MORENA y sus victorias políticas: la revocación de mandato como auto negación y continuidad del movimiento-partido

Boleta para el proceso de consulta

Jesús Solís Cruz (ODEMCA-CESMECA-UNICACH)

Después de los tirones y jalones (mediatizados) entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y los árbitros electorales (Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral), este 10 de abril habrá de llevarse a cabo la consulta sobre la revocación de mandato federal.

Las aristas de este proceso, vistas en el marco de la democracia moderna mexicana, son múltiples, sin embargo en esta colaboración quiero situarlas en dos planos: el institucional y el social instituyente.

En lo concerniente al primero es de celebrarse la extensión de los principios y procedimientos de la democracia institucional. En términos formales fortalece los derechos políticos de la ciudadanía y promueve la relación directa entre representante y representados. Equilibra, se supone, los poderes del Estado y los poderes del ciudadano. Es un mecanismo de control y un instrumento de participación cívica. Significa así una potenciación de la democracia directa y un acortamiento de la democracia representativa. Teóricamente reafirma el principio de soberanía que recae en “el pueblo” pero temporariamente está trasladado a la figura del Presidente.

En la parte formal representa un avance significativo, en principio porque hay una ley (Ley Federal de Revocación de Mandato; hecha, también se supone, por y para los ciudadanos), y en seguida porque la misma se convierte en instrumento que además de amparar a los sujetos de derecho, genera la convención ciudadana para revertir el poder temporario al representante soberano (Presidente de la República). Que esta ley, en vigor desde septiembre del año pasado, se haga efectiva representa también un fortalecimiento institucional democrático. Es sobradamente conocido que en México han existido leyes creadas pero nunca aplicadas; ni qué decir de las que activas y vigentes son aplicadas a discreción.

Por lo hasta aquí señalado, considero que los promoventes de la Ley de Revocación de Mandato se han apuntado un acierto institucional. Aún con toda la oposición partidista y sectorial, el Ejecutivo y su partido (MORENA) con autoridad y legitimidad (contestadas) han ampliado la “autoridad pública” desde arriba; desde su labor de gobierno. Es decir, MORENA como partido gobernante ha cumplido su función política de partido de intereses encauzándolos por las estructuras institucionales. Los supuestos en todo esto son varios, uno primero es que los representantes “del pueblo” han sido sensibles o han seguido los deseos de su electorado (una ley revocatoria), otro es que el gobierno es responsable por sus actos ante sus ciudadanos y un tercero es que los ciudadanos son capaces de perseguir sus intereses públicos. Los anteriores supuestos se mueven en el campo de la racionalidad política; sin embargo, sabemos que nuestra democracia no funciona así.

Volviendo al mismo plano de la institucionalidad, por ley los promoventes de la revocación de mandato deben ser las personas ciudadanas que se ajustan a lo descrito en los arts. 7 y 8 de la Ley de Revocación de Mandato. Es decir, las y los ciudadanos que persiguen sus intereses públicos en bien del común. Es de sobra conocido que una de las más grandes debilidades del sistema democrático en México es la fragilidad de la ciudadanía y sus virtudes cívicas, comprendiendo en esta la participación política, condición necesaria en la democracia procedimental.

En este punto y en este proceso político, no era suficiente con el establecimiento de la ley revocatoria (como he dicho, leyes existen muchas, incluso como letra muerta); era prioritario para los promoventes institucionales sustanciar la ley. Y en esto ha resultado clave la reconversión del partido-gobierno en partido-movimiento. El valor de lo social instituyente. MORENA se autodefine como un movimiento social, y como tal se propone acciones políticas conflictivas y desafíos a lo instituido. A diferencia de sus pares partidistas, ha tenido el acierto de trabajar sobre los conflictos y las tensiones existentes en la sociedad que indican deterioro de las relaciones en las partes del sistema democrático. Capitalizó políticamente el descontento generalizado en la gente hacia la clase gobernante, y logró hacerse del poder con una legitimidad en las urnas inaudita en la historia política reciente del país. Y ha seguido trabajando desde el gobierno sobre temas sensibles a la sociedad y al sistema democrático: corrupción, redistribución del ingreso, seguridad, etcétera. Los balances sobre los resultados en estos temas son necesarios sin duda realizarlos, y hacerlos de manera crítica, en tanto, es innegable que MORENA ha tenido la habilidad política, como movimiento, para promover cambios en las relaciones de fuerza y en los mecanismos de decisión.

El inicio de proceso de revocación de mandato, por mandato de ley, solo puede comenzar a petición de ciudadanas y ciudadanos cuando estos han perdido la confianza en quien desempeña el cargo de Presidente de la República. Ya he referido antes a la fragilidad de la ciudadanía y en particular a la participación política que le es inherente. En este sentido, el papel del partido-movimiento MORENA ha resultado importante para actuar como agente exterior para unificar la voluntad ciudadana en el proceso revocatorio; para activar la participación política.

Cubrir los requisitos establecidos en la ley para iniciar el proceso: porcentaje de inscritos en la lista nominal de electores y número de entidades federativas representadas en la solicitud; sin la estructura partidista con que hoy cuenta MORENA hubiese sido por iniciativa meramente ciudadana una tarea, por decir lo menos, titánica. La actuación del partido-agente-movimiento, me parece que ha resultado en una victoria política para MORENA y el Presidente, el más entusiasta promotor de la revocación de mandato.

Los llamados a no participar en la consulta para la revocación del mandato, realizados por los opositores a MORENA y al gobierno son políticamente irrelevantes en este momento, en tanto que MORENA tiene ya ganada esta partida política. Lograr la realización de esta consulta le significa otra victoria política. Lo que estará en disputa el 10 de abril será la contundencia de la victoria; ni remotamente se juega en la consulta la continuidad o no del actual Presidente, porque es más probable incluso que el índice de participación sea tan raquítico como el de la consulta para enjuiciar a expresidentes (poco más del 7%). El índice de participación, en un proceso como este, en todo caso, no funcionará como indicativo de preferencia política ciudadana, servirá para continuar la guerra mediática.