Muy a nuestro pesar, hemos comenzado el presente año con malos augurios. Para empezar, sufrimos los estragos del incremento de contagios por covid en su versión omicrón. El presidente, por segunda ocasión, ha confirmado que está contaminado por el bicho que tantos dolores de cabeza ha dado a gobiernos y pueblos en el mundo. Hay que tomar en cuenta que el presidente es parte de la población de riesgo debido a su edad y a las comorbilidades que padece. Aun cuando la versión omicrón del covid parece ser menos letal que variantes previas, no está por demás que se tomen precauciones.

Habrá quienes en privado o incluso en público alberguen malos pensamientos con relación a la salud del presidente, pero resulta demencial pensar de ese modo y menos aun se justifica. Con el presidente podemos estar en desacuerdo, pero no podemos negar el hecho de que nos representa a todos, que llegó al poder por la vía democrática y que conserva un amplio respaldo popular. Cualquier cosa que le suceda al presidente nos pone en riesgo a todos. Por lo tanto, es menester desear una pronta recuperación para que continue al frente de su gobierno, tomando decisiones sobre los principales asuntos del país y supervisando las obras de gran impacto social con que se ha comprometido.

Pero el virus SARS CoV2 no distingue posición social, ni género, ni edad; como tampoco toma en cuenta si somos fifís o parte de la 4T. Por lo tanto, dejará sentir su impacto en la salud de muchos de nuestros conciudadanos. Hace apenas unos días se informaba a través de los medios que una línea aérea de nuestro país se encuentra en apuros debido al impacto del covid en la tripulación de los aviones. Este hecho no solamente acumuló retrasos en los viajes sino que, además, provocó cancelaciones que seguramente impactarán la situación económica de la empresa.

Afortunadamente, la campaña de reforzamiento de vacunas en la población de mayor riesgo ha empezado en varias partes de la república, pero quizás llegue tarde frente a la alta capacidad contagiosa de esta versión del virus. Por otro lado, las vacaciones de fin de año están cobrando sus propias víctimas en tanto que se relajaron las medidas de distanciamiento social.

Es verdad que en las distintas regiones del país la situación es algo distinta a lo que ocurre en el centro de la república. Algunas entidades transitan esta situación de emergencia sanitaria sin mayores contratiempos y quizás las cosas han vuelto a la “normalidad”. Sin embargo, en aquellos lugares de mayor densidad poblacional habrá necesariamente un impacto con un incremento en los contagios y no parece que habrá más muertes que en etapas previas, lo cual a estas alturas resulta una bendición.

En el caso de Veracruz, por ejemplo, el año nuevo no solamente nos trae malas noticias en términos sanitarios debido al impacto del covid19 sino que, además, se añade un clima de violencia que en los últimos días se ha materializado en la ejecución de una veintena de personas, mismas que han sido exhibidas desparramando sus cuerpos en algunos lugares visibles de la geografía veracruzana. Ni las fuerzas federales, ni mucho menos las estatales y municipales parecen actuar con atingencia frente a los hechos. Peor aún, el gobierno estatal se escuda en el hecho de que le dejaron un tiradero las pasadas administraciones y, en los casos de marras, se trata de ajustes de cuentas entre bandas criminales; tratando de minimizar el desafío que tienen enfrente y que no han podido atender de manera eficiente, sobre todo ofreciendo un entorno de mayor seguridad para la población.

Aunque el gobierno de Veracruz, sobre todo a raíz de las acciones de la Fiscalía General del Estado, ha presentado en calidad de detenidos a unos presuntos responsables de la matanza ocurrida en el sur de la entidad, el hecho mismo no deja de ser preocupante en la medida en que significa una afrenta para las instituciones de seguridad o acaso un mensaje directo a las recientes autoridades electas y que empiezan a tomar las riendas de sus administraciones locales.

A propósito y como ya es costumbre, las nuevas administraciones municipales que apenas comienzan denuncian una serie de latrocinios cometidos por funcionarios de los gobiernos previos. Ya no se trata solamente de malas administraciones, sino de verdaderos actos de rapiña porque, tal y como se ha denunciado, no solamente las arcas quedaron vacías, pues el hurto implicó en algunos casos el saqueo de mobiliario y equipo. Esta, también, es una malísima noticia para la ciudadanía porque sufrirá las consecuencia de todo esto, sea a través de una nula atención o un encarecimiento de los servicios.

En este sentido, el gobierno de Veracruz está instrumentando medidas a fin de ajustar su presupuesto y acopiar más recursos de los contribuyentes. En el primer caso, ha emprendido recortes en diferentes áreas por el orden de los 8 mil millones de pesos, cosa que afectará principalmente a los organismos autónomos, la propia Universidad Veracruzana (en términos reales, la principal institución educativa de Veracruz será afectada con 175 millones menos que el año anterior) y en menor grado a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, no se verán afectados ni el poder ejecutivo, ni el judicial; los cuales tendrán incrementos de poco más del 3% el primero y más de 15% el segundo.

Por otra parte, el gobierno estatal también debe afrontar los compromisos financieros propios y de otras administraciones previas. Esto, desde luego, afecta el funcionamiento del gobierno en algunas áreas sino, principalmente, se encuentra incapacitado para atender adecuadamente sus funciones, en particular la provisión de servicios diversos. En efecto, los créditos que han venido adquiriendo los sucesivos gobiernos y que ha operado sin control alguno al menos desde el gobierno de Miguel Alemán, es una de los principales obstáculos para el desarrollo de Veracruz. En este año, más del 10% del presupuesto se destinará al pago de la deuda que el gobierno de Veracruz tiene contratada con diversos organismos financieros.

Ante tal escenario, no es ninguna novedad que las autoridades veracruzanas busquen obtener los recursos de donde se pueda. Una de las vías es la implantación de nuevos impuestos o el incremento en los existentes. Otra de ellas es el aumento en la tarifas y cobros por los servicios que brinda el gobierno. No es ninguna novedad que esto ocurra, todos los gobiernos se sostienen a partir de lo que recaudan vía impuestos y cobros de tarifas y/o servicios otorgados por las instituciones públicas.

En este sentido, cabe apuntar que el gobierno de Veracruz pretende aplicar mediante un esquema un tanto bizarro el canje de placas que, en algunos casos resulta opcional, en otros obligatorio. Además de esto, de acuerdo con el decreto publicado el 28 de diciembre de 2021 en la Gaceta Oficial, se pretende otorgar supuestos “beneficios” a quienes decidan “voluntariamente” acceder al canje de placas. Por otra parte, el decreto implica estar al corriente de las verificaciones vehiculares para poder obtener un subsidio del 100% en el pago de derechos de la tenencia.

Ignoro si el hecho de que el decreto se haya publicado el día de los inocentes sea una mala broma para los contribuyentes, pero lo cierto es que tanto las oficinas de Hacienda del Estado, como la Oficina Virtual, ya están preparadas para recibir a los “ansiosos” ciudadanos responsables por pagar sus cuotas al gobierno.

Es obvio que la medida sobre todo está dirigida a combatir la morosidad o la falta de pago de las contribuciones porque se enfoca en “regularizar” la situación de quienes todavía conservan placas desde 2017 y años anteriores. Además, se trata de obligar a los contribuyentes a pagar la verificación vehicular, cosa que en Veracruz ha tenido un comportamiento irregular que no solamente es atribuible a la displicencia ciudadana, sino también a la corrupción prohijada por las autoridades y los propietarios de los centros de verificación.

El gobierno de Veracruz caba la tumba de la 4T no solamente al traicionar los principios de su guía moral, el presidente de la república, quien desde la campaña y ahora que está en funciones, ha sido enfático en que no se cobrarían más impuestos. Pero el gobierno de Veracruz ya está blandiendo la espada flamígera por dos vías, los recortes presupuestales y el incremento de los impuestos. En el contexto de la revocación del mandato y de una sucesión adelantada resulta a todas luces temerarias las decisiones que ahora aplica el gobierno veracruzano del morenista, Cuitláhuac García, porque algún costo político habrán de pagar frente a las medidas que ahora se toman. Pero más allá de esto, no puede ocultarse que el no robar será letra muerta si los excesos de las administraciones locales se dejan en la impunidad; tampoco será creíble un gobierno que encubre con supuestos “beneficios” el incremento en los impuestos, lo que a su vez configura una alevosa traición al pueblo que dicen proteger y que los llevó al poder.