El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, añade un capítulo más a sus amplios desatinos en la conducción del cargo que ostenta. Un muy rápido recuento de casos en que la prensa ha llevado un puntual registro, muestra no solamente un errático proceder sino que, además, desnuda una personalísima intencionalidad aviesa de quienes están encargados de una rama tan importante como la impartición de justicia en el país.

Una vez iniciada la administración del presidente López Obrador, la misión consistía en atrapar a los corruptos. Es verdad que algunos han sido detenidos, como en el caso de Rosario Robles, a quien presuntamente es señalada como responsable de operar el desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social bajo su mando a través de empresas fantasma. El abogado de Salinas, Juan Collado, permanece detenido como presunto responsable del delito de peculado; mientras que el caso emblemático del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, que aunque está detenido, fue a partir de las filtraciones de la prensa que la Fiscalía se vio obligada a detenerlo, haciendo evidente una actitud indulgente de las autoridades judiciales que le han brindado impunidad a cambio de información que pueda ser útil para procesar a otros funcionarios de sexenios anteriores que han abusado de sus cargos.

Lo que parece más sorprendente aun es que el presidente siga manteniendo una postura de respaldo y casi de indiferencia acerca de lo que ocurre con el fiscal de todas sus confianzas. En efecto, cuando en sus mañaneras recibe alguna pregunta referente a los procedimientos empleados por la Fiscalía, simplemente reitera que le tiene mucha confianza al funcionario encargado de la justicia en el país, pese a las evidencias que señalan o muestran los despropósitos en que ha incurrido el principal funcionario encargado de la impartición de justicia en el país. Salvo que el presidente crea que la prensa miente, parece francamente inaudito el apoyo que le brinda y resulta poco creíble que respete una supuesta autonomía que ni la propia autoridad judicial del país ha sido capaz de vindicar.

Dentro del catálogo de excesos cometidos por el fiscal, la enconada animadversión que viene sosteniendo con el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, le ha valido sendos reveses, primero, cuando este decidió no apoyar a Gertz en su intento porque se le negara un amparo a un familiar que tenía recluida en la cárcel a quien acusa de haber propiciado el fallecimiento de su hermano por negligencia; después, cuando solicitó a un juez federal enjuiciar a cuatro abogados que mantienen vínculos profesionales con Scherer, cosa que la autoridad encargada decidió no ejercer acción penal en contra de los implicados.

Es difícil de creer que el presidente en verdad tenga particular aprecio por la supuesta división de los poderes del Estado, cuando se ha caracterizado por intervenir en todo aquello que corone sus afanes justicieros y de combate a la corrupción como ejes troncales de su administración. Lo insólito es que deposite toda su confianza en un fiscal que ha dado muestras no de los propósitos justicieros del presidente, sino de los excesos que se cometen cuando se ocupan cargos de poder relevantes para incidir en el curso de los acontecimientos y propiciar venganzas personales.

Como dogma de fe, el presidente a menudo insiste que “la paz es fruto de la justicia”. Sin embargo, aun cuando las estadísticas muestran que algunos de los delitos han venido bajando, todavía se percibe que estamos lejos de haber alcanzado algún tipo de equilibrio y sobre todo que se haya detenido la alta tasa de homicidios que perdura en el país. La justicia parece invocar en el discurso presidencial más que instituciones capaces de impartirla con suficiente solvencia moral y sobre todo con la eficacia e imparcialidad que se requiere, una actitud magnánima que ofrezca beneficios materiales al desvalido encarando frontalmente la acendrada pobreza que perdura en el país. No está mal que este gobierno asuma el enorme reto de combatir las desigualdades y el abandono de que han sido objeto millones de mexicanos; pero se requiere no solamente voluntad política, sino una transformación de todo el sistema de justicia, un proceso de sustitución de personal y renovación de prácticas, cosa que este gobierno no hará porque no podrá obtener en el corto plazo la suficiente rentabilidad política de semejante y descomunal tarea.

No hay una reforma al sistema de justicia, ni existe una transformación más allá del nombre que nos augure un futuro prometedor en torno a la institución que nos permite resolver los conflictos que a diario se presentan. Con otras palabras, la impartición de justicia sigue operando casi bajo los mismos moldes de ayer y el que paga puede “obtener justicia a la carta”.

Pese a que el presidente ha sido muy cauto e incluso indolente con lo que acontece en la principal institución de justicia en el país, como lo es la Fiscalía General de la República, el gobierno de la república ha sido prudente en no usar todo su poder con el propósito de doblar voluntades en los tribunales, sobre todo en aquellos casos en que ha existido una decidida oposición a sus proyectos emblemáticos. La presidencia ha combatido en los tribunales los desafíos a sus planes de desarrollo y en algunos casos absorbe el impacto en el retraso de las obras. Pero hasta ahora ha vencido la tentadora idea de pasar por encima de jueces y magistrado con el fin de alcanzar sus metas.

Por sorprendente que parezca, los reveses al fiscal son prueba también que algo puede estar cambiando en los tribunales. Entre el abyecto comportamiento del fiscal, las reacciones que provoca su intransigente proceder y la autonomía relativa de los tribunales, se configura un panorama no ideal, pero acaso un pequeñísimo destello de cambios en un área de particular relevancia para una convivencia más o menos civilizada en muchos territorios del país. Lo malo es que estos cambios no llegan aun a la justicia más ordinaria, aquella en que el ciudadano común intenta dirimir los conflictos en que se ve envuelto todos los días. La pregunta que flota en el ambiente es la siguiente: ¿será capaz el presidente de heredarnos por seis años más un fiscal que a todas luces ha dado muestras de un uso faccioso de su cargo o hará uso de su influencia para remover a un funcionario insostenible en la nada sencilla tarea de la impartición de justicia en el país?