La amenaza rusa, la mina de níquel y el futuro de la democracia en Guatemala

Foto: Carlos Alonzo – AFP

Santiago Bastos Amigo[1]

En Guatemala existe una amenaza rusa que poco tiene que ver con la invasión a Ucrania. En nuestro vecino país, al hablar de los rusos, se piensa en una mina de níquel, una alfombra llena de dólares y el Estado de sitio impuesto el pasado octubre en el municipio de El Estor, en el departamento caribeño de Izabal. No es lo mismo que los bombardeos, pero esta presencia es una verdadera amenaza para el futuro y los derechos de los y las habitantes de Guatemala.

El Estor, historia de violencia

El municipio El Estor resume en sus tierras buena parte del despojo de los últimos siglos en Guatemala. Sus pobladores originarios maya q’eqchi’ fueron expropiados a mediados del siglo XIX para ubicar un establecimiento (The Store) para el comercio de café hacia el mar Caribe.[2] Cien años después, los gobiernos militares concesionaron territorio para la explotación de níquel, y en 1978 el acaparamiento de tierras por la minera llevó a la masacre que se dio en el vecino municipio de Panzós, que inauguraría la política de tierra rasada con la que  ejército de Guatemala cubrió el territorio nacional de sangre y obligaría a cientos de miles de indígenas mayas a cruzar la frontera para salvar sus vidas.[3]

La situación bélica y la baja de precios del níquel hicieron que se abandonara la explotación de la mina durante unos años, pero en 2004, la empresa Skye Resources reanudó operaciones, reinaugurando el camino de violencia. Elementos de la seguridad de la empresa violaron en 2006 a once mujeres q’eqchi’s y en 2009 mataron el profesor Adolfo Ich y dejaron parapléjico al el joven Germán Chub.[4]

De una mancha roja a una consulta falsa

En 2011 la compañía ruso-suiza Solway Investment Groupadquirió el Proyecto Minero Fénix y la planta de tratamiento de minerales a través de su subsidiaria CGN –Compañía Guatemalteca de Níquel-. En 2017 empieza la fase en la que nos encontramos ahora, con la aparición de una gran mancha roja en el lago de Izabal. Los pescadores de El Estor se organizaron para solicitar información y también respeto a sus derechos, ante la descarada expansión de la explotación a cielo abierto. Las protestas ante la falta de respuestas llevaron a la intervención de la Policía Nacional Civil -PNC- provocando la muerte de don Carlos Maaz , pescador artesanal, en junio de 2017.[5]

Se dio así un conflicto que en estos últimos cuatro años ha provocado la muerte de varios campesinos y pescadores maya q’eqchi’s, la persecución penal, acoso e intimidación de pescadores y periodistas locales, Las comunidades interpusieron un amparo por la falta de consulta previa, como reza el Convenio 169 de la OIT, y en 2020 la Corte de Constitucionalidad -CC- conminó a la empresa CGN a suspender actividades. Ésta no detuvo su accionar, y puso en marcha un proceso de pre-consulta en que se negó la participación de las organizaciones comunitarias que se oponen a la actividad minera, además de otras irregularidades. Ante esta situación, la población afectada organizó un plantón que impidió el paso de los vehículos que entran y salen de la planta.

Después de 20 días de pérdidas económicas para la empresa, el día 22 de octubre las autoridades procedieron a desalojar el plantón con lujo de fuerza y al día siguiente, el gobierno de Alejandro Giamattei promulgó el estado de sitio en el municipio de El Estor. La imagen de fuerzas de la Policía Nacional Civil escoltando uno de los camiones cargados con carbón se convirtió en el símbolo de esta intervención estatal. Hubo nuevas persecuciones e intimidación contra autoridades locales y periodistas comunitarios y hostigamiento a base de retenciones, amenazas y allanamiento de sus viviendas. Con el estado de sitio vigente, la empresa procedió a desarrollar la pre-consulta y la consulta de forma exprés. El Ministerio de Energía y Minas la dio por válida, regularizando de forma absolutamente irregular las operaciones de la CGN y dando por terminado este episodio.

Los documentos que acaban de ser revelados a través de la operación #Mining Secrets / #Secretos Mineros y The Store Project muestran cómo todo esto se realizó de forma planificada y en connivencia con los poderes estatales. Cables, correos y documentos internos hablan con total impunidad de compra y de intimidación de líderes, autoridades y periodistas; de divisiones comunitarias provocadas, de pago a las fuerzas de la Policía Nacional Civil y muchas más cosas.

El despojo y la política guatemalteca de posguerra

Estos hechos que acabo de narrar no son en absoluto exclusivos de este municipio. El engaño, la imposición, intimidación y muerte; estados de sitio, persecuciones penales y sentencias incumplidas han sido frecuentes en Guatemala en estos últimos 15 años. Nombres como Sipakapa, Barillas, La Puya, Oxec y Cahabón, San Juan Sacatepéquez, el Valle del Polochic, San Rafael Las Flores, Monte Olivo, Cerro Blanco, Xalalá  Yich Kisis, Plan Grande, se relacionan con el fraude, el despojo y la muerte sembrados en todo el territorio de la república.[6]

Prácticamente desde que se firmó la Paz Firme y Duradera que terminó con décadas de guerra interna en Guatemala, las oligarquías que habían retomado el poder mostraron que no tenían intención de dar seguimiento a la agenda de transformaciones que se había negociado. En vez de buscar acabar con la desigualdad y el racismo, se insertaron en el contexto económico global a base de alianzas con empresas transnacionales y los nuevos “poderes emergentes”. Así, con el cambio de siglo se instaló la agenda extractivista, sobre todo a partir de la minería, la energía hidroeléctrica y los cultivos.

Como en otros lugares de América Latina, las comunidades y territorios se organizaron para defenderse de esta amenaza. Pero la agenda política de los gobiernos de posguerra se organizó a partir del apoyo a estas actividades a todos los niveles, desde la adaptación de leyes hasta el uso de las fuerzas de seguridad y la connivencia del aparato jurídico. Siguiendo las lógicas heredadas, el Ejército jugaó un papel muy importante en la represión y control territorial y el racismo volvió a aparecer en el desprecio de la voluntad y la vida de las comunidades opuestas a estas actividades

Además, la relación entre oligarquías, políticos y empresas extractivistas ha sido fundamental en el saqueo del Estado y la relación con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. El gobierno del ex general Otto Pérez Molina entre 2012 y 2016 fue el mejor ejemplo: su defensa a ultranza de las actividades extractivas y la represión a cualquier forma de disenso fueron de la mano de la actualización de las redes de inteligencia militar para el saqueo del Estado a través del Partido Patriota. Llevó a tal extremo el modelo de corrupción como crimen organizado, que finalmente fue destituido y enjuiciado por una combinación de intereses nacionales geopolíticos y la presión popular.

El presidente Giamattei, la alfombra y la consulta amañada

Este episodio podría haber marcado el cambio de ruta de la política guatemalteca, pero sirvió para profundizar el modelo de la regresón autoritaria y el manejo el Estado-botín, con el apoyo del empresariado. Durante la presidencia del cómico Jimmy Morales se anuló la independencia judicial y la lucha contra la corrupción. La llegada al poder del criollo Alejandro Giamattei en 2020 ha supuesto la consumación del modelo de impunidad estatalizada a través de la persecución penal de quienes debían de combatirla.

Y esto no está separado de la agenda de apoyo a las actividades extractivas, como nos muestra el episodio que nos vuelve a conectar con El Estor. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI- anunció que un informante anónimo avisó del regalo directo al Presidente.por parte de unos empresarios rusos de una alfombra rellena de billetes de dólares[7] El objetivo del soborno era la cesión de una parte del Puerto de Santo Tomás para ampliar el área de embarque del material minero que sale de las plantas de El Estor. La denuncia no condujo a ninguna investigación y, por el contrario, el Fiscal encargado de la FECI fue destituido y poco después se inició una persecución penal por la que tuvo que exiliarse, al igual que lo han hecho otros fiscales en estos años.

Lo que siguió es lo que hemos visto que ocurrió en El Estor: la empresa desoyó la orden de cerrar actividades de la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio de Energía y Minas puso en marcha un proceso de preconsulta que dejaba de lado a los opositores a la mina; las comunidades cortaron el paso a los camiones Solway pidió al gobierno intervenir, por lo que se proclamó el estado de sitio durante el cual se lleva a cabo la supuesta consulta. Los papeles de #Secretos Mineros muestran cómo ha sido la empresa quien ha organizado realmente todo el proceso de pre-consulta y consulta; y cómo ya antes de empezarlo, había puesto en marcha toda una estrategia para anular la representatividad de las autoridades comunitarias que deberían participar en ella.

El Estor, el despojo y el futuro de la democracia en Guatemala

Aunque también está provocando la huida de la gente y el destrozo del entorno, en El Estor la amenaza rusa no se ha dado en forma de misiles ni bombardeos. Viene dada por el capital ruso, que representa una de las formas más voraces y agresivas del capitalismo en este momento histórico. La amenaza no cae sólo sobre ellos. Si vemos la cantidad de proyectos activos en el país y en la región toda y su comportamiento en las últimas décadas, veremos que lo relatado que no es exclusivo del capital ruso: a lo mejor con variantes, pero las empresas con registro español, canadiense, italiano, chino, colombiano o norteamericano–por poner ejemplos- no difieren mucho en los resultados. Estamos ante un sistema económico y político que, después de al menos dos décadas, se ha asentado y ha perfeccionado sus formas de actuar. De ellas, quiero terminar destacando dos en concreto, que El Estor nos muestra.

La consulta comunitaria que acaba de ser aprobada se hizo porque las autoridades comunitarias exigieron que se cumpliera el Convenio 169 de la OIT, del que Guatemala es signataria. El reclamo de la consulta libre previa e informada –CLPI- es una de las principales y pocas armas legales con que cuentan las comunidades indígenas de Guatemala y todo el continente para preservar sus territorios y sus derechos.

Para ellas y para todos nosotros, la resolución del MEM es una muy mala noticia. Al dar por válida una consulta que no ha sido previa –la mina lleva al menos 17 años en esta fase,- ni libre –en medio de un estado de sitio-, ni informada –más bien desinformada, como muestran los documentos de #Secretos Mineros-, el Estado guatemalteco ha encontrado una manera para anular uno de los derechos más reclamados por los indígenas. Esta misma impunidad puede ser usada con otras leyes y derechos, en esta regresión autoritaria en que vivimos.

Y esta regresión es precisamente la otra preocupación, no sólo por ese autoritarismo que nunca nos ha abandonado; sino porque con el tiempo, para la gente “democracia” es cada vez más sinónimo de “cleptocracia”, de la ubicua corrupción. Los hechos ocurridos alrededor de la mina y sus propietarios, del Gobierno y sus representantes muestran a la población guatemalteca cómo la impunidad es prerrogativa de los poderosos, que la utilizan con absoluto descaro.

Con ello se está desgastando el entramado institucional que buscaba resguardar unos derechos mínimos y poner algunas bases democráticas al ejercicio de la política. Pero, sobre todo, se está desgastando la posibilidad de que las y los guatemaltecos entiendan qué podría haber significado esa democracia para sus vidas, las de sus hijos y sus nietos. Si alguna vez hubo posibilidad de organizar una democracia en esta parte de Centroamérica, este futuro está cada vez está más lejos.

[1] Profesor Investigador de CIESAS Sureste, San Cristóbal de las Casas / Miembro del equipo de Prensa Comunitaria, Guatemala. Colaborador del ODEMCA

[2] Sobre la presencia q’eqchi’ y la instalación de europeos en este territorio, ver Diego Vásquez Monterroso, “Historia y cultura de los q’eqchi’ en El Estor, Izabal”, en Abelino y las comunidades q’eqchi’ de El Estor. Cuatro peritajes para su defensa. F&G Editores, Guatemala, 2020. También Liza Grandia Tz’aptz’ooqeb’. El despojo recurrente al pueblo q’eqchi’. AVANCSO, Guatemala, 2010 y Espirales de despojos y violencias en Tezulutlan Verapaz  AVANCSO, Guatemala, 2021

[3] En esa masacre murieron más de 50 personas y hubo más de 40 heridos. Ver Greg Grandin, Panzós: la última masacre colonial: Latinoamerica en la Guerra Fría Guatemala: Avancso. 2007 y, Victoria Sanford, La Masacre de Panzós: Etnicidad, Tierra y Violencia en Guatemala. F&G Editores, Guatemala, 2010

[4] Ver, Simona Yagenova. La minería de níquel en Guatemala. De Exmibal a la CGN. Una larga historia de despojos, impunidad y violencia en el territorio q’eqchi’ de El Estor. Madre Selva, Guatemala, 2018. También Avancso, 2021, paginas 137-147

[5] Ver noticias de Prensa Comunitaria (https://www.prensacomunitaria.org/) y el sitio Green Bloood (https://medium.com/green-blood ) y Yagenova, 2018.

[6] La bibliografía sobre estos casos es muy amplia es amplia, Ver Simona Yagenova, La industria extractiva en Guatemala: Políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2011. Guatemala: FLACSO, 2012. Y AVANCSO Industrias y proyectos extractivos en Guatemala. Una mirada global. AVANCSO Guatemala, 2017

[7] “Así fue como los rusos le entregaron a Giammattei una “alfombra llena de dinero” El Periódico, 24 agosto 2021 https://elperiodico.com.gt/politica/ejecutivo/2021/08/24/asi-fue-como-los-rusos-le-entregaron-a-giammattei-una-alfombra-llena-de-dinero-1/. Luis Solano “La Alfombra Mágica”: una telaraña de intereses mineros rusos, kazajos e israelitas que alcanzaría a Giammattei Falla”. El Observador, Informe Especial No. 28. Guatemala, 20 de septiembre de 2021. P. 28