Del tiranicidio a la revocación de mandato
Las opiniones vertidas en los últimos meses sobre la ya aprobada ley federal de Revocación de Mandato han sido diversas y contradictorias, como no podía ser menos en un país plural como México. La historia enseña sobre las perpetuaciones y quiebres en el ejercicio del poder, algunos de ellos violentos. Estos hechos, en la actualidad, procuran eliminarse en los países a través de la ley. Es por tal motivo, que guste o no el fondo de dicha ley mexicana, lo que siempre será problemático es su articulación y puesta en práctica.
Seguramente es el tiranicidio o regicidio el más conocido de esos precedentes históricos y que tienen un largo aliento, en especial, en la historia europea. Desde la Grecia Clásica hasta el inicio de la Edad Contemporánea, los casos son numerosos. Incluso en años recientes se produjeron destituciones tan violentas como la del que fuera presidente de Rumanía entre 1967 y 1989: Nicolae Ceaușescu. Otro caso fue el de Muamar el Gadafi, presidente y autodenominado líder de la Revolución de Libia entre 1969 y 2011, quien fue capturado y ejecutado en octubre del año 2011 por fuerzas opositoras a su régimen político.
A estos ejemplos, cercanos en el tiempo, les anteceden hitos históricos tan relevantes para la construcción de los actuales Estados modernos, y de los sistemas democráticos de gobierno, como los regicidios del monarca inglés, Carlos I, en 1649, o el de Luis XVI en Francia al inicio del año 1793. En el primer caso, el poder del parlamento inglés se impuso a la figura del monarca absoluto hasta condenarlo a muerte. Ello se logró a través de un juicio público donde la institución representativa del pueblo inglés que tenía derechos políticos entonces, ya que no todos los habitantes los poseían, se antepuso a la del monarca. Este caso abrió el camino a la caída de las monarquías absolutas, al menos en Gran Bretaña, e instauró, y consolidó con posterioridad, el modelo de monarquía parlamentaria en la que el rey reina, pero no gobierna.
El segundo caso histórico muy conocido, e invocado contra la tiranía, es el juicio llevado a cabo contra el rey francés durante la Revolución francesa iniciada en 1789. La sentencia contra el monarca lo llevó al patíbulo el 21 de enero de 1793. Otra forma de invocar al pueblo sentenciador, distinta de la inglesa, puesto que no existía con anterioridad a la Revolución francesa un parlamento similar al inglés. Al mismo tiempo se puso en entredicho la institución de la monarquía en beneficio de la que sería, con distintos intervalos políticos, la consolidada República francesa. Un ejemplo para cimentar este sistema político en ciertos nuevos Estados.
Los anteriores hechos históricos exponen, en algunos casos, la sustitución de conflictos de largo aliento, donde se incluyen guerras internas o civiles, por formas de derrocamiento de la persona que ostentaba el máximo poder ejecutivo. De ahí que ciertos Estados modernos incluyan en sus legislaciones modalidades para llevar a cabo ese derrocamiento o reemplazo de las cabezas del poder político. Como se observa, la existencia de esa posibilidad no es extraña y tampoco ajena al mundo contemporáneo, sin embargo, los intereses que mueven la revocación y la forma de llevarse a cabo siempre serán, en todos los países, problemáticos. Una interpelación para los analistas del presente y para los historiadores del futuro.
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