Concejos municipales en Chiapas: entre la pacificación de los municipios y la intervención a procesos autonómicos

Pobladores de Pantelhó, Chiapas, julio 2021. Foto: Ángeles Mariscal

La lucha indígena en su manifestación armada se reactivó en Chiapas en los últimos meses del año 2021: en Pantelho, “El Machete”, que salió a la luz pública el 10 de julio. Otro grupo armado que se hizo llamar “Gente de la Selva” se manifestó en las redes sociales el 03 de octubre en apoyo a El Machete, aunque no hubo una base social que lo reivindicara. Otro grupo “Fuerzas Armadas de Simojovel”, difundió imágenes en las redes sociales en la misma fecha. En Altamirano, civiles armados que se nombraron como “Grupo de Autodefensa” irrumpieron el 07 de octubre.

¿Qué tienen en común estas manifestaciones armadas? 1) En todos los casos la irrupción se produce en municipios indígenas; 2) Todas se inscriben en un contexto de conflictos postelectorales. La de Pantelhó se produjo después de haberse conocido los resultados de las elecciones municipales que se celebraron el 06 de junio; y las otras, horas después de la asunción de los poderes municipales, que en el calendario electoral se marca el 01 de octubre.

3) Se trata de protestas armadas en contra de nuevos cacicazgos que se configuran en esos municipios, ya que la presidenta y/o el presidente, tienen a su cónyuge como antecesor. Son “parejas presidenciales” que han hecho un uso instrumental y perverso del principio constitucional de la paridad de género para monopolizar a la institución municipal. En Pantelhó, el presidente electo Raquel Trujillo Morales recibiría el cargo de manos de su esposa Yaneth Velasco Flores; en Altamirano, Gabriela Roque Tipacamú, presidenta electa sería sucesora de su esposo Roberto Pinto Kanter, presidente en funciones; y en Simojovel, Gilberto Martínez, presidente electo, su esposa Viridiana Hernández Sánchez le entregó la silla presidencial.

4) De los tres ayuntamientos electos, dos fueron postulados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD); y, 5) De los tres municipios en conflicto, en dos ellos se crearon sendos Concejos Municipales, en Pantelhó el 18 de agosto, y en Altamirano el 28 de octubre.

Otros conflictos postelectorales que irrumpieron en el estado en 2021 respondieron a otras variables. De manera señalada ganó relevancia la inestabilidad política que en esos municipios generó la presencia de grupos del crimen organizado, impidiendo que se llevara a cabo la jornada electoral, por lo que en algunos municipios no hubo autoridades municipales electas, lo que condujo al Congreso del Estado a crear Concejos Municipales.

De tal forma que entre agosto de 2021 y junio de 2022, el Congreso del Estado ha aprobado la integración de 13 Concejos Municipales[1], agregando uno más en días recientes, en el municipio de Teopisca, el 24 de junio, por motivo de la crisis política que condujo a la renuncia del Cabildo (excepto la síndica), después del asesinato, el 8 de junio de José Rubén Valdez Díaz, presidente municipal (PVEM).

De esta forma, como ocurrió tres décadas atrás, el tema municipal vuelve a estar en el centro de la disputa por el poder en el estado, lo que coloca un posible escenario para el 2024 en una suerte de “democracia militarizada”. Diversos analistas han llamado la atención sobre la politización de los actores criminales como un fenómeno de nuevo cuño en el país; es un problema de carácter nacional que se expande, en una intersección entre lo político y lo criminal haciendo política, y de políticos vinculados a redes delincuenciales[2].

Diagnósticos realizados en la década pasada ya mencionaban a la frontera sur chiapaneca como un lugar de trasiego, corredor de carteles y grupos delictivos realizando diversos delitos, entre otros el de tránsito y destino de migrantes[3]. Pero hoy la novedad es su presencia en la política como actores relevantes en los procesos electorales y en la vida municipal, por lo que la comprensión de este fenómeno requiere una perspectiva metodológica que ponga luz en la intersección en donde se cruzan ambas políticas, las estatales y las del crimen organizado[4].

Así Chiapas, hoy. Frente a una realidad que nos desafía, toda vez que la violencia está en las calles que día a día transitamos, nos convoca a reflexionar sobre la problemática que ahora nos agobia. En este tenor, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas emitió un Comunicado en el que refiere que ya desde el año 2020 se había diagnosticado: “El crimen organizado cada día ocupa más espacios en el territorio chiapaneco […] Dichos grupos y fuerzas, en muchos municipios, logran controlar a las autoridades municipales. Todo esto causa inseguridad, violencia, extorsiones y desplazamiento forzado de personas y familias.”[5].

En este escenario convulso en el estado, el municipio es el espacio en donde la intersección entre la política y el crimen organizado se hace explícito, y no solo en los procesos electorales, sino en el ejercicio de gobierno. Frente a esta inédita situación, el gobierno del estado parece estarse apoyando en el Congreso local para crear Concejos Municipales que le permitan algún margen de maniobra para recuperar la gobernabilidad en esos municipios, y contener el control del crimen organizado en el territorio estatal a través de los municipios.

Pero, por otro lado, otra estrategia ha irrumpido, el de los pueblos indígenas que han desplegado acciones en sus territorios, que cuestionan a los ayuntamientos electos en 2021 ya que esos encarnan los cacicazgos, y que algunos de ellos han sido claramente identificados en sus vínculos con grupos del crimen organizado. Irrumpe entonces una disputa con el Estado en el terreno electoral, en la forma y fondo de cómo se eligen a las autoridades del Cabildo en los municipios indígenas.

Son las nuevas luchas indígenas chiapanecas de la segunda década del siglo XXI, que vuelven a reactivarse en el terreno de las armas, por lo que la formación de grupos de autodefensa se manifestó como una estrategia que se propuso impedir que los cacicazgos familiares se queden con el ayuntamiento, y con ello con el gobierno indígena. Por lo que el conflicto postelectoral fue el terreno en donde se manifestó en esta coyuntura, pero que eventualmente pueden volver a irrumpir, si el clamor de justicia que contienen, no se atiende.

Otro campo de confrontación entre estas nuevas luchas indígenas se da en el terreno de los Concejos Municipales que se han formado, en donde a veces los intereses de gobierno coinciden con la de los pueblos, como ocurrió en Altamirano, como veremos más adelante. Pero que en otros casos, los Concejos Municipales son recursos políticos para la intervención desde el gobierno del estado y el Congreso local, para disminuir el filo autonómico, como ha ocurrido en el municipio de Pantelhó, después de la activación pública del grupo de autodefensa El Machete.

El cual irrumpió para demandar justicia, para hacer visibles las acciones de la delincuencia organizada, y expulsar del municipio al crimen organizado y ha señalado de forma expresa al grupo de “Los Herrera”, a “Los Capotes” y a “Los Ciriles”, entre otros, quienes durante casi dos décadas violentaron a los ejidos y comunidades. Cuyos crímenes permanecieron en la impunidad por la omisión de las instituciones de gobierno, sordas ante las denuncias y omisiones en la aplicación de la justicia.

Lo trágico ahora es que desde agosto de 2021 han sido ya cuatro los Concejos Municipales creados en ese municipio, y que no solo la justicia no ha llegado, sino los ejidos y comunidades organizadas perciben hostigamiento, y se han sentido intervenidos. Por lo que en contrario a la esperanza de que la justicia intervenga para detener a las personas identificadas con los grupos ligados con el crimen organizado, ocurre ahora al revés, ya que  las autoridades del Concejo Municipal Popular, han sido detenidos y su defensor el padre Marcelo ha sido criminalizado.

Todo ello ha debilitado a El Machete, generando tensiones internas entre sus integrantes, por lo que es probable que con tantas intervenciones se tenga este propósito de hacerle perder fuerza; y tal cosa ocurre sin que la violencia del crimen organizado haya cesado, por lo que son varias centenas de personas en condición de desplazados. Ya que como experiencias en otros países han hecho visibles cómo las acciones de la delincuencia organizada socavan las bases de la autonomía indígena[6].

Así las cosas, en estos escenarios me pregunto ¿Son los Concejos Municipales el motivo del conflicto, como lo señalan los ciudadanos en donde estos se han instalado? ¿Son los Concejos Municipales estrategias gubernamentales para la pacificación en los municipios en conflicto? ¿Son los Concejos Municipales recursos para intervenir las luchas indígenas que se han formulado en una gramática autonómica?

En esta contribución desarrollo la hipótesis que la creación de un Concejo Municipal es un dispositivo que el gobierno ha usado cuando los actores políticos no pudieron resolver la disputa de poder mediante los procedimientos democráticos electorales, por lo que entraron en conflicto, como ocurrió en Oxchuc; agravado ahora, en muchos casos, por la presencia de las armas, tanto la de expresiones de la lucha autonómica en municipios indígenas, como por la presencia de grupos del crimen organizado, que ha creado un cuadro de inseguridad para que los procesos electorales se desarrollen con garantías a la ciudadanía y a la democracia.

De tal forma que si bien no se puede ignorar que la emergencia de la vía armada en las regiones indígenas fue la estrategia a la que recurrieron para obligar al gobierno del estado para que volteara a ver y conociera sobre la impunidad de su ausencia. La violencia que generan los grupos armados, tanto de los grupos de sicarios, como el de las autodefensas, crean un clima de violencia generalizada que la ciudadanía sufre, y que cuando la justicia no llega, pueden crearse nuevos conflictos, reconfigurados en un caldo de cultivo de violencia armada que puede escalar, penetrada por el crimen organizado.

La lucha contra los cacicazgos en los municipios indígenas en Chiapas, a casi tres décadas la historia se repite

Ganar un ayuntamiento municipal es una reivindicación indígena permanente. No es para menos, allí está el gobierno indígena de un pueblo, y en un proceso electoral este puede ser capturado por actores que no responden al interés comunitario; motivo por el cual lograr el gobierno municipal indígena es recurrentemente una aspiración. Así que, una clave para reducir el conflicto es que la legislación electoral mejore la regulación y procedimientos para garantizar que en todo municipio indígena haya siempre un gobierno indígena; cuando no es así, irrumpe el conflicto. Esto ocurrió en las elecciones de 2021 y también tres décadas atrás.

Se recuerda que las primeras acciones armadas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año de 1994, se dirigieron en contra de los poderes caciquiles que estaban enquistados en los ayuntamientos. El día 01 de enero de 1994 comenzó con el ataque de los rebeldes en contra de cinco edificios municipales, y en algunos casos los tomaron y destruyeron, como fue el caso del municipio de Altamirano, en donde con marros derribaron la torre del reloj.

Y, como si la historia se repitiera de manera circular, el 16 de septiembre de 2021, un grupo de tzeltales y tojol-ab’ales tomaron de nuevo el edificio municipal de Altamirano y lo incendiaron. Los actores de 1994 y en 2001 son los mismos, y los problemas también; lo que da cuenta de su permanencia.

En 2021 la protesta se dirigió en contra de los resultados electorales del 06 de junio. La explosión popular se presentó en la toma y quema del edificio municipal y el secuestro del entonces presidente municipal, Roberto Pinto Kanter, quien el día primero de octubre debía ceder la silla presidencial a su esposa, Gabriela Roque Tipacamú, quien había sido electa como presidenta municipal, postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este conflicto postelectoral, con varios meses de duración, incluyó la emergencia de un grupo armado de autodefensa que se sumó a la inconformidad por el resultado electoral que representaba la continuidad del cacicazgo de la familia Pinto Kanter, que se había alternado en el poder municipal durante 9 años.

Los resultados electorales en Altamirano sorprendieron, ya que de acuerdo a las Políticas de Acción Afirmativa que promovió el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), se propusieron que indígenas fueran las autoridades en su municipio. De acuerdo con las reglas del IEPC, Altamirano era un municipio indígena que estaba colocado en el “Grupo Poblacional 2”, es decir con población indígena significativa. En efecto, Altamirano registró un 87.79 % con autoadscripción indígena[7]. Por lo que no resultaba extraño cómo es que este municipio con tan alto porcentaje de población indígena, haya quedado de nuevo en manos de la familia finquera.

Esta fue la razón del levantamiento armado en Altamirano, hasta que un Concejo Municipal que se instauró el día 28 de octubre corrigió ese error institucional. El conflicto postelectoral y la emergencia del grupo de autodefensa que lo acompañó, no hubieran irrumpido sí las acciones afirmativas hubieran funcionado a favor de los indígenas, lo que llama a la corrección en el diseño, para que tal cosa no vuelva a ocurrir.

Para pacificar el municipio y lograr la liberación del entonces presidente Kanter, el Congreso del Estado propuso la integración de un Concejo Municipal: 84 comunidades se reunieron en una asamblea para deliberar sobre el nombramiento de las cinco personas que propondría: María García López (de la zona tseltal) como Presidenta Concejal; Gabriel Montoja Oseguera (de la cabecera municipal), como Síndico. En los cargos de regidores fueron nombrados Mayra Teresa Pérez López, de la zona media; Oscar Gómez Velasco, de la zona tojol-ab’al, y Cristóbal Gómez Sántiz, de los Altos, quienes estarían en funciones desde el 28 de octubre hasta el 30 de septiembre de 2024. La integración del Concejo Municipal logró descentrar el poder en una perspectiva de interculturalidad, por lo que abrió la oportunidad para nuevos acuerdos de representación micro regional, y debilitar al cacicazgo de los Pinto Kanter en el municipio.

Los acontecimientos en 2021 en Altamirano, remiten a procesos y episodios históricos que se desplegaron 27 años atrás, cuando en el contexto del levantamiento armado del EZLN, entre 1994 y 1995, se crearon 38 Concejos Municipales, con integración pluriétnica y micro regional, con el propósito de dispersar el poder entre la diversidad que contenían.

La redistribución del poder en el ámbito municipal abrió una ruta política en la coyuntura del conflicto armado zapatista[8]. En ese momento contuvo el impulso autoritario del gobierno federal que había reaccionado con medidas de guerra al EZLN. Como primera reacción al levantamiento armado, el presidente Carlos Salinas de Gortari envió al Ejército a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron once días.

La irrupción zapatista cuestionó la legitimidad del sistema político-electoral en México, por lo que en su primera etapa (1994-1995) su principal reclamo fue la Reforma del Estado (hasta 1996). Rechazó la subordinación de los campesinos-indígenas a las oligarquías locales, que tenían el poder económico y político en sus manos a través de sus redes y lealtades con las cúpulas del entonces partido dominante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Una de las formas en cómo ese cuestionamiento se expresó fue a través del rechazo a los ayuntamientos en turno.

Desde el primer momento de la irrupción, las voces de la sociedad civil salieron a las calles a demandar el cese al fuego, haciendo un llamado a la paz. Destacados intelectuales pacifistas, como el antropólogo Andrés Fábregas Puig y el escritor Eraclio Zepeda, encabezaban el reclamo, llamando al presidente a la cordura, invitándolo a desplegar estrategias para la pacificación del estado y detener el fuego.

El 8 de enero de 1994, Salinas decretó la creación de la “Comisión Especial Autónoma por la Paz en Chiapas”, invitando a los mismos Fábregas y Zepeda a integrarla, además de sumar al senador Eduardo Robledo Rincón. Su misión era abrir espacios de diálogo con los distintos sectores sociales de Chiapas, y contener la expansión de la guerra, que ya cual pradera seca se extendía a ras de suelo. Por lo que ese mismo día el presidente lanzó un enérgico llamado dirigido a los presidentes municipales: “no traten de eliminar a sus adversarios”[9].

Al comenzar la década de los noventa, los municipios estaban en manos de cacicazgos racializados, excluyendo a los indígenas de los cargos del Cabildo, en municipios en donde ellos eran una mayoría demográfica. Detrás de las tomas de los palacios municipales que iniciaron los zapatistas vinieron otros, cuyos actores eran organizaciones sociales y sociedad civil organizada, adheridas la mayoría de ellas al Consejo estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC).

Para el mes de marzo de 1994, veinticuatro edificios municipales habían sido tomados. El diálogo para pacificar el estado requirió la redistribución del poder a través de la creación de Concejos Municipales, integrados con criterios de pluralismo político y de diversidad cultural, pero también de incorporar la diversidad territorial; esto es, que dentro de los Ayuntamientos también estuvieran representadas las micro regiones de cada municipio, creando un diseño municipal de configuración plural[10].

En el contexto del conflicto armado 38 Concejos Municipales se crearon entre los años 1994 y 1995, como puede verse en el cuadro siguiente. En la coyuntura del conflicto armado los Concejos Municipales fueron usados como recursos políticos para la pacificación, aunque muchos de ellos con propósitos contrainsurgentes. El municipio fue el terreno desde donde el gobierno federal y del estado dieron respuestas a la población inconforme en el estado, en particular en los municipios indígenas, y fue desde allí desde donde el Estado rearticuló su hegemonía.

A casi tres décadas, los municipios se encuentran hoy otra vez convulsionados por la violencia; pero ahora con la agravante de la presencia del crimen organizado, como nuevos actores. Desde hace ya dos décadas la violencia criminal entró al estado y han ido progresivamente adueñándose de los municipios. Su presencia como un actor político en los territorios ha enrarecido el desempeño de los procesos electorales, y de la gestión pública, pero también socava día a día la autonomía de los pueblos indígenas, penetrándolos.

[1] Cuatro en Pantelhó; dos en Oxchuc;  y uno en Altamirano, Venustiano Carranza, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata, Honduras de la Sierra y Frontera Comalapa.

[2] Baltazar, Edgar. (7 de febrero de 2022). “La politización de los actores criminales”. En Contraréplica Veracruz. Obtenido de: https://contrareplicaveracruz.com/tiraditos/la-politizacion-de-actores-criminales

[3] López, Gerardo. (2014). Tensiones por el control territorial en la región fronteriza de Chiapas: una propuesta metodológica. En IV Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales. Obtenido de: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8333/ev.8333.pdf

[4] Al estudiar el fenómeno del crimen en Brasil, el investigador Gabriel de Santis Feltran llama la atención en la relevancia que adquieren las intersecciones entre las políticas del Estado y las políticas del crimen. Ver: De Santis, Gabriel. (2012). Políticas estatales y políticas del crimen: el gobierno de los homicidios en Sao Paulo (1992-2012). En Revista Brasileira de Seguranca Pública.

[5] Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. (3 de julio de 2022). Comunicado ante el aumento de la violencias en Chiapas y la persecución a las personas defensoras de la vida. Obtenido de: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.8333/ev.8333.pdf  https://frayba.org.mx/sites/default/files/2022-07/Comunicado_Di%C3%B3cesis_SCLC%2C_ante_la_criminalizaci%C3%B3n_de_Aacps_y_Aps%2C_en_b%C3%BAsqueda_de_las_construcci%C3%B3n_de_la_paz..pdf

[6] Para conocer la reflexión sobre esta problemática en Colombia, ver el texto de Velasco, Marcela. (1 de abril de 2022). “El narcotráfico en Colombia socava las bases de la autonomía indígena”. En Debates indígenas IWGIA. Disponible en: https://debatesindigenas.org/notas/155-narcotrafico-en-colombia.html

[7] Ver los lineamientos en: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. (IEPC). Acuerdo IEPC/CG-A/050/2021. Obtenido de : http://sesiones.iepc-chiapas.org.mx/docs/388/ACUERDO%20IEPC.CG-A.050.2021.pdf, p. 40

Anexo 3.

[8] El gobierno federal y del estado trabajaron a dos pistas, por un lado instalaron las mesas para los Diálogos en San Andrés Larráinzar, firmando unos acuerdos que el presidente Ernesto Zedillo ya sabía que no cumpliría. Al mismo tiempo desplegó una estrategia municipalista dirigido a los pueblos indígenas del país, como estrategia de pacificación y como una interpretación municipalista de la autonomía. Este argumento lo desarrollo en el siguiente texto: Burguete, Araceli. (2009). El municipio en Chiapas en la coyuntura zapatista: Un actor inesperado. En Encrucijada Americana, 3 (1), 139,176. https://doi.org/10.53689/ea.v3i1.128.

[9] Diario La Jornada. (9 de enero de 1994). “Salinas a 13 ediles de los Altos: no traten de eliminar a sus adversarios”. México D.F.

[10] Un ejemplo paradigmático de lo que ocurrió en esos años, fue la experiencia de Ocosingo que construyó un  Concejo Municipal ampliado, y con alternancia partidaria anual, que fue una construcción culturalmente situada, construida por los actores locales (tseltales de organizaciones sociales adherentes al zapatismo y tseltales militantes del PRI). Experiencia que sistematizó Ricardo Hernández. Hernández, Ricardo. (1999). “Ocosingo: poder local y buen gobierno: la experiencia del Concejo Municipal Plural Ampliado”. En Aracely Burguete. (Coord.). México: experiencias de autonomía indígena, IWGIA. pp. 261-282.