No se calla la verdad matando periodistas

Foto: Archivo

Nueve periodistas han sido asesinados en México hasta la fecha, según reporta la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los dos últimos fueron Fredy López Arévalo, ultimado el 28 de octubre en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y Alfredo Cardoso Echeverría, asesinado en Guerrero.

Cuando una persona que tiene como actividad principal o que dedica parte de su tiempo a informar es asesinada, evidentemente que las líneas de investigación que deben abordarse y aclararse son las relacionadas con su ocupación. Por eso, las investigaciones criminales deben llevarse a cabo de acuerdo con los estándares internacionales, y deben ser de forma completa, efectiva e imparcial como ha solicitado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su comunicado R290/21. Deben, además, realizarse de manera pronta, exhaustiva y profesional.

Los asesinatos de periodistas ofenden y afectan a diferentes sectores.  La familia, resulta afectada en virtud de la relación familiar y es quien resiente directamente la pérdida, la víctima deja esposa o esposo, hijos o hijas que no contarán ya con su afecto y que dependen económicamente del o la periodista.

El gremio de periodistas o trabajadores de los medios de comunicación en general, resultan también afectados directamente, puesto que el asesinato de un o una periodista representa un mensaje para toda persona con igual ocupación y podría resultar en inhibición para criticar o abordar ciertos temas.

La sociedad también resulta afectada, toda vez que el oficio periodístico, además de representar libertad de expresión, tiene como finalidad la de informar a la sociedad. Esta última se beneficia de los aportes informativos para analizar y tomar decisiones en el marco de una sociedad democrática.

Es por todo ello que los crímenes de periodistas no deben quedar impunes. La impunidad envía un triste mensaje, y este es que se puede seguir atentando contra periodistas sin consecuencias legales. Cualquiera que sea la razón por la cual se priva de la vida a un periodista, el Estado no puede desentenderse de su responsabilidad de investigar diligentemente los hechos y ofrecer explicaciones creíbles y sustentadas de los hechos.

Para todos los casos de asesinatos de periodistas, el Estado debe generar un fondo económico para apoyar a la familia afectada. Debe tenerse en cuenta que el periodismo es de los oficios con menos ventajas laborales y remuneración, y que las circunstancias en que son privados de la vida son inesperadas, violentas, arbitrarias y trágicas.

El gremio de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación debe tomar consciencia de la importancia de organizarse, reclamar justicia en todos los casos y analizar el contexto y circunstancias en que se ejerce el oficio. Deben dar seguimiento puntual a las investigaciones y resultados que arrojen, puesto que de ello depende la seguridad de todas y todos. En cada lugar y contexto en que se ejerce el periodismo, debe plantearse a los representantes del Estado, las condiciones y medidas necesarias para garantizar un ambiente propicio para desempeñar el oficio. Ello requiere organización y coordinación entre quienes integran el gremio, cuestión que no es fácil; sin embargo, más allá de sus diferencias particulares, estos temas son comunes y pretenden seguridad para todas y todos.

La sociedad debe cuidar a sus informantes. Sin ellos se demeritarían nuestras condiciones para participar en la vida pública y en la toma de decisiones políticas importantes. Nos corresponde participar para conseguir ese ambiente seguro y propicio para el ejercicio de la libertad de expresión e información. Nos corresponde también exigir la creación de mecanismos efectivos y eficaces para proteger a periodistas, prevenir e investigar los hechos que atentan contra ellos o ellas, así como de mecanismos eficaces e imparciales para sancionar a los responsables.