Crimen de Estado
Hasta donde llega mi información y mi memoria, el Estado Mexicano nunca había reconocido un crimen de Estado. Ni cuando Huerta asesinó al Presidente Francisco I. Madero, en donde se combinaron el golpe con el crimen de Estado, ni en el caso del asesinato del Senador Chiapaneco Belisario Domínguez se reconoció el crimen de Estado. Tampoco en el asesinato de Rubén Jaramillo, ni en la masacre del 2 de octubre de 1968 y ni siquiera en el caso de Luis Donaldo Colosio, se reconocieron los crímenes de Estado. Así que al escuchar en la conferencia mañanera del Presidente de la República a Alejandro Encinas que, al leer una parte del informe de la Presidencia de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa decir “fue un crimen de Estado”, casi salté de mi silla. No es nada común que un Estado reconozca sus crímenes. Eso pasa aún con el asesinato, por ejemplo, de Jhon F. Kennedy, el malogrado Presidente de los Estados Unidos, asesinado en la ciudad de Dallas, Texas, mientras hacía una visita oficial. Igual cuando asesinaron a Anwar el-Sadat en 1981 durante un desfile militar, no se reconoció como un crimen de Estado. Lo que hizo Francisco Franco en España fueron crímenes y golpe de Estado que desataron una guerra civil. En fin, la lista es larga, pero cabe recordarlo para resaltar la importancia de que un alto funcionario del actual gobierno reconozca un crimen de Estado frente a la prensa y frente al propio Presidente de la República. Los primeros en hacer ese reconocimiento fueron los familiares de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuando por la calles de la Ciudad de México denunciaban la desaparición de los jóvenes con gritos de “Fue el Estado”. El gobierno de aquellos días rechazó ese señalamiento e inventó la llamada “verdad histórica” fabricada en las entrañas del propio Estado para cerrar el caso, como así lo declaró la prensa nacional: Caso Cerrado. No hay nada más que saber detrás del crimen de Ayotzinapa. Por todo ello, no debe pasar desapercibida la importancia de reconocer que en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se cometió un crimen de Estado de graves y profundas consecuencias. Tampoco es nota menor que el informe de esos sucesos que el próximo mes de septiembre cumplirán 8 años de acaecidos, pueda consultarse completo en el internet. La lectura de ese documento lo deja a uno abatido. Ya sabemos que Max Weber planteaba que el uso de la fuerza solo corresponde legitimante a los Estados, pero él lo decía en términos de salvaguardar el orden público y las soberanías de los Estados. En el caso de Ayotzinapa se trata de una confabulación entre los poderes que hacen al Estado, desde el nivel municipal hasta el estatal y nacional, para desaparecer y asesinar a 43 jóvenes con el agravante, por si fuere poco, en complicidad con grupos del crimen organizado. La lectura del Informe mencionado es una invitación para una investigación exhaustiva sobre el Estado, revisión de las teorías que lo explican y crear un conocimiento que trate de impedir semejantes crímenes en lo futuro. Difícil tarea. Pero impostergable en el contexto de una Latinoamérica y caribes cuyas poblaciones viven en sociedades desiguales, con índices de pobreza insólitos que contrastan con las fortunas del puñado de millonarios que medran del trabajo de millones de seres humanos. Ese es el telón de fondo del crimen de Estado: la terrible desigualdad que los círculos de poder en Latinoamérica y el caribe defienden, con honrosas y notables excepciones.
Hago votos porque el Informe de la Presidencia de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa se lea profusamente y aun, se discuta en las aulas universitarias y en foros públicos. Lo amerita ampliamente. En manifestación convocada por los padres de familia de los 43 estudiantes en la ciudad de México, los oradores reconocieron la importancia de la declaratoria de que fue un crimen de Estado y reclaman que no se cierre el caso hasta no saberse qué fue de los estudiantes, cómo les quitaron la vida, en dónde y sobre todo, hasta que no exista justicia plena. Caso abierto.
Ajijic. Ribera del Lago de Chapala. A 28 de agosto de 2022
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