el gobierno anunció un congelamiento en los precios de la gasolina de 3,95 dólares por litro y luego, ante la tenacidad de las protestas, anunció una disminución a 3,25 dólares como parte de un acuerdo con dirigentes de la huelga magisterial, pero este sector consideró que la medida era insuficiente y rompió con el acuerdo. Mientras que el anunció en la disminución de los precios de los medicamentos aun sigue en la mesa de negociación, logrando avances en la emisión de nuevos decretos para garantizar precios asequibles en la canasta básica[iii].
Movimientos sociales y las múltiples caras de la crisis
Si bien la negociación tendrá que resolverse, en primera instancia, en el marco de las negociaciones de la MUD, resulta fundamental reconocer dos factores relevantes para explicar el escenario político en el país. Por un lado, la capacidad a corto y mediano del heterogéneo movimiento popular para sostenerse en las calles. Por otro lado, la existencia de diversas fuentes de una crisis múltiple, con arraigo histórico, que explica el malestar social y que desborda la coyuntura de las protestas.
Fuente: Movimientos sociales en redes
El movimiento popular ha conseguido aglutinar en las calles a miembros de organizaciones como la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), que ha conseguido el mayor liderazgo y visibilidad, al representar 22 organizaciones de docentes, civiles, ganaderas, pesqueros, agrícolas, de transporte y estudiantiles con base en la provincia de Veraguas; la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá(COONAPIP), integrada por siete pueblos originarios (Kuna-gunadule-, Emberá, Wounaan, Ngäbe, Bugle, Naso Tjërdi y Bri Bri); el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción e Industrias Similares(Suntracs), con una base de 40 mil integrantes, cuyo protagonismo ha sido clave en los cortes de ruta; la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP); la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines, y la Central Nacional de Trabajadores de Panamá[iv].
Por su parte, el trasfondo del estallido social requiere considerar un contexto histórico y las diversas caras de una crisis estructural que enfrenta a Panamá. La institucionalidad democrática (neo)liberal que ha sostenido tres décadas la vida política y comercial del país deriva de la invasión estadounidense de 1989, en la que fue derrocado el general Manuel Antonio Noriega, acusándolo de sus vínculos con el narcotráfico. A lo largo de las últimas tres décadas, el país se sostuvo con los mejores indicadores de la región centroamericana en materia económica y estabilidad política, junto con Costa Rica. No obstante, la profunda dependencia del país al comercio internacional y a una economía basada en su canal interoceánico[v], le convirtieron en un territorio enclave de las principales metrópolis comerciales, causándole una profunda dependencia en términos de alimento, energía y productos básicos, en general.
Además, su particular funcionamiento como nodo referencial del comercio y las finanzas internacionales, acompañado de su laxa regulación fiscal, han hecho de Panamá un paraíso fiscal “propicio” para los más diversos y opacos capitales financieros transnacionales. Así lo reveló la filtración de los polémicos “Panama papers”, en 2016, que colocaron al país como el segundo paraíso fiscal más importante en el Gran Caribe, tras las Islas Vírgenes Británicas[vi].
A pesar del intenso flujo de capital financiero, Panamá ha enfrentado el agotamiento del modelo neoliberal forjado a lo largo de los últimos treinta años. Claire Nevache[vii] considera que existen cinco fuentes de crisis que requieren considerarse para explicar el trasfondo el actual contexto de movilización en el país. La primera se expresa en la aguda desigualdad social: el 10 % más rico obtiene el 37,3 % del ingreso nacional, es decir casi 13 veces más que el 40 % más pobre. Una situación agudizada por la pandemia, con la cual el 49,5 % de las personas disminuyeron sus ingresos en forma creciente. La segunda dimensión de la crisis se expresa en la falta de representatividad y confianza, ya que la Asamblea Nacional suma 84,2 % de desconfianza, el gobierno 77,2 %, el poder judicial 75,9 % y los partidos políticos 87,5 %. La tercera dimensión es la crisis de los sistemas de negociación colectiva: la cultura de consensos y la debilidad de las instituciones democráticas llevaron a otorgar creciente protagonismo al sector privado y a un alejamiento creciente con las organizaciones sociales: en 2021, los trabajadores organizados se levantaron de la mesa de diálogo dedicada a la caja del seguro social; pacto del bicentenario -plataforma que agrupaba propuestas ciudadanas- no logró convencer de su utilidad.
La cuarta dimensión se refiere a la crisis de honradez y legitimidad de la clase política: dos expresidentes – Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela- están siendo procesados en el caso Odebrecht, mientras que en el último par de años “el ministerio público abrió procesos por no menos de 18 casos de corrupción relacionados con la gestión de la pandemia, estalló un escándalo relacionado con graves abusos en el sistema de protección de la infancia, renunciaron una serie de altos funcionarios sin mediar ninguna explicación a la ciudadanía, las planillas gubernamentales fueron sistemáticamente cuestionadas por responder a intereses clientelares” . La quinta crisis se relaciona con los recursos públicos, ya que además de la corrupción, la evasión fiscal ha contribuido a que el Estado disminuya su capacidad para ejecutar políticas públicas: en 2020, la tasa de recaudación alcanzó apenas el 13,7 % del PIB (contra 22,9 % en promedio en América Latina), habiendo disminuido más de 3,5 puntos desde inicios de la década de 1990”. Para colmo, en el mes de junio del año presente se aprobó una ley que otorga créditos fiscales a proyectos turísticos de lujo por más de 400 millones de dólares. Parte de las demandas del pliego petitorio de las movilizaciones, de hecho, reclama la derogación de esta iniciativa.
Frente a esta acumulación de descontentos, cabe interrogar el horizonte que tomarán las protestas en Panamá y el rol de sus sociedad en el cíclico despertar de la sociedad ístmica centroamericana. Por lo pronto, el país del canal interoceánico está de pie, y las consignas en las calles prometen un alarido que reclama resistencia y memoria: ¡Panamá, no te duermas nunca más!
Fuentes consultadas
[i] Abdiel Rodríguez Reyes, Panamá: un punto de inflexión en la lucha (28.07.22), Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), disponible en: https://www.alai.info/panama-un-punto-de-inflexion-en-la-lucha/
[ii] Atahualpa Amerise, Panamá: cómo ha pasado de ser un ejemplo de prosperidad y estabilidad a vivir masivas protestas, BBC Mundo (25.07.22), disponible en el sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62232987
[iii] Gobierno publica dos decretos relacionados con la Canasta Básica Familiar, en Telemetro (Panamá) (29.07.22), documento oficial disponible en el sitio web: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29588_C/92839.pdf
[iv] ¿Quiénes lideran las protestas en Panamá contra el Gobierno de Cortizo? (15.07.2022), SputnikNews, disponible en: https://mundo.sputniknews.com/20220715/quienes-lideran-las-protestas-en-panama-contra-el-gobierno-de-cortizo-1128370299.html
[v] El canal de Panamá estuvo bajo el control estadounidense desde la “independencia” panameña de la Gran Colombia en 1903, hasta 1999, año en que EEUU devolvió a Panamá el control completo del canal, como resultado de la firma del Tratado Torrijos-Carter, firmado en 1977.
[vi] Se trata de filtración/hackeo más importante en la historia: 12 millones de documentos de la firma forense panameña Mossack Fonseca publicadas a través del periódico alemán Süddeutshe Zeitung. Involucró a 120 mil empresas creadas por Mossak Fonseca en 40 años, al lado de más de 10 millones que existen en EEUU y Europa. Sus implicaciones tuvieron impacto en prácticamente todo el mundo. Véase: Marco A. Gandásegui, Los Panamá papers y la falta de transparencia (08.04.2016), Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), disponible en: https://rebelion.org/los-panama-papers-y-la-falta-de-transparencia/
[vii] Claire Nevache, Las cinco crisis de Panamá, The Conversation, disponible en: https://theconversation.com/las-cinco-crisis-de-panama-187398
[i] Explorador. Observatorio de las democracias: sur de México y Centroamérica (ODEMCA-CESMECA). Correo electrónico: pablo.uc@gmail.com
No comments yet.